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Señor Director:
La Ley Karin busca agilizar la justicia laboral, pero su implementación sin recursos adicionales pone en jaque a la Dirección del Trabajo (DT). Esta normativa exige mayor capacidad técnica y tiempos más rápidos, pero con herramientas y personal ya saturados, las dificultades se multiplican.
La sobrecarga podría crear cuellos de botella, retrasando denuncias y contradiciendo los objetivos de la ley. Además, la presión sobre los funcionarios, sin apoyo ni recursos extra, afecta su desempeño y el servicio ofrecido.
Una implementación deficiente también erosiona la confianza en el sistema, dejando la impresión de que las reformas no generan cambios reales. Para que la Ley Karin sea efectiva, no basta con redactarla; su éxito depende de asignar el presupuesto necesario. Sin ello, corre el riesgo de quedar como una promesa vacía en lugar de transformar la protección laboral.
Pedro Matamala
Abogado Laboral
