Cuando pocos días atrás asumió el nuevo Gobernador Regional, Óscar Crisóstomo, una de las principales preocupaciones -expresadas en una extensa entrevista que concedió a La Discusión- fue el bajo nivel de ejecución presupuestaria que está mostrando la región y que irremediablemente conducirá a seguir utilizando la cuestionada fórmula aplicada hasta ahora, de transferir millonarias partidas a ministerios que, supuestamente, son capaces de invertir rápida y eficientemente los recursos.
Se trata de las llamadas transferencias consolidables, esto es, los traspasos hacia los servicios centralizados, que le permitieron a Ñuble, bajo la conducción del exintendente Martín Arrau, alcanzar óptimos niveles de ejecución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional en 2019 y 2020, con cumplimientos de 98,5 por ciento y 97,5 por ciento, respectivamente.
Al interior del Consejo Regional (CORE) éste ha sido un tema recurrente y foco de tensión. La fórmula de entregar recursos a servicios como Vialidad o Salud, en desmedro de los municipios, ha sido cuestionada por la oposición, que el año pasado solicitó una auditoría externa en torno a la inversión regional, y advirtió que la estrategia de ejecución debía cambiar.
Este año la oposición incrementó sustancialmente su influencia, gracias a la figura del nuevo gobernador regional electo, sin embargo, es muy probable que deba echar mano al mismo recurso, a fin de no reducir los niveles de ejecución presupuestaria y sufrir un recorte en los recursos asignados para 2022.
De esta forma, buena parte de los 55.161 millones de pesos que se deciden regionalmente será destinada a financiar proyectos presentados por servicios centralizados, como la Dirección de Vialidad, la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, y la Comisión Nacional de Riego, entre otros, en desmedro de proyectos postulados por los municipios. Ello, con el doble objetivo de lograr una ejecución más rápida de los proyectos y satisfacer necesidades urgentes y estratégicas del territorio, como conectividad, agua potable rural y riego, entre otras.
El problema es que esta “doctrina” tiene como resultado que buena parte de los únicos recursos que son de libre decisión local, se vayan a organismos centralizados, o sea todo lo contrario a los que se busca con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), siendo además un pésimo negocio, pues priva a la región de una mayor inversión por la vía de la sumatoria del FNDR y los recursos sectoriales. Así ocurre en la mayoría de las regiones de Chile.
Es por ello que apoyar los equipos técnicos de los municipios es un desafío relevante de la nueva administración regional, de manera que el próximo año la proporción de proyectos de calidad surgidos desde las propias comunas vaya aumentando.
Ciertamente, los recursos del FNDR siempre serán insuficientes para satisfacer las múltiples necesidades de una región pobre, por lo que resulta clave perseverar en una mirada estratégica que logre un equilibrio en el financiamiento para los proyectos urgentes y para los importantes, tanto si se originan en un municipio o en un servicio centralizado.
