Share This Article
En marzo próximo comenzará el último año legislativo de la actual administración del Presidente, Gabriel Boric, y por cierto, la agenda estará marcada en el congreso por al menos cinco temas clave.
El más importante, y que debiera incluso ver la luz ahora en enero, es la reforma de pensiones, la cual lleva más de una década en el congreso.
Pensiones
La discusión sobre esta iniciativa, actualmente en segundo trámite en el Senado, ha provocado diversas reacciones en el mundo político. Es más, algunos diputados oficialistas han manifestado discrepancias con la propuesta gubernamental.
Las críticas provienen de sectores del Partido Comunista (PC), el Partido Socialista (PS) y, recientemente, del Partido por la Democracia (PPD).
Este último, incluso, ha impulsado una ley corta que eleve la Pensión Garantizada Universal (PGU) a 250 mil pesos, y cree un seguro de longevidad para la cuarta edad, bajando la tabla de mortalidad a 85 años. La propuesta apunta a desanclar de la reforma de pensiones los aspectos que tendrían “mayor impacto” en las jubilaciones, y discutirlos este año.
La propuesta del partido oficialista -que no desagrada a sectores de derecha, como la UDI- surge debido a la falta de avances en el proyecto previsional y las desconfianzas respecto de las intenciones de la oposición. Así, buscaría que los temas más conflictivos -la división de la industria y el destino del 6% de cotización adicional- se analicen por separado.
El Frente Amplio, en tanto, que llegó al poder con un enfoque distinto sobre la reforma previsional, también enfrenta tensiones internas. Las dinámicas legislativas han obligado a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, a negociar y hacer concesiones frente a las posturas de la derecha y centroderecha, que defienden la capitalización individual como eje central del sistema.
¿Cuáles son los principales avances a la fecha?
Hasta el momento, existen acuerdos respecto del seguro de lagunas previsionales, el incentivo a la cotización de los independientes y la regulación de las “comisiones fantasma”, que pagan las AFP con fondos de pensiones a terceros subcontratados.
No obstante, el punto de discordia aún sigue siendo el destino de la repartición del 6% adicional con cargo al empleador, y también la manera en la que se llevará a cabo la separación de la industria.
Acerca del primer punto, desde el oficialismo advierten que será el debate más denso que se dará al interior de la comisión de Trabajo del Senado, pues el gobierno espera que al menos exista un 0,5% ó un 1% para equiparar las pensiones entre hombres y mujeres.
¿Cuáles son los próximos pasos?
El gobierno continuará impulsando el debate legislativo para la aprobación final del proyecto en el Senado durante el primer trimestre de 2025. Asimismo, se realizarán jornadas de información y capacitación para que los ciudadanos comprendan cómo los cambios impactarán sus pensiones.
“La negociación no ha terminado, el gobierno va a presentar la división de la industria como lo presentó desde un principio, donde se eliminan las AFP, donde van a existir nuevos administradores de pensiones e inversores, entonces yo creo que tenemos que esforzarnos más en poder informar mejor”, sostuvo hace unos días la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien ha debido apaciguar las aguas en su propia colectividad, el Partido Comunista, donde hay sectores que son de la idea de retirar la reforma si ésta no se aprueba con el fin de la industria de las AFP.
Fin del CAE
A principios de octubre, el Presidente Gabriel Boric informó los principales alcances del proyecto de ley que busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE).
La iniciativa crea un nuevo instrumento de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), y sus objetivos principales son condonar parte de las deudas educativas sobre la base de criterios de justicia y mérito; reorganizar la deuda en términos razonables para quienes aún deban; y terminar con el CAE, reemplazándolo por un nuevo instrumento de Financiamiento Público para la Educación Superior.
“Con el fin del CAE ganan los jóvenes y sus familias, quienes verán que desaparece o se alivia de manera significativa su deuda, lo que contribuirá directamente al presupuesto familiar. Ganan también los futuros estudiantes quienes, gracias al FES, podrán estudiar en mejores condiciones y con más tranquilidad, sin el agobio del endeudamiento”, sostuvo el mandatario en cadena nacional.
