Actualmente, cinco importantes cargos se están concursando en la región vía Sistema de Alta Dirección Pública (SADP).
Se trata de la dirección ejecutiva del Servicio local de Educación Pública de Diguillín; y las direcciones regionales de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Instituto de Previsión Social (IPS), Servicio Nacional de Patrimonio Cultural e Instituto Nacional del Deporte.
Sin duda, la elección de estos cargos con un alto grado de componente técnico ha significado un avance en todo el país, no obstante, en algunos casos sigue primando el criterio político a la hora de definir entre aquellos candidatos(as) que llegan a la terna final, que propone el Servicio de Alta Dirección Pública.
Una situación que en el caso de la Región de Ñuble, se entrelaza con la escasez de capital humano y las deudas derivadas de la instalación, que en muchos casos, ha mantenido a algunos servicios con la misma dotación de cuando éramos provincia, y no ha cumplido con el compromiso de extender la atención del Estado hacia las provincias.
Desde el Gobierno Regional, el gobernador, Óscar Crisóstomo, hace un análisis crítico respecto de la instalación de la región, el desarrollo de las provincias y su conformación político administrativa, ya que aún hay compromisos pendientes.
“Es urgente la expansión de los servicios públicos en el territorio, sobre todo, de aquellos que responden a las necesidades prioritarias: no todo puede concentrarse en Chillán, sino más bien, fortalecer las provincias y su desarrollo, evitando que nuestros vecinos tengan que viajar para hacer sus trámites o esperar solución, dependiendo del escaso personal que aún existe en algunas reparticiones públicas”, mencionó.
También es claro, dijo, “que la solución no solo pasa por el aumento de funcionarios, porque en muchas ocasiones es más relevante la capacidad de gestión. Existen ministerios en Ñuble, que sin tener una gran expansión, logran ejecutar todo su presupuesto, mientras existen otros, que aún devuelven parte de los recursos al finalizar el año, lo que es una señal clara de ineficiencia que obliga a corregir el rumbo”.
Si bien ha habido avances en carteras como el MOP, que hace poco anunció una oficina de Vialidad en la Provincia de Punilla (San Carlos), según la autoridad, aún hay deudas.
“Es urgente avanzar más rápido en la instalación de servicios como Vialidad y Obras Públicas en general; también Salud, sobre todo en el fortalecimiento de la red asistencial y la capacidad de atención en el territorio; o Vivienda, para avanzar en la construcción de soluciones habitacionales en todas las comunas que lo requieren. En general, todos aquellos servicios que facilitan la vida de las personas y que evitan escenarios graves, como por ejemplo, la falta de conectividad vial en situaciones de emergencia o que fortalecen los servicios que permiten resolver trámites relevantes sin tener la necesidad de acercarse a la capital regional”, afirmó Crisóstomo.
Respecto de si una mayor presencia de los servicios en el territorio, sumado a la elección de los directivos vía Alta Dirección Pública, favorece la concreción de las políticas públicas en la región; el gobernador planteó que “indudablemente contar con todos los servicios operativos es el primer paso para que las políticas públicas se concreten, y en eso, el Sistema de Alta Dirección Pública es un aporte, porque tiende a asegurar el funcionamiento del Estado más allá de las administraciones de turno, al menos es su definición en esencia. Lo que hemos visto en la práctica, es que se trata de un sistema que en general asegura procesos técnicos competentes; y en lo personal, esperaría mayor rapidez en la provisión de los cargos, comprendiendo que esto es el punto de partida para la instalación de muchos servicios que resultan claves de implementar para asegurar un mayor desarrollo en la región”.
El lado político del SADP
En el marco de la campaña de movilización ascendente para consolidar administrativamente los órganos de la administración pública de la región de Ñuble, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), ha cifrado el déficit de funcionarios en el territorio en cerca de mil quinientos trabajadores.
“Esto implica e incluye la instalación de los servicios públicos de las tres provincias, los cuales a la fecha prácticamente no existen, salvo avances que hay de dos o tres servicios de carácter, digamos, comunal, debiendo ser provincial, en la provincia de Punilla. Ahí es donde vemos un poco más de avance”, comentó la presidenta regional de la agrupación, María Elena Hellman.
En relación a los cargos vía ADP, dijo, “todos aquellos que corresponden hasta el cuarto grado del nivel jerárquico deberían ser concursables por ADP, salvo algunas excepciones que aún se contemplan, los denominados cargos de confianza. Pero se ha ido cada vez más avanzando en que todos estos niveles directivos de cuarto grado, sean de ahí hacia arriba elegidos por Alta Dirección Pública dentro de los servicios”.
En Ñuble, afirmó, “efectivamente hay una deuda importante respecto de este llamado a concurso de varios de los servicios. Los que hoy día están convocando, que creo que son cinco, son aquellos que ya hace bastante rato están esperando un titular, y en otros casos, justamente llamar al concurso. Ahora nosotros, en lo particular, tenemos críticas también respecto de lo que significa hoy día la Alta Dirección Pública, que lamentablemente, habiendo sido una buena idea, se convirtió al pasar los años en una herramienta más bien política que técnica, que llevó en definitiva a consolidar la costumbre de que de la terna o la quina que llegaba a la Presidencia de la República se promovía a la persona, no aquella que estuviera en primer o segundo lugar necesariamente, sino que aquella que contara con la mayor confianza política. Entonces, al final de cuentas, esta herramienta vino nuevamente a distorsionar el espíritu que tenía, que era nombrar en los cargos de nivel superior a las personas más idóneas tanto en lo técnico, como también en su conducta y en sus valores. Al final, se ha convertido en una herramienta de nombramiento más bien de cargos de confianza política de los gobiernos de turno que otra cosa”, manifestó.
