Hasta el 31 de enero todas las entidades que contaron con 100 o más trabajadores durante el 2019, deberán efectuar una comunicación electrónica ante la Dirección del Trabajo dando cuenta del cumplimiento de la Ley 21.015 que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral.
Según el informe de la Dirección del Trabajo, “esta cuota de contratación se puede cumplir de manera directa, contratando personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez, o a través de alguna de las modalidades de cumplimiento alternativo dispuestas en la ley”, es decir, si la empresa cuenta con más de 100 trabajadores, el 1% de los puestos de trabajo, debe ser reservado para personas de esta condicióne, sin embargo, sólo el 24% de ellas lo ha acatado a nivel nacional, según datos de la Dirección del Trabajo.
Nueva Constitución
Uno de los importantes desafíos país, es lograr la inclusión laboral con foco en la discapacidad, y es cuando una nueva Constitución surge como la herramienta que puede generar el necesario salto en esa dirección.
En Chile hay más de 2.600.000 personas en esta condición, y pese a que la Ley 21.015 tenía como meta 25 mil nuevos empleos para el sector, según cifras de la Dirección del Trabajo, sólo se han alcanzado 9.157.
En tanto, de las 7 mil empresas que tenían la obligación de contratar a un 1% de personas con discapacidad, sólo lo han hecho 1.700.
“La inclusión laboral de las personas con discapacidad ha estado lejos de estar en la agenda pública, incluso durante esta pandemia. No podemos olvidar que tenemos una deuda social inmensa, que impide el desarrollo en igualdad de oportunidades de este grupo de personas. La falta de políticas integrales del Estado, con participación de todos, ha provocado una gran brecha social que abarca el derecho al trabajo, el acceso a la educación y la accesibilidad, entre otros puntos, tareas que debemos asumir como prioritarias a la brevedad”, sostuvo la presidenta de Fundación Tacal, Andrea Zondek.
Lo anterior también fue abordado en un reciente estudio de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FChD), que determinó que la marginalidad e invisibilidad son las temáticas que sí o sí deben ser abordadas en la futura Constitución.
Efectivamente, la entidad dio a conocer un completo informe de las problemáticas a resolver en Chile , siendo la nueva Constitución el primer paso para terminar con la discriminación y crear nuevos espacios de inclusión.
El profesional del área de Estudios y Publicaciones de la FChD, Francisco Henríquez, explicó que este trabajo incluyo análisis comparativo y empírico de otras constituciones que consideran el resguardo de las personas con discapacidad. “También nos basamos en documentos chilenos, como la sistematización de los encuentros ciudadanos realizados por Senadis y por nosotros, por ejemplo”.
Henríquez explicó que las claves para entender este estudio son las once dimensiones que emergieron como propuesta constitucional, dentro de las que destaca en primer orden la condición de dignidad humana, o sea entender el espíritu del enfoque de derecho: toda persona nace libre e igual tanto en dignidad como en derecho. Después, la toma de conciencia, que refiere a la sensibilización de la sociedad y a nivel familar, para tomar una mayor conciencia, fomentar sus derechos y favorecer la inclusión.
Texto: Javier Ochoa