De esta manera, todos quienes adscriban voluntariamente a este instrumento tendrán una condonación de un porcentaje de su deuda. Éste se va a definir según si la persona egresó o no de su carrera, si tiene o no su deuda al día, y de acuerdo al número de cuotas que haya pagado a la fecha.
“Adicionalmente, quienes ya pagaron su deuda del CAE tendrán beneficios tributarios una vez implementado este proyecto de ley. De esta manera, reconocemos explícitamente el esfuerzo de quienes con sacrificio han cumplido con sus obligaciones”, expresó el Presidente Boric.
“Los bancos no participarán de este nuevo instrumento de financiamiento. Con el FES, no habrá espacio para la especulación, el abuso, ni para lucrar, sino una retribución justa por la formación recibida. Al mismo tiempo, aumentaremos los estándares de transparencia y rendición de cuentas, permitiendo que la ciudadanía sepa cómo se gastan los recursos de todos los chilenos y chilenas”, sostuvo el mandatario.
Sobre el financiamiento de la medida, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que el proyecto tiene un costo “igual o menor a lo que hoy día existe”. Asimismo, explicó que en el nuevo sistema “los estudiantes obtienen el financiamiento para pagar sus estudios y luego lo retribuyen aportando una proporción de sus ingresos. Muchas veces, en la discusión pública, hay quienes intervienen suponiendo que el CAE era gratuito para el Estado, que no le costaba nada. Nada más errado; el CAE actualmente cuesta en recursos que están sobre la línea, cada año, más de US$100 millones. Y que están bajo la línea, cerca de US$900 millones. US$1.000 millones sumados, todos los años”, aseveró.
La discusión no será fácil, pues desde la oposición ya plantearon sus reparos.
“Como siempre, el gobierno propone un proyecto deficiente para luego decir que ellos lo intentaron y el congreso no lo aprobó, evadiendo su responsabilidad. Ésta es una propuesta engañosa, porque no es condonación, sino un nuevo sistema de financiamiento de la Educación Superior que es caro, injusto y no acorde a las prioridades ciudadanas”, afirmó el diputado de RN, Frank Sauerbaum.
La comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados ya aprobó en general la propuesta, que se encuentra en primer trámite.
Reforma política
A fines de noviembre, distintos sectores políticos del Senado acordaron un texto que busca terminar con la fragmentación de la representatividad. Así, plantearon en su propuesta un umbral de un 5% de los votos emitidos para que un partido elija a un parlamentario; una norma transitoria de un 4% solo para el 2025, y la pérdida del escaño por renuncia a la colectividad política, entre otras iniciativas.
El senador del PS, Alfonso de Urresti, sostuvo que “lo hemos conversando desde hace largo tiempo, principalmente en la comisión de Constitución (…) Hay un amplio consenso sobre la necesidad de buscar mayor estabilidad política, representatividad y gobernabilidad en ambas cámaras, con un sistema que avance en elementos que fueron absolutamente de consenso en el acuerdo constitucional, principalmente en la Comisión de Expertos”.
Agregó que “los partidos tenemos que tomar riesgos. Hay una norma transitoria que habla de un umbral de un 4% en la primera elección. Quiero decir que éste es un debate que comienza, no está todo dicho. No se quiere amenazar a nadie, sino tener partidos mayoritarios y terminar con la pluralidad de instituciones que hoy conocemos”.
Pero no todo el mundo político está de acuerdo. La presidenta del Partido Social Cristiano y diputada por Ñuble, Sara Concha, planteó “la búsqueda de una fórmula, un camino que nos permita llegar de la mejor forma a un consenso para avanzar en las decisiones que se toman desde el congreso, que es la casa de la democracia, pero no a costa de que el monopolio lo tengan los partidos más grandes. Nuestro partido surge, en parte, porque había quienes no se sentían representados por el resto de las colectividades”, dijo.
