Con tres flancos abiertos, el proyecto La Punilla se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza del Ministerio de Obras Públicas (MOP), pues a la paralización judicial de los desalojos (decretada en noviembre de 2018) y el grave incumplimiento contractual por parte de la concesionaria Astaldi -que derivó en el cobro de una póliza de garantía- se suma la discrepancia presentada por la empresa el 20 de junio ante el panel técnico de Concesiones, debido a la diferencia de cálculo de la capacidad de almacenamiento del embalse, pues mientras el estudio de referencia utilizado por el MOP para elaborar las bases de licitación estimó una capacidad de 625 millones de metros cúbicos con un muro de la presa de 137 metros de altura, el estudio de ingeniería de detalle y los estudios topográficos realizados por la concesionaria determinaron que de acuerdo al diseño se podrán almacenar 563 millones de metros cúbicos, es decir, un 10% menos.
Ante esta situación, Astaldi exigió una compensación de hasta US$170 millones debido a que la diferencia “genera severos efectos en el cumplimiento de las obligaciones contractuales vinculadas a la entrega de agua para riego, ya que no se podría garantizar la seguridad de riego mínima requerida por las bases de licitación y, además, produce efectos económicos adversos en el servicio de producción de energía hidroeléctrica, lo cual afecta drásticamente la factibilidad de la concesión”, según argumentó la empresa de capitales italianos.
Sin embargo, esta semana, el panel técnico, tras escuchar a las partes, resolvió rechazar la solicitud de compensación.
En sus recomendaciones, el panel reafirmó que constituye una obligación de la concesionaria construir un embalse de 625 millones de metros cúbicos, pero al mismo tiempo, dada la inconsistencia entre lo exigido en las bases y lo que señalan los estudios topográficos, reconoce que “dicha obligación no es susceptible de ser cumplida”.
En ese sentido, el panel afirmó que las obras que deben realizarse para alcanzar los 625 millones de m3 de capacidad constituyen “una obra adicional compensable”.
Por otro lado, en el evento que no sea posible desarrollar dichas obras, el panel instó a las partes a buscar una solución técnica que haga viable el proyecto desde el punto de vista económico, social y ambiental.
Finalmente, en el caso que las partes acuerden modificar el contrato de concesión para ejecutar el embalse con una menor capacidad, el panel indicó que deberá considerarse una redefinición de las reglas de operación.
A partir de las recomendaciones, se abren dos escenarios posibles con Astaldi (se modifica el proyecto o se modifica el contrato), además de la posibilidad de poner fin al contrato con Astaldi y licitar el proyecto a otro concesionario. Sin embargo, también existe la opción de que Astaldi venda el proyecto a otro inversionista o bien que el Gobierno resuelva financiar el proyecto con recursos fiscales a través del DL 1.123 de grandes obras de riego, mecanismo usado tradicionalmente para este tipo de proyectos.
De hecho, el pasado 13 de agosto el MOP activó el cobro de la póliza de garantía de Astaldi luego que el 10 de agosto venciera el plazo para que la empresa enterara el total del capital exigido ($40 mil millones) de la sociedad concesionaria Aguas de Punilla -filial de la italiana-, un requisito esencial establecido en el contrato y que al no completarse -sólo depositó $14 mil millones-, constituye un incumplimiento grave del contrato y causal de término anticipado, según expuso el ministro Alfredo Moreno.
Sin embargo, y pese a que el MOP tiene la facultad para caducar el contrato, aún no ha tomado una decisión a la espera de una reacción de Astaldi.
Frente a ello, el gerente de la Junta de vigilancia del río Ñuble (JVRÑ), Salvador Salgado, sostuvo que esta situación está generando mucha incertidumbre entre los regantes, que son los principales beneficiarios del proyecto. “Creemos que ha faltado convicción de parte de las autoridades del MOP para tomar decisiones importantes”, expresó el profesional, quien lamentó que no ha existido una comunicación fluida entre la concesionaria y el MOP que permita abordar estos problemas y buscar soluciones en conjunto.
Obras adicionales
Según explicó Salgado, en el caso que se resuelva ejecutar las obras para alcanzar el volumen proyectado, el MOP tendría que considerarlo una obra adicional, por cuanto debería apoyar financieramente este aumento de obra.
Y si bien desde Astaldi sostienen que “técnicamente es inviable construir obras adicionales para alcanzar la capacidad de embalsamiento original, pues ello requeriría ingresar nuevamente al sistema de evaluación ambiental la totalidad del proyecto, el cual se atrasaría significativamente”, para Salgado este escenario no es tan complejo, puesto que según explicó, la legislación ambiental también contempla la posibilidad de que el titular presente una consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), con el objetivo de resolver si se necesita presentar un nuevo estudio de impacto ambiental (EIA) o no. Ello, porque según el ingeniero, no se verificaría un impacto ambiental adicional.
Y es que el estudio de referencia del MOP no solo falló en calcular la real capacidad de almacenamiento del embalse, sino que también en la superficie a inundar, pues el espejo de agua ya no cubriría 1.700 hectáreas, sino que 1.560, una diferencia que puede favorecer su eventual evaluación ambiental, pues en opinión de Salgado, las obras adicionales para alcanzar la capacidad esperada consistirían básicamente en elevar la altura del muro en 3 a 4 metros, lo que coincidiría con una mayor área de inundación, similar a la estimada por el MOP en el EIA aprobado en 2010.
Consultado sobre la necesidad de presentar un nuevo EIA, el seremi de Obras Públicas, Cristóbal Jardúa, manifestó que “la necesidad de solicitar una modificación de la RCA dependerá del resultado de una consulta de pertinencia. En principio, creemos que no se requiere una modificación, pues no se inundaría más superficie que la ya considerada en la RCA. Además, existen casos de modificaciones de embalses a los que no se ha exigido una modificación de la RCA”.
Modificación del contrato
En el caso de una modificación del contrato y del convenio de operación, Jardúa planteó que ello no necesariamente se debe traducir en una compensación a la empresa por parte del Estado, aclarando que ello “dependerá de la modificación de contrato que se convenga”.
Según explicó gerente de la JVRÑ, “con el volumen que logras regular, puedas hacer algunos ajustes al convenio de operación, que está la alternativa, podría ser una opción viable y también mejorar los indicadores económico, por lo que no necesariamenteinvolucra un aporte adicional de parte del Estado”.
Con o sin Astaldi
Las autoridades del MOP han manifestado en varias ocasiones que el proyecto La Punilla se concretará con o sin Astaldi, lo que no solo ha abierto la puerta para una nueva licitación de la concesión, sino que también para abandonar la fórmula de la concesión y financiar el proyecto con recursos fiscales, una alternativa que ha sido planteada como la más conveniente por algunos parlamentarios locales y por los regantes del Ñuble.
En opinión de Salgado, no se puede obviar el “factor Astaldi”, dado que según expresó, es una empresa “que ha tenido problemas”, en alusión a la crisis financiera que arrastró por más de un año la matriz italiana y su filial chilena, así como la mala gestión del plan de desarrollo social con los afectados de San Fabián, quienes rechazan el plan de relocalización y llegaron hasta el Tribunal Ambiental para exigir la paralización de los desalojos.
Por ello, postuló que también está la posibilidad de que la italiana traspase el contrato a un inversionista, que tendría que evaluar las modificaciones propuestas por el panel técnico.
