Los próximos tres años serán clave para la educación pública de Ñuble, con el traspaso y consolidación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) Valle Diguillín y Punilla Cordillera, que deberán liderar la instalación del nuevo sistema en la región y preparar el camino para el futuro SLEP Costa Itata, programado para 2029.
Desde la División de Implementación de los SLEP destacaron que el proceso de implementación avanza con más del 50 % del sistema nacional ya en régimen, lo que representa 36 servicios locales operativos en todo el país.
Así lo enfatizó Miguel Figueroa, jefe de la división, quien, en entrevista con La Discusión, expresó que en Ñuble, el énfasis estará puesto en asegurar un buen funcionamiento administrativo, financiero y territorial, además de fortalecer la gestión pedagógica y las condiciones de infraestructura de los establecimientos.
En el caso del SLEP Valle Diguillín, este concentra actualmente su trabajo en cumplir los estándares establecidos para su traspaso en enero, mientras que Punilla Cordillera se consolida como ejemplo regional tras un proceso exitoso de instalación y coordinación con los municipios.
Estos dos servicios servirán a su vez de referente para el Costa Itata, el cual comenzará su implementación en 2027 y con traspaso definitivo en 2029
El desafío, según explicó Figueroa, es avanzar hacia una gestión más estable, con servicios locales capaces de garantizar continuidad en los pagos, inversión en infraestructura y fortalecimiento de redes docentes, de modo que el foco de la nueva educación pública se centre plenamente en lo pedagógico.
A la fecha ¿cómo avanza el proceso de instalación del SLEP Valle Diguillín, que comenzará a operar el 1 de enero?
Valle Diguillín es uno de los 10 servicios locales que vamos a traspasar a final de año. Este es uno de los dos servicios más grandes que vamos a traspasar, junto con Los Álamos, en Linares. Hasta ahora llevamos un buen avance en el cumplimiento de los estándares que debemos tener, o que nosotros mismos hemos definido en materia de traspaso por los servicios locales.
Los estándares están situados en diferentes dimensiones que estamos trabajando durante este año: administrativas, legales, financieras, territoriales, educativas y de infraestructura. Están estandarizados en 32 puntos que son los que estamos focalizando.
A partir del 30 de agosto tuvimos el primer avance en el cumplimiento de estos estándares para todos los servicios locales del corte. Teníamos la expectativa de trabajar con 12 posibles servicios. De esos doce, diez, donde estaba Valle Diguillín, llevaban un nivel de cumplimiento por sobre el 80 % en el análisis que hicimos a fecha corte el 30 de agosto. Durante la evaluación realizada en septiembre también estuvieron autoridades ministeriales. Esto cumple con las expectativas respecto a lo que deben tener los servicios locales a esa fecha.
El 20 % restante tiene que ver con procesos críticos relacionados con el inicio del año escolar, que los servicios locales comienzan a trabajar en el último tramo del año, entre octubre, noviembre y diciembre. Están vinculados a calificaciones, adjudicaciones y compras específicas que se ejecutan una vez publicada la Ley de Presupuestos. A grandes rasgos, el trabajo del Servicio Local, cuyo director ejecutivo es Claudio Guiñez, va con un avance positivo hasta la fecha.
Tenemos que trabajar sobre este 20 % restante y proyectaremos cómo se avecina el traspaso, que debería ocurrir a partir de enero.
Hay dos hitos relevantes: el primero es continuar y terminar bien el año con los jardines infantiles que siguen funcionando desde enero. Son 47; hay que recordar que son varios jardines infantiles dentro de este territorio. El segundo gran desafío tiene que ver con el inicio del año escolar, que debería liderar el Servicio Local a partir del próximo año.
En el proceso de traspaso al SLEP Valle Diguillín ya se ha detectado que el 93 % de los recintos visitados tiene deterioro en instalaciones de gas, 73 % en sistemas eléctricos, 50 % en cubiertas, etc. ¿cómo planean resolver esos pasivos estructurales antes del 2026, dada la urgencia de tener operativa la infraestructura para marzo?
Esas cifras están dentro del promedio general de los servicios que hemos traspasado. Por eso, en materia de infraestructura, la hemos dividido en dos grandes áreas: una es la mantención, relacionada a la infraestructura crítica, y la otra son los grandes proyectos de infraestructura.