La iniciativa, recién en primer trámite, fue puesta en tabla en la comisión de Constitución del Senado para este martes 7 de enero.
Aborto
“Estoy convencido de la necesidad de dar un debate democrático en materia de derechos sexuales y reproductivos”, dijo el Presidente Gabriel Boric en su tercera cuenta pública, tras anunciar la presentación de un proyecto de ley de aborto legal para el segundo semestre de 2024.
En la instancia, el Mandatario también anunció el ingreso a la Contraloría de un nuevo reglamento para la normativa que regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (Ley IVE).
Sin embargo, el pasado 24 de diciembre, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, señaló que la iniciativa del gobierno sobre el aborto será postergada.
“Tras varios meses desde el ingreso del reglamento, un recurso de protección bastante sui generis mediante, y un proceso de interacción -que es normal de cualquier proceso de trabajo en conjunto cuando se inicia un reglamento con la Contraloría General de la República-, hemos estimado pertinente como Ministerio de la Mujer, coordinador de este proyecto que ya está delineado y que ya ha iniciado sus procesos prelegislativos; aplazarlo hasta que tengamos la toma de razón del reglamento por motivos que son tanto técnicos como políticos”, anunció la ministra.
A nivel local, la abogada feminista, Josefa Balmaceda, manifestó su preocupación por la promesa incumplida.
“Es complejo su debate (ley de aborto), por todos los conflictos valóricos, jurídicos, y de derechos fundamentales que existen dentro de lo que es el planteamiento de un aborto libre sin causales. Ahora, ya es desalentador que se presente al final del gobierno, con una derrotada posición al señalar que no han podido conseguir avances, ni siquiera en el reglamento que han querido ingresar para la objeción de conciencia, para limitarla, y que no sea un obstáculo para las mujeres que están amparadas por las garantías del aborto en tres causales”, afirmó.
Agregó que “ya la negativa a esta garantía en estos casos especiales sería constitutiva de violencia obstétrica y revictimización, si es que por lo menos a la objeción de conciencia no se le pone límites, pues estaría limitando una garantía”.
Para Josefa Balmaceda, “dentro de las esperanzas que existen, está que se ponga en debate y que también se pueda avanzar en lo que ya existe, y no se retroceda, considerando que más allá de las tres causales existen muchas realidades que es necesario que se puedan mirar como sociedad, para trabajar en ellas y para evitar nuevamente, como decía, revictimización”.
Regiones más fuertes
En mayo próximo se cumplirán dos años de la tramitación del proyecto de ley “Regiones más Fuertes” -conocido popularmente, en primera instancia, como Ley de Rentas Regionales-, que fue anunciado a fines de abril del 2023 por el Presidente Gabriel Boric.
Éste aún se encuentra en su primer trámite en la Cámara de Diputados, en discusión en particular, razón por la cual, desde los territorios piden que durante este 2025 se “acelere el tranco”.
“Con el nivel central tenemos desafíos, y ciertamente, los pasos para afianzar la descentralización están claros y conversados con el Presidente Boric. Durante su última visita a la región, el mandatario se comprometió a dar curso a dos iniciativas clave: agilizar la tramitación de la ley de Regiones Más Fuertes, que nos permite gestionar el presupuesto de manera más directa, con mayor pertinencia y no por eso, con menos control; y existe consenso respecto de contar con mayores competencias en materia de prevención del delito”, sostuvo el gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo.
Esto, agregó, “dado que en el gobierno regional radica el liderazgo político, y por ende, la conducción de la región, por cuanto no podemos estar ausentes de competencias en materias tan relevantes para la comunidad, como trabajar por comunas y regiones más seguras, sobre todo, con el nivel de inversión que actualmente disponemos, tanto para las organizaciones sociales como para las policías, que gracias a ese presupuesto, se desarrollan y otorgan sus servicios con total eficacia”, manifestó.
