Entre los estudiosos hay coincidencia en que uno de los factores clave para explicar el actual centralismo que afecta a Chile y que nos sitúa como el país más retrógrado de la OCDE en esta materia ha sido el esfuerzo del sistema político por resguardar el principio portaliano de “garantizar el interés y la unidad nacional” por la vía de contar en regiones con una autoridad que sea el representante directo e inmediato del Presidente de la República.
Ese principio, que está en nuestra Constitución desde 1831, se mantiene en la actualidad y su misión es resguardar que “los criollos” que habitan en regiones no se rebelen ante el poder central y pongan en riesgo la “unidad nacional”.
Es así como el centralismo está metido en nuestras principales instituciones, partiendo por los partidos políticos. Es aquí donde encontramos uno de los principales obstaculizadores para avanzar en esta materia, dado que quienes deben proponer reformas para modificarlo, pertenecen a las instituciones más centralizadas que tiene el país.
De hecho, basta revisar nuestra legislación para constatar que el centralismo está arraigado en importantes aspectos de la Constitución y de ahí para abajo en las diferentes normativas y regulaciones que han influido de forma determinante en el fracaso de los esfuerzos por descentralizar el país.
Resalta que en países con partidos políticos nacionales hegemónicos, o con partidos políticos con sistemas de decisión interna centralizados, el gobierno central ejercitará un mayor control sobre el poder político y el uso de los recursos fiscales en los niveles locales. Se puede deducir entonces, que en países con partidos políticos con sistemas de decisión centralizados es donde la descentralización muestra sus peores avances.
Por el contrario, en países con partidos políticos regionales o con partidos que cuentan con sistemas de decisión más descentralizados, se observan mayores avances en materia de descentralización.
¿Por qué se genera este proceso? Porque en esos casos, los representantes políticos territoriales (diputados o senadores, dependiendo del caso) ejercitan una fuerte influencia sobre los legisladores nacionales. La descentralización, entonces, termina siendo el resultado de los incentivos disponibles para políticos de diferentes niveles de gobierno.
Observando el caso chileno -y siguiendo a Heinrich Von Baer- se puede deducir que dada la estructura de decisión para asignar escaños parlamentarios en los partidos políticos, la lealtad de los elegidos está más puesta en las estructuras e intereses nacionales que regionales. Por eso cabe preguntarse ¿Para quién legislan los parlamentarios en materia de descentralización? ¿Para el interés del centro o para el interés real de las regiones?
El proceso constituyente debería entregarnos respuestas de si hay un cambio en esta lógica perversa o seguimos presos de esa dogmática, conservadora e interesada visión que tiene la elite política central respecto de las regiones. Será una real prueba de blancura para quienes participen de él, y de pasarla, un punto de inflexión no solo para terminar con este odioso centralismo, sino también para contener el deterioro de nuestro sistema político, cada vez más dañado desde lo local.
