La mesa directiva de la Convención Constitucional informó el cómputo final de las propuestas de norma constitucionales, entre las ingresadas por los constituyentes y las que fueron votadas a través de la plataforma popular, las cuales superan las 1.200 en total.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]Según detalló la presidenta del organismo, María Elisa Quinteros, son 940 iniciativas presentadas por convencionales; 78 las seleccionadas iniciativas populares de norma votadas por la ciudadanía, y 248 ingresadas por los pueblos originarios, lo que da un total de 1.266 propuestas de norma constitucional.
Estas normas ingresadas a tramitación deberán ser discutidas y votadas en los próximos tres meses, primero en particular en las comisiones correspondientes -de acuerdo a la naturaleza de la propuesta- y luego en la Sala de la Convención.
Aunque en general se ha valorado en el órgano constituyente el avance en los trabajos, existe la incertidumbre sobre los pocos meses que quedan por terminar y los muchos temas que quedan aún por discutir. Debido a esto, varios constituyentes han planteado la opción de solicitar una extensión de plazo en el Congreso.
Sin embargo, Bárbara Sepúlveda, vicepresidenta adjunta de la convención, cerró ayer la puerta a la opción de pedir una ampliación: “Yo sé que hay varias especulaciones sobre extensiones de plazo. Eso para nosotros no es una posibilidad; la mesa no lo ha discutido y, por lo tanto, el llamado también es a ajustarse a este cronograma, respetarlo y, por cierto, todos los convencionales están en consciencia de esta situación”, precisó la militante comunista.
En cuanto a los avances de esta jornada, la Comisión de Sistemas de Justicia aprobó en general una iniciativa popular de norma presentada por Doris Aguilera, presidenta de la comunidad aymara “Talbatangana”, que busca crear tribunales de los Pueblos Indígenas.
La propuesta establece que se instalaría un tribunal en cada región en que existen territorios indígenas y que cada corte estaría integrada por cinco personas especializadas en derecho indígena y cosmovisión de los pueblos.
Christian Viera, uno de los coordinadores de la comisión, explicó que la iniciativa es complementaria con el proyecto de pluralismo jurídico que visó la instancia la semana pasada y que aborda la justicia intercultural.
“Como iniciativas populares, estas son las primeras que son aprobadas en general y vienen a complementar lo que ya habíamos decidido: que exista jurisdicción especial para pueblos indígenas. La reglas de competencia, el detalle de cuál es el tribunal concreto sobre la materia en concreto que va a conocer, es algo que deberá definir en el futuro el legislador”, declaró el abogado frenteamplista.
Medio ambiente
Después de un cuestionado desempeño en las últimas dos semanas, el coordinador de la Comisión de Medio Ambiente, Juan José Martin, sostuvo: “decidimos respetar el plazo del 1 de febrero y no crear bloques anteriores para dificultar el ingreso de estas normas, lo que significa que las normas que fuimos discutiendo hasta ahora fueron en orden de ingreso”.
En cuanto a la propuesta que elimina los derechos de agua como los conocemos hoy, la también coordinadora Camila Zárate indicó que esta es una de varias que aborda esta temática, y en este caso particular, “tiene que ver con cómo vamos cambiando la categoría jurídica, pero no necesariamente cómo se está diciendo: que si alguien se queda sin derecho de agua, se queda sin agua”.
“La relación que se está haciendo es un poco maliciosa, porque esto tiene que ver con la figura del derecho de aprovechamiento, que es un derecho privado que permite transarlo en el mercado, y que ahora tendría otra forma de entrega por parte del Estado, a través de una autorización que va a ser revocable y que va a tener que cumplir con ciertas prioridades de uso”, explicó.
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