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En el ámbito de la política, las encuestas adquieren especial repercusión en procesos electorales, dado que son percibidas como un anticipo de lo que puede suceder. De hecho, las que son confeccionadas con rigor profesional pueden ser una buena fotografía de un determinado momento del estado de la opinión pública.
Sin embargo, la senda hacia la predicción certera está sembrada de desvíos peligrosos. Uno de ellos es que vivimos en una época donde hay una legión de indecisos, y este fin de semana más aún, debido al voto obligatorio. Otro, es que muchas veces no contestamos la verdadera intención que tenemos de votar, sino aquello que nos hace quedar bien. Sesgo de “deseabilidad social” se le denomina. Y también puede suceder que la cantidad de personas que integran la muestra o su diseño no sean correctos. De eso hay mucho.
Y si a esto se le agrega, como afirma el escritor catalán Manuel Alfonseca que “tenemos una tendencia natural a aceptar los números que coinciden con lo que creemos cierto”, lo que debería sorprendernos no es que las encuestas fallen, sino que acierten.
Con un poco de humor hasta podría celebrarse que lo azaroso de este tipo de estudios ayuda a conservar el misterio de las elecciones. Pero el asunto no es tan banal, porque los pronósticos (correctos o incorrectos) influyen en el ánimo de los votantes y por tanto, los responsables de estudios de opinión pública deberían velar por cumplir su trabajo éticamente y con el mayor profesionalismo posible, al tiempo que los candidatos y candidatas y partidos políticos deberían hacer públicos sus vínculos con las consultoras y abstenerse de usar esos trabajos para fines proselitistas.
De hecho, cuando las encuestas son utilizadas para hacer acción psicológica, se alejan del rigor científico para transformarse en instrumentos de campaña y de manipulación.
Este último juicio es el que pesa sobre varias de los estudios de opinión que se han difundido localmente en las últimas semanas, con resultados muy diferentes, según el candidato o sector político que lo promueve.
Según establece la legislación chilena, los resultados de encuestas de materias electorales solo puedan divulgarse hasta 15 días antes de los comicios. En el caso del proceso de este fin de semana, ese plazo se cumplió el pasado 12 de octubre.
Tal prohibición, basada en la supuesta influencia que las encuestas tienen en el proceso de formación de preferencias electorales, rige desde 2015 y es una de las más extensas del mundo, según han reportado organizaciones internacionales que promueven estándares técnicos y éticos de la práctica de encuestas.
Y son esas mismas entidades internacionales las que han advertido de un fenómeno distorsivo que también se ha dado en todo el mundo y que hemos presenciado en las dos últimas semanas que anteceden a los comicios regionales y municipales, donde pese a la veda legal de publicación, las personas -a través de redes sociales y sistemas de mensajería- han recibido diferentes encuestas, evidenciando que esta prohibición causa una situación peor que la que intenta prevenir. En Chillán, por ejemplo, la comunidad se ha visto inundada de rumores sobre resultados y, peor aún, de estudios falsos que intentan pasar por verdaderos.
