“Ignorantia juris non excusat” (“la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley”, en latín) es un principio de Derecho que indica que el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa, porque rige la necesaria presunción de que, habiendo sido promulgada, han de conocerla todos.
Se trata de una máxima que se ha utilizado durante siglos para recordar a los gobernados que, lo deseen o no, tanto su persona como su conducta siempre está bajo la lupa del derecho, regulada y normada, aun y cuando no sepan cómo sucede esto, ni cuál es el contenido de las reglas que les están aplicando. Sobre esta premisa les es imposible a las personas manifestar que no cumplieron con la ley porque no la conocían, máxime cuando por razón de su profesión o el cargo que desempeñan, deben conocerla.
Lo anterior cobra vigencia al analizar la situación de cerca de 3 mil familias de la Región que viven en casas construidas en predios rurales que no cumplen con la normativa vigente de tener 5 mil metros cuadrados, como mínimo, por vivienda. Son familias que compraron -generalmente a un precio muy inferior al precio de mercado- en un loteo irregular o “loteo brujo”, lo que impone una serie de restricciones que vendedores y compradores sortean mediante subterfugios legales, pero que finalmente termina siendo un pésimo negocio para cientos de familias, aisladas y sin servicios básicos.
Lo increíble es que pese a ser un problema detectado hace mucho tiempo y ampliamente difundido por las autoridades y medios de comunicación, las personas siguen apostando por estas compras irregulares.
En efecto, los loteos de parcelas en espacios incluso menores a los mil metros cuadrados en sectores rurales son visibles en casi toda la región. Letreros a la vista, con los números telefónicos de contacto, anuncios en las redes sociales y páginas de corretajes de propiedades lo demuestran.
¿Y por qué esto tiene que ver con la máxima de que la ignorancia no exime de culpa? Precisamente, porque los distintos actores que operan en estos negocios argumentan desconocimiento de la normativa. Y no se trata solo de compradores y vendedores, sino también de quienes intermedian, como corredores de propiedades e incluso notarios, que al autorizar la compraventa con sus firmas, les dan a entender a los compradores que están realizando un negocio lícito, todo lo contrario a lo que realmente es.
La ignorancia de la ley no sirve de excusa para no cumplirla. Se aplica a todos, sin importar si la conocen o no, y por lo mismo, justo sería que también los profesionales que intermedian en la compraventa de estos loteos -que no conocen y no aplican el derecho que deberían conocer- sean sancionados, pues esta deficiencia impacta directamente en la calidad y eficacia de la justicia y afecta a muchas personas que creen que están adquiriendo una propiedad, pero finalmente están comprando un problema.
Si se mantiene la vigencia de este principio, ya sea porque se considere que da estabilidad al sistema jurídico o simplemente porque “así ha sido siempre”, al menos debe darse una lectura integral y no discriminatoria a su contenido, incluyendo a quienes tienen el deber de una correcta orientación y asesoría.