Lo que urge hoy, antes de los traspasos con los servicios locales, es cómo realizaremos la mantención durante los meses de enero y febrero. Para ello, este servicio local ya tiene la fase de adquisición, está definido el levantamiento de las brechas y ya se establecieron los principales esfuerzos de enero y febrero.
Básicamente, están enfocados en las cocinas y los baños de los establecimientos que deben estar funcionales al inicio del año escolar, además de otras mantenciones propias según cada levantamiento realizado. Este servicio ya ha podido ingresar a los establecimientos gracias a la gestión municipal, que ha sido colaboradora, y al apoyo de los directores de colegio.
Con eso ya tenemos mapeado, al menos en un primer tramo, lo que se debe solucionar para el inicio del año escolar. Lo que debería ocurrir durante la próxima semana y una vez que la Contraloría dé el visto bueno, es que publicaremos esta licitación en noviembre, de manera que esté adjudicada antes de enero.
Con esto hacemos contratos de suministro con distintas empresas que se encargarán de los arreglos definidos como críticos para la partida del año escolar del próximo año.
Eso es una parte, pero en paralelo, a propósito del mismo levantamiento, también sabemos que existen grandes brechas de infraestructura en los establecimientos educacionales, no solo en el territorio de Valle Diguillín, sino en el resto del país.
Por lo tanto, cada servicio local incorpora una línea presupuestaria propia para desarrollar proyectos de infraestructura de mayor envergadura. Estos procesos son más extensos que los municipales, que se hacen a través de convenios de conservación y que, mediante una triangulación con la Dirección de Educación Pública y las Secretarías Ministeriales Regionales, obtienen financiamiento. Los servicios locales, en cambio, se ahorran ese paso porque ya vienen con ciertos recursos para comenzar a ejecutar sus proyectos.
A los servicios locales se les está pidiendo un plan a mediano plazo, de aquí a tres años una vez hecho el traspaso, que deben incorporar en su plan estratégico local. Y también un plan a largo plazo, que abarcará el segundo tramo de la administración del director ejecutivo en estos territorios.
¿Qué aprendizajes deja la experiencia del SLEP Punilla Cordillera que servirán para fortalecer el proceso en Diguillín?
Comenzó en enero de 2024 junto con tres servicios más ese año: Aysén, Magallanes e Iquique. La experiencia de Punilla fue una de las más favorables de ese proceso.
En ese entonces no existía la medición de los 32 estándares. Se trabajó a partir de un informe fundado elaborado para esos cuatro servicios, basado en un protocolo de acuerdo generado durante la discusión presupuestaria de 2023 para el año 2024.
Punilla fue uno de los buenos ejemplos, un servicio local con cinco comunas y alta ruralidad, al igual que Valle Diguillín.
Supo posicionarse desde el inicio del año 2024 sin grandes dificultades administrativas y fue ajustando su proyecto estratégico durante los años siguientes hasta hoy.
Tenemos una buena evaluación de ese servicio funcionando en régimen. Ha logrado plasmar las estrategias pedagógicas que se le plantearon y que la directora, Karina Sabatini, ha encabezado, transformándose en un buen referente para la región.
Con Valle Diguillín tomamos parte de esa experiencia y creemos que casos como el de Punilla deberían replicarse aquí. La directora, junto a los cinco municipios, logró un convenio de colaboración territorial que fue clave en el proceso, porque los servicios locales llegan a los territorios para ser parte de ellos, no para adueñarse. Punilla Cordillera entendió muy bien eso. A través de esos convenios de colaboración pudieron ir resolviendo muchas situaciones que, en el día a día, los municipios enfrentan con distintas herramientas y capacidades que contribuyen al funcionamiento de los establecimientos educacionales.
De esa manera se genera un trabajo común y territorial, que es lo que buscamos transmitir a todos los servicios locales, incluyendo por supuesto a Valle Diguillín y el desafío que tiene de integrar al centro comunal dentro del territorio y trabajar en conjunto con ellos.
En relación al último SLEP que se quiere instalar en la región, Costa Itata ¿cuáles son las fechas de implementación y cómo viene también Punilla Cordillera y Valle Diguillín a servir de experiencia?
Lo clave es que los servicios locales que ya están en régimen tengan un buen desempeño. Eso va consolidando la política pública dentro de cada región.
Hoy, por ejemplo, en la quinta región ya tenemos dos servicios funcionando: Valparaíso, que venía operando, y desde julio de este año Costa Central, cuyo eje está en Viña del Mar, pero también abarca Quintero, Puchuncaví y Concón.
