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Hay movimientos en la Contraloría General de la República. La recientemente designada contralora, Dorothy Pérez, en un contexto de diversos cambios en el personal regional del organismo, reasignó al contralor regional de Ñuble, Mario Quezada, a Los Lagos; mientras que Daniel Fernández asumirá como nuevo contralor de Ñuble a partir de enero de 2025.
El movimiento, dado a conocer por radio Bío Bío, cobra relevancia luego que previo a la votación en el Senado de la designación de Pérez, se diera a conocer que en su calidad de contralora subrogante ordenó trasladar dos sumarios de alto perfil desde la oficina de Ñuble a la sede central en Santiago, justo cuando avanzaba su proceso de ratificación como titular en el cargo.
Polémica reunión
Esta decisión se habría tomado tras una reunión con el alcalde de Chillán, Camilo Benavente (PPD), y los senadores Alfonso De Urresti (PS) y Jaime Quintana (PPD) quienes le expusieron argumentos para dudar de la imparcialidad del jefe regional. Se trata de dos investigaciones: una sobre irregularidades en la compra de la medialuna por $3.276 millones, que involucraría al alcalde y a otros funcionarios; y otra indagatoria sobre una contratación cuestionada del administrador municipal, Richard Guzmán.
Contraloría justificó el traslado de los sumarios a Santiago como una medida para asegurar imparcialidad, ya que de acuerdo a la información proporcionada por los representantes oficialistas, la atención de la Contraloría regional se había centrado en el último tiempo en el municipio de Chillán (que disputaba RN en ese entonces), en desmedro de otras causas. Es más, funcionarios advirtieron una mayor presencia de funcionarios del ente regional en el municipio, en comparación con años anteriores.
Aprensiones que sin duda ahora, con el traslado de Quezada a la región de Los Lagos, vuelven a cobrar relevancia.
Sin embargo, fueron las conexiones políticas las que generaron suspicacia en torno a la decisión de trasladar las investigaciones. De hecho, la fiscalía también ha comenzado una investigación paralela sobre la compra de la medialuna, impulsada por una querella presentada por concejales de Chillán que acusan fraude al Fisco y otros delitos.
Previo a la votación del nombre de Pérez como contralora en el Senado, las críticas de la oposición apuntaban a una falta de transparencia en las reuniones sostenidas por Pérez con autoridades políticas de Ñuble, lo que podría haber influido en la percepción de su imparcialidad.
Precisamente, quien lideraba las investigaciones en Ñuble previo al traslado de éstas -Mario Quezada- es quien será trasladado a Los Lagos, reestructuración que en Ñuble ha generado inquietud, ya que Quezada era señalado como un investigador enfocado en la administración de Chillán, y su traslado ha sido interpretado por la oposición como una señal de intervención, dada la supuesta relación entre Pérez y el senador De Urresti, presidente de la Comisión de Constitución del Senado y pieza clave en su postulación.
Desde el oficialismo, en cambio, creen que fue una decisión acertada pues Quezada (quien es vinculado a la derecha) no habría tenido el mismo trato con las denuncias por el caso LED que involucran a funcionarios de la anterior administración y donde se cuestiona la responsabilidad directiva del exalcalde Sergio Zarzar. Han pasado cuatro años y aún no hay un pronunciamiento, argumentan sus detractores.
Pero más allá de la polémica suscitada previo a la designación de Pérez, lo cierto es que votos le sobraron a la hora de ser ratificada en el Senado: tuvo solo un voto en contra y una abstención.
