Señor Director:
La tragedia en Calama, donde una inspectora perdió la vida a manos de un alumno, es reflejo de una crisis que ya no es solo escolar, sino estructural. Los datos de la Encuesta Bicentenario UC son elocuentes: mientras la percepción de inseguridad y la desconfianza en el otro alcanzan niveles críticos, la sociedad pide orden, pero se siente cada vez más fragmentada y huérfana de vínculos comunitarios.
Pretender resolver la violencia escolar con más burocracia —las más de 2.900 exigencias normativas que hoy asfixian a los directores— es como intentar contener una inundación con un reglamento. Se requieren soluciones de fondo.
Primero, articulación público-privada. El Estado no puede, ni debe, hacerlo solo. La convivencia es un bien público que exige el compromiso activo de la sociedad civil y del sector privado. No basta con financiar infraestructura; también es clave impulsar entornos de mentoría y programas que devuelvan sentido de futuro a los jóvenes.
Segundo, pasar del control al rol. La solución no es convertir el colegio en una cárcel con cámaras y pórticos, sino devolver al adulto su papel de figura significativa. Hoy el sistema gasta más energía en fiscalizar que en formar.
Y tercero, corresponsabilidad y esperanza. La paz escolar no es ausencia de conflicto, sino presencia de una comunidad que sabe cuidarse.
Es hora de que Estado y sociedad civil asuman ese pacto en el corazón de cada establecimiento. Porque donde no hay vínculo, ninguna ley alcanza.
Alejandra Grebe
Directora ejecutiva Fundación MC
