Los malos olores que cada verano vuelven a instalarse sobre Chillán y Chillán Viejo no son un hecho anecdótico ni una simple molestia pasajera. Constituyen, más bien, una señal persistente de una deuda ambiental que la intercomuna arrastra desde hace décadas y que, pese a fiscalizaciones, sanciones y diagnósticos conocidos, aún no encuentra una solución de fondo.
El episodio del pasado domingo, descrito por vecinos como uno de los más intensos de los últimos años, volvió a poner en evidencia una realidad que afecta directamente la calidad de vida de miles de personas. A diferencia de otros problemas ambientales, como el humo invernal, los malos olores no se ven, pero se sienten. Invaden hogares, interrumpen el descanso, obligan a cerrar ventanas en plena ola de calor y generan una sensación de abandono que va más allá de lo sensorial. Cuando una ciudad se vuelve inhabitable durante horas, incluso días, por razones que se repiten año tras año, el problema deja de ser circunstancial y pasa a ser estructural.
Las denuncias ciudadanas apuntan, a recintos conocidos. No se trata, por tanto, de una sospecha infundada ni de una reacción exagerada de la comunidad, sino de antecedentes objetivos que confirman falencias graves en la gestión ambiental de determinadas actividades productivas.
Es la carga que se impone a la ciudadanía para demostrar lo que las autoridades y las empresas deberían prevenir. Cuando son los propios habitantes quienes deben salir a constatar en terreno el origen de los olores, algo no está funcionando correctamente en el sistema de control.
Desde el Ministerio del Medio Ambiente y la Seremi regional se reconoce que los olores molestos son una problemática ambiental relevante, y se destaca la existencia de una Estrategia Nacional para su Gestión. Asimismo, la SMA exhibe cifras significativas de denuncias, fiscalizaciones y procesos sancionatorios en la Región de Ñuble. Sin embargo, los números, por sí solos, no neutralizan el hedor que se cuela por las noches ni restauran la confianza de la comunidad.
Aquí surge una pregunta inevitable: si existe normativa, fiscalización y sanciones, ¿por qué el problema persiste? La respuesta obliga a revisar no solo el cumplimiento formal de las reglas, sino también su efectividad real. Tal vez la legislación vigente no está logrando disuadir conductas negligentes, o las sanciones resultan insuficientes frente al beneficio económico de seguir operando de la misma manera. Tal vez los tiempos de respuesta son demasiado lentos para una afectación que es inmediata y reiterada.
Chillán y Chillán Viejo no pueden resignarse a convivir con los malos olores como si fueran parte del paisaje estival. El desarrollo productivo es necesario, pero no puede sostenerse a costa del bienestar de la población. Es momento de que las autoridades, a nivel regional y nacional, evalúen seriamente si el marco regulatorio actual cumple con su espíritu protector y, de no ser así, se atrevan a revisarlo y fortalecerlo. Porque respirar aire limpio no debería ser un privilegio, sino un derecho básico para todos.
