Basta echar un vistazo en redes sociales para detectar diversas publicaciones sobre venta de remedios fuera todo orden legal o recorrer las inmediaciones del mercado de Chillán, el Paseo Las Palmas, o ferias libres para encontrar algún puesto con este tipo de productos farmacéuticos, ya sea sujetos o no a la ley de Control de Drogas.
La comercialización de medicamentos en lugares no autorizados es reiterada y a pesar de las acciones destinadas para erradicar esta, sus vendedores vuelven a la carga sin mayor recato.
Los diversos operativos de Carabineros e inspección municipal publicados en la prensa dan testimonio de esto, reflejando no solo numerosas incautaciones de cajas de remedios, sino también la violencia que suelen protagonizar quienes manejan este negocio ilícito. A fines de septiembre un inspector fue agredido por un comerciante en plena fiscalización de estos productos en inmediaciones del principal centro de abastos de la capital regional.
Desde la institución policial confirmaron que la labor de fiscalización del comercio ilegal, ha sido focalizada en este último año en el control de fármacos, dada la peligrosidad que esta actividad significa para la salud de la población.
Si bien La Discusión consultó por la cifra total de operativos de venta ilícita de remedios, cajas incautadas, detenidos y medicamentos de mayor cuantía durante este año, desde Carabineros no fue posible entregar esos números o estimaciones que ayudaran a dimensionar este ilícito en los últimos periodos. Sin embargo, destacaron el procedimiento de mayor connotación a la fecha y la línea de trabajo que siguen.
“En mayo de este año, registramos la mayor incautación de medicamentos controlados y de libre venta, con el decomiso de 1.396 cajas de fármacos que eran comercializados por un sujeto en la plazoleta Sargento Aldea. Ello terminó con la detención de un hombre, que también contaba con antecedentes por otros delitos”, sostiene el comisario de Chillán, mayor Julio Beltrán Silva.
Desde la policía uniformada mencionan que este tema es visto con preocupación y también para otras autoridades, con las cuales se ha conformado una mesa de fiscalización para el control de la venta de medicamentos, integrada por la Seremi de Salud, la Coordinación de Seguridad Pública y el municipio.
“Este control de venta ilegal de fármacos se ha dispuesto en los puntos que exhibe el análisis del delito y que, en Chillán, dice relación con el sector céntrico, cercano al mercado municipal, en el paseo Las Palmas, y también en el Persa Monterrico y aquellas ferias de acceso libre, como la que funciona en Diagonal Las Termas, donde nuestros funcionarios cada fin de semana ejercen fiscalizaciones de esta y otras normativas”, precisa el comisario.
La acción de Carabineros en esta temática ha estado centrada en los operativos que ha podido ejecutar la Patrulla Mixta con inspectores municipales, con el objetivo de generar una fiscalización integral del hecho ilícito. Además, este control también es apoyado por las patrullas focalizadas y por el personal de Control de Orden Público, COP.
“Durante este año se realizan recorridos permanentes para detectar la venta de fármacos. En Chillán, se han producido al menos 15 decomisos en lo que va este año con más de 2.500 fármacos decomisados en la ciudad”, detalla la directora de Seguridad Municipal de Chillán, Alejandra Martínez.
Según esa repartición, la participación de operativos de inspectores junto a carabineros han sido por lo menos tres, sin considerar que hacen rondas diarias junto a patrulla mixta, donde también se han incautado medicamentos y cigarrillos.
“Los lugares más frecuentes de estas incivilidades son la pérgola de la plaza Sargento Aldea, además de paseo Las Palmas y calle 5 de abril con esquina Maipón”, añade la profesional.
“Mafias”
Quienes trabajan en inmediaciones del mercado de Chillán son testigos de cómo los denominados “doctores de la calle” toman espacios y logran escabullirse entre el intenso flujo comercial.
“La mafia que se produce aquí tiene que tener un distribuidor más o menos grande para poder distribuir a bastantes personas, porque aquí en las mañanas se juntan, por decir, seis o siete personas vendiendo medicamentos. Cuando un día toman a uno, se reemplaza por otro. Siempre hay al menos uno que está vendiendo”, menciona un dirigente de la Asociación gremial de locatarios de la Plaza Sargento Aldea, quien pide mantener bajo reserva su identidad ante eventuales amenazas que podría recibir.
El temor se genera a partir de la organización y el resto de delitos que desencadenaría su presencia en las inmediaciones del mercado.