Para la ANEF, el tema de la deuda que se mantiene con la región en cuanto a instalación, “es grande”, sostuvo Hellman.
“Hemos ido avanzando en este gobierno por la movilización ascendente, hemos logrado constituir una mesa técnica liderada por la subsecretaria de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior y por la Dipres, donde logramos avanzar el año pasado en una cantidad de cupos que obtuvimos después de realizar tres acciones de fuerza sindical, como fueron algunas paralizaciones”, expresó.
Se trata de 147 cupos, “que en teoría, nos habrían favorecido para el primer semestre de este año. Lamentablemente, a la fecha, de esos 147 cupos solamente hemos llegado al 32% de instalación, considerando que el déficit de la dotación supera, como ya señalé, los 1.500 funcionarios. Ahora, la Dipres por supuesto discrepa con nosotros de esta cifra, que está basada en un estudio que se hizo el 2014 de la Universidad de Concepción, y que hoy día, actualizándolo, llegamos a la cifra que estamos señalando. La Dipres nos ha comparado con otra región como la de los Ríos, que en realidad tiene parámetros bastante diferentes, solo cuenta con 12 comunas, dos provincias y 100 mil habitantes menos que nosotros, por lo tanto, la comparación tiene ahí sus bemoles. Aún así, con la primera comparación que hemos hecho con la Región de Ñuble, arroja una diferencia a la fecha de 700 personas a favor nuestro, es decir, que a nosotros nos están faltando”, afirmó María Elena Hellman.
Sobre los puntos críticos en cuanto a dotación, precisó que “hemos seguido con la dotación de la provincia, salvo excepciones, y los déficit mayores están en el Ministerio de Educación en la región, en sus diversos servicios; en la Seremi de Salud, y también tenemos un importante déficit en agricultura, en el Ministerio de Agricultura, en sus servicios principalmente, como el SAG, y en el Ministerio de Justicia, donde también tenemos déficit importantes a niveles provinciales de la Corporación de Asistencia Judicial, más bien en cuanto a implementación e infraestructura. En ese sentido, creemos que todavía hay una deuda importante en la gran mayoría de los servicios públicos, y por eso continuamos este año con la movilización ascendente, a la espera de los resultados del estudio de brecha de la Dipres, que tendría que tenerlo a más tardar en el mes de julio, para que se nos permita, a través de los resultados de ese estudio, avanzar en la ley de Presupuesto 2025, en la contratación de la dotación faltante”, manifestó.
Variable de género
Según el Doctor en Administración y Política Pública, Cristian Quiroz, “el sistema de Alta Dirección Pública en nuestro país, y particularmente en nuestra región, claramente ha sido una contribución para poder reclutar y seleccionar personas con perfiles técnicos que puedan compatibilizar la competencia precisamente técnica con la confianza política para poder implementar las políticas públicas derivadas de las estrategias definidas por el gobierno en un momento determinado, y que en particular, en muchas ocasiones, tienen una proyección también de Estado”.
Sin embargo, advirtió, “en el caso de nuestra región, hay a lo menos dos déficit importantes que tienen que ver, uno, con el término de la instalación de la región en términos de la dotación de personas. Claramente, aún la mayoría de los servicios públicos tienen un déficit de personal, son personas que están desarrollando múltiples tareas, pero son los mismos equipos o con un crecimiento muy limitado respecto de cuando éramos provincia. Por tanto, ese es un desafío. Y sumado al anterior, la necesidad también de capital humano avanzado, y eso tiene que ver con, por un lado, la atracción de capital humano, y por otro lado, la mantención en términos de que nuestro capital humano avanzado no emigre de la región por las diversas condiciones de infraestructura o de remuneraciones que la región ofrece”.
En ese sentido, sostuvo, “es necesario no solamente dotar de este capital humano avanzado, que lo pudiésemos entender por los y las directivas públicas seleccionadas por el SADP, sino que también puedan contar con los equipos asociados para desarrollar adecuadamente su gestión. Porque, de lo contrario, se puede generar una frustración, por no contar con sus equipos. Por otro lado, la validación de esos equipos, al no poder cumplir con las tareas, pueden asociarlo al tipo de liderazgo. Y, por otro lado, en la opinión pública, en la comunidad, ver un mayor gasto con los incentivos asociados al pago de la Alta Dirección Pública, sin observar los resultados. Ahí, creo, otro elemento importante se expresa también en nuestra región, y es un fenómeno del país, que tiene que ver con la variable de género. Se estima que solo un cuarto de mujeres postula a los cargos de Alta Dirección Pública, y los otros tres cuartos son varones. Ahí hay un tema de inequidad. Y a la mayoría de los cargos públicos del SADP, en donde postulan mujeres, son precisamente aquellos asociados tradicionalmente a los cuidados. En el ámbito de la salud, en el ámbito de la infancia, la educación. Y creo que eso es un tema también que debemos ser capaces de ir avanzando, considerando que en nuestra región hay centros formadores, universidades y personas en los cuales se puede hacer un énfasis relevante en la formación, por un lado, y en la promoción también de un criterio de equidad de género para acceder a los cargos directivos”
