La comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados inició el pasado martes la tramitación de un nuevo paquete de proyectos para concretar un nuevo retiro de fondos previsionales.
Y si bien es considerada una mala medida desde la perspectiva previsional, porque finalmente es echar mano a los ahorros para la vejez, es además una mala política que golpearía a nuestra economía. Los tres retiros que se aprobaron durante la pandemia del covid-19 alcanzaron a 50.000 millones de dólares, inyectando una liquidez histórica a los bolsillos de los chilenos y chilenas, que desataron un boom de consumo y prolongados efectos inflacionarios que aún estamos sufriendo.
Pese a ello, siguen apareciendo propuestas en esta dirección y legisladores que las impulsan. De hecho, esta vez no hay un proyecto, sino cuatro, de diferentes autores, y por lo mismo el primer acuerdo de la Comisión de Constitución de la Cámara fue fusionarlos en una sola iniciativa, cuyo exclusivo fin es un nuevo retiro de fondos previsionales, de modo que se descartaron del debate propuestas como la del autopréstamo.
Cuesta entender que todavía queden parlamentarios y parlamentarias empecinadas en aprobar un nuevo retiro de los fondos de pensiones, omitiendo por completo los fundamentos técnicos y las advertencias del Banco Central, de destacados economistas y del Gobierno sobre los negativos efectos que causaría esta medida.
¿Voluntarismo? ¿Ignorancia? ¿Populismo?
Probablemente, la respuesta correcta sea una combinación de los tres.
Hay algunos ingenuos que tienen buenas intenciones y de manera irreflexiva adhieren a esta “mala idea” para ayudar a familias que necesitan recursos frescos; pero es indudable que para la mayoría de los parlamentarios que hoy la apoyan, la motivación es congraciarse con la opinión pública, en medio de la incertidumbre y el diálogo de sordos entre el Gobierno y la oposición por una reforma que asegure pensiones dignas.
En efecto. Pese a los esfuerzos por mejorar los montos en los segmentos vulnerables a través de aportes del Estado, en la práctica, por distintas razones, el modelo de AFP no ha sido capaz de cumplir el objetivo por el cual fue concebido.
Si a ello se suma la férrea resistencia a la solidaridad por parte de sus defensores, no debe extrañar que la génesis de estas iniciativas se explique también por el interés de algunos sectores por demoler el sistema.
Cuando se gobierna y legisla primando el bien común, se realizan acuerdos consensuados entre los diferentes sectores políticos, se siguen las recomendaciones de los técnicos y de los centros de estudios, y en el caso de medidas políticas, se toma en cuenta la experiencia anterior para resolver si se trata de la mejor opción.
Nada de aquello aplica a este proyecto del séptimo retiro de los fondos de pensiones que traerá en lo inmediato alivio para algunos bolsillos -muchos menos que los retiros precedentes- pero producirá en el mediano plazo pensiones a la baja y aumento en el costo de la vida, todo lo contrario a lo que deberían impulsar algunos legisladores que se han extraviado en su rol de buscar el bien común.