“Esto es una mafia, porque aquí hay familias completas vendiendo medicamentos. Hay una organización igual que los cigarrillos. Esa es otra cosa que también está pasando. (…) A mi no me molestan en sí, pero lo malo que eso conlleva a muchas otras cosas más, porque ellos no solo están distribuyendo medicamentos, están vendiendo drogas”, enfatiza.
Al contrario de lo que se suele pensar, desde el sector advierten que el valor de estos superaría el precio del mercado formal, al otorgarlos sin receta.
A modo de ilustrar un ejemplo de diferencia de precios, no necesariamente congruente con la realidad, el representante de la organización expone que “en la farmacia a lo mejor un Ibuprofeno puede costar $800 y ellos lo venden a luca. Un antibiótico en la farmacia puede costar $500, pero si usted no lleva receta no van a vender, en cambio aquí le van a cobrar 2 mil por no llevar recetar y la gente lo compra igual”, comenta.
Para el dirigente la forma de resolver el problema va más allá del trabajo policial, apuntando a que debe, por un lado, aumentar el control en la cadena de distribución desde el laboratorio a las farmacias, ya que a su juicio un eslabón falla.
“Que haya un mayor control cuando comienza la cadena de distribución, de laboratorio a farmacias y que los equipos de salud estén vigilantes respecto a las compras, porque ahí se debe emitir una factura. Ver el movimiento que tienen las farmacias”, sugiere.
Por otro lado, disponer de un sistema de vigilancia en este punto de abastos de la ciudad, es una necesidad que se arrastra de años, recuerdan desde la asociación.
“Estamos pidiendo a través de la asociación que nos los colocaran cámaras para una mayor fiscalización de las autoridades en el flujo constante de personas en la Plaza Sargento Aldea. Esto lo peleamos hace más de seis años. Zarzar nos planteó instalar 50 cámaras, después se bajaron a 40 y luego a 32. No hay voluntad de comprometerse, a pesar de que la plaza está administrada por la municipalidad. La única cámara que tenemos es la que está en Multiventas y en el Unimarc”, emplaza.
Desde el Colegio regional de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos reconocen que a pesar de las acciones desplegados para contrarrestar su aparición, el mercado informal en Chillán ha crecido en el tiempo, ofreciendo un amplio universo de medicamentos, ya sea sujetos o no a la ley 20.000, con o sin receta.
“Antes veías pequeños puestos con venta de fármacos, pero ahora observas que tienen un amplio arsenal de medicamentos. Finalmente, estas son mafias, porque muchas veces son de un mismo dueño que provee a estas personas que venden y se aprovecha también de la vulnerabilidad, que no tiene opciones de trabajo”, describe el presidente del gremio, Luis Felipe Ruiz.
Desde su experiencia en terreno en unos operativos, el representante regional del gremio describe que la articulación de venta ilegal de remedios, hace complejo su abordaje in situ, ya que los vendedores ambulantes trabajan con otros miembros encargados de entorpecer la labor de los fiscalizadores y proteger el “negocio”.
“Se hacen los mejores esfuerzos, pero no son suficientes. Todo esto es regulado por el SSÑ, PDI y Carabineros, pero no dan abasto para esta cantidad de población. Estos procesos son complejos. Muchas de estas personas actúan en grupo, entonces, llegan a fiscalizar al vendedor, pero sobre él hay tres o cuatro personas que intimidan y te amenazan”, alerta.
Brechas del sistema
Como todo mercado, aunque fuera de la legalidad, se mantiene vigente por un público cautivo, cuyo oferente se aprovecha de las brechas del sistema de salud para satisfacer esa necesidad por la vía más rápida, pero más riesgosa.
“Nosotros tenemos acceso a la salud, pero nos guste o no dependiendo del poder adquisitivo o la renta es la forma en vas adquirir tu salud. Entonces, hay gente de menores recursos que a lo mejor no va poder acceder a un médico especialista o si lo accede a lo mejor va tener que ser, a través del servicio público con mucho tiempo de espera, entonces, muchas veces las personas acceden a estos fármacos a través de la recomendación del amigo o del vecino y de esta forma llegan al comercio ilegal y compran este fármaco”, explica Ruiz.
Si bien se destaca la iniciativa de farmacia popular para acceder a remedios a precios convenientes, estima que debe existir una mayor regulación en el valor a nivel de mercado.
“No queremos regular máximos o mínimos, pero que sí se regulen los precios de los fármacos comparable con los países a nivel latinoamericano. Un fármaco aquí en Chile, por dar un ejemplo, vale 10 mil pesos y en Argentina 1.500, siendo un mismo laboratorio y dependiendo del nicho da los valores”, dice.