Además, este año vamos a terminar de posicionar la región completa, con otros servicios como Petorca, Los Andes y Marga Marga, que mejoran su gestión, se establecen mejor y crean redes más sólidas en la medida en que los servicios locales que ya están funcionando lo hagan bien.
Eso es justamente lo que esperamos que ocurra ahora con Valle Diguillín, que pueda acoplarse a Punilla. Y estamos a la espera del nuevo servicio Costa Itata. Este ya está en un corte que denominamos 2027.
Vamos a comenzar a trabajar en la anticipación territorial de ese servicio, que también será grande, con nueve comunas, y cuyo traspaso está programado para 2029. Ese año corresponde al último corte establecido por ley en el calendario de implementación.
De aquí a 2029 esperamos que los dos servicios locales, Punilla y Valle Diguillín, estén bien asentados en la región, de modo que puedan liderar y acompañar el proceso de Costa Itata cuando comience a operar a partir de 2027.
Para llegar a un traspaso, partimos años antes. En el corte de 2027, durante 2026, iniciaremos los procesos de anticipación territorial. Eso significa constituir comités directivos, definir perfiles y abrir concursos, de modo que en 2027 el servicio, en su primer año de funcionamiento, ya cuente con un director ejecutivo. Eso es clave.
Una de las lecciones que hemos aprendido de los traspasos anteriores es que la anticipación de los procesos marca la diferencia. Mientras antes tengamos un director ejecutivo, equipos trabajando y un servicio instalado que pueda comunicarse con las comunas y las comunidades educativas, mejor será el resultado.
Por eso es fundamental realizar este mapeo y trabajo territorial con los actores de cada comuna, especialmente con los docentes, informándoles cómo viene el traspaso. Este proceso siempre genera incertidumbre, con razón, porque implica un cambio importante.
Aprovechar 2026 para ese trabajo permitirá allanar el camino del primer año de funcionamiento en 2027, y utilizar esos dos primeros años para lograr un traspaso positivo en 2028. Así, con una buena preparación, estos dos servicios que ya estarán consolidados podrán acompañar de forma efectiva a los nuevos que se incorporen.
Ante la propuesta de algunos candidatos de desmantelar los SLEP y volver a la municipalización, ¿cómo responde el SLEP en términos de evidencia empírica? ¿Qué datos respaldan la continuidad?
Hay que recordar que la ley que se promulgó en 2018 surgió a partir de la unanimidad de los distintos actores. Hubo consenso en que era necesario realizar un cambio en la educación pública, y se definió, con un alto nivel de adhesión, la estructura del nuevo sistema.
Ese proceso, desde 2018 hasta este año, implica que habremos traspasado más del 50 % del total de los 70 servicios locales en régimen. Es decir, terminaremos el año con 36 servicios locales traspasados y más de la mitad del sistema en funcionamiento a nivel nacional.
Es un proceso que ha atravesado tres gobiernos distintos y que ya muestra avances concretos, con estudios que evidencian mejoras palpables dentro del sistema de educación pública.
El año pasado, los servicios locales obtuvieron mejores resultados en las pruebas Simce de cuarto básico, tanto en Lenguaje como en Matemática. Este año han mantenido esos buenos resultados. También se han fortalecido aspectos como la convivencia escolar y el trabajo en red docente, gracias a un enfoque territorial más amplio que el comunal.
Los servicios locales son los que más invierten en infraestructura educativa en comparación con los municipios. Y hay un indicador clave: los servicios locales pagan los sueldos y cotizaciones de los docentes y asistentes de la educación de forma regular, sin dificultades. Esto ha marcado un precedente y ha dado estabilidad al proceso.
Durante los últimos dos años el avance ha sido importante. El año pasado se traspasaron nueve servicios, incluyendo Chiloé, que fue un caso complejo, ya que la decisión de traspasarlo fue urgente y se implementó en ocho meses, abarcando diez comunas. Este año ya se implementaron doce servicios en el traspaso de mitad de año, más otros diez que vienen en camino.
El sistema ya está asentado, los cambios comienzan a notarse y el desafío ahora es completar el calendario de implementación.
La meta es que en la segunda etapa de esta nueva educación pública los servicios ya estén en pleno funcionamiento, y que el foco deje de estar en los ajustes administrativos para concentrarse completamente en lo pedagógico, con equipos profesionales cuya experiencia está puesta en ese ámbito.