Endurecer y aumentar penas
En sus controles en la vía pública, Carabineros ha establecido que la venta de fármacos controlados, es decir, que cuentan con prescripción médica debido a sus componentes psicotrópicos, deriva en la detención de la persona que ejerce la venta, por estar estos medicamentos vinculados a la Ley de Control de Drogas. También, para aquellos que han sido sorprendidos comercializando de forma ilegal medicamentos de libre venta, se ha generado el procedimiento por incumplimiento del artículo 318 del Código Sanitario, que sanciona a quienes ponen el peligro la Salud Pública.
Desde el gremio del rubro sostienen que la normativa actual finalmente permite perseguir como delito la comercialización ilícita solo de medicamentos sujetos a control legal, como es el caso de los psicotrópicos y estupefacientes, al mismo tiempo que no es posible la detención y penalización de personas que venden medicamentos por vías no autorizadas.
Es por esta razón que el Colegio de Químicos y Farmacéuticos aboga por el avance de un proyecto de ley que busca modificar el cuerpo legal.
“Actualmente existe un proyecto de ley que se está discutiendo y que está buscado, con respaldo del colegio por campañas que hemos realizado, endurecer o aumentar las penas, con cárcel para la venta ilegal de fármacos. Actualmente no se considera, a menos que sean medicamentos sujetos a la ley 20.000, de drogas, porque cualquier otro medicamento no tiene pena, se consideran faltas que pueden ser una multa. En cambio, ahora se quiere endurecer y dar énfasis a los medicamentos bajo la ley 20.000, psicotrópicos y estupefacientes, pero también ampliar al resto de los fármacos para que igual se considere un delito y pueda involucrar penas”, enfatizó.
Por otra parte, la ley establece que el expendio de medicamentos al por mayor en una farmacia no constituye un delito, sino que solo una falta administrativa, por lo que no se persigue penalmente y solo se aplica un sumario, que debe ser realizado por el ISP o seremi de salud en el caso de nuestra región.
“Ante esto, se aprovechan de las falencias de la ley. Siendo sus ganancias infinitamente superiores a las multas que pudiesen tener por venta por mayoreo, existen farmacias independientes que incurren en esto. Las farmacias de acuerdo con la actual legislación son definidas como “centros de salud”. Sin embargo, existen en nuestro país dueños de farmacias independientes (que puede ser cualquier persona y no exclusivamente un químico farmacéutico) , en el cuál su rol sanitario desaparece y se transforman en mercaderes de la salud y la enfermedad”, sostiene Ruiz.
A la luz de la investigación policial las fuentes de abastecimiento que nutren a los vendedores de este negocio ilícito pueden ser variadas.
La Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medio Ambiente (Bridesma) de la Policía de Investigaciones de la Región Metropolitana posee amplia experiencia contra la comercialización ilegal de remedios y,de acuerdo a sus indagaciones, el modus operandi de este delito sería similar al de regiones.
“El origen es muy variado, pueden ser de farmacias establecidas que están autorizadas para la comercialización, pero que no observan las prescripciones que indican el código sanitario sobre la venta al por mayor de productos. También hay indicios que los vinculan al robo de camiones repartidores o redes de transporte. Incluso hay datos que pueden ser de contrabando y ,en menor medida, medicamentos falsificados”, dice el comisario de la Bridesma, Edgardo Rodríguez.
Este delito no es aislado, generalmente va encadenado a otros relacionados con el comercio ilegal.
“No es que haya solo un grupo que se dedique a la venta de fármacos. Estas personas pueden estar vinculadas a otras actuaciones delictuales y que también estén relacionados con el contrabando y con el comercio ilegal de otros productos. No solamente están vinculados a medicamentos, sino también podría estar efectivamente vendiendo cigarrillos, alcohol u otro tipo de bienes que tengan una restricción en cuanto al comercio”, señala.
El comercio de fármacos en redes sociales también está bajo la óptica policial, aunque reconoce que existen complejidades para avanzar en el ámbito digital.
“Se puede, pero al igual que el comercio informal es muy masivo, entonces, las acciones que se hacen no son tan visibles. Entonces, es un poco complejo abordarlo. Pero en cualquier red social, aparece una oferta muy variada. Es un tema complejo, porque hay muchas personas que tienen sitios y no están vinculadas a personas naturales o jurídicas o su origen es en otro país. La información, por lo general, no es verídica en el sentido que la persona tiene perfil que no corresponde en realidad a la persona”, sostiene.
