Es precisamente en tiempos de crisis cuando se exigen más respuestas de parte de las instituciones, y es por ello también que en esos escenarios quedan al descubierto sus debilidades.
En el caso chileno, la crisis sanitaria por el Covid-19, así como también el estallido social, pusieron de relieve el rol de los alcaldes, no solo por su capacidad de interpretar las necesidades particulares de los territorios que gobiernan, debido a su mayor cercanía, sino que también dejaron en evidencia las limitaciones que enfrentan para abordar problemáticas excepcionales, como una emergencia.
Por otro lado, en el nivel central se han observado deficiencias en materia de coordinación durante esta y otras crisis, como por ejemplo, tras el terremoto de 2010, tanto entre los propios ministerios, como en la relación con los municipios.
La opinión pública chilena reconoce la relevancia de actores locales, como los alcaldes y la propia comunidad (75% según Agenda Ciudadana Criteria) para combatir la pandemia y evalúa positivamente la oportunidad de su acción, junto al Colegio Médico. En cambio, cuestiona severamente al gobierno central.
Especialistas en emergencias ya han mostrado las dificultades para una gestión eficiente y oportuna del Estado frente a los frecuentes eventos sísmicos y incendios forestales, dado la actual estructura centralizada del país.
Parte importante del problema radica en la existencia de modelos mentales y prácticas que están en la base y hacen operar instituciones nacionales dando respuestas estándar a problemas específicos y diferenciados. Sin embargo, una mayor profundización muestra la ineficiencia de las respuestas centralizadas. Porque resulta evidente que hoy la situación de la pandemia Covid-19 es muy heterogénea en el territorio nacional y, por tanto, exige respuestas focalizadas.
Desafortunadamente, la discusión de fondo sobre la necesidad de mejorar el diálogo y la coordinación entre los alcaldes y el Gobierno, de manera de evitar errores no forzados, se ha transformado en una trinchera más de enfrentamiento político entre Gobierno y oposición, debido al apetito cortoplacista de algunos y la arrogancia de otros.
En este contexto ha reaparecido en el debate la necesidad profundizar el proceso de descentralización del poder, donde no pocos han levantado como propuesta el reemplazo del actual modelo presidencialista por uno semipresidencialista en el marco del proceso constituyente que se avecina, por ejemplo, entregando más atribuciones al Poder Legislativo.
Más allá de si se resuelve cambiar el modelo de Gobierno, es importante que los chilenos sean capaces de sacar lecciones de esta crisis, además del ámbito sanitario, también en materia de gestión de crisis y de coordinación entre las instituciones del Estado, donde no se debe descartar tampoco el traspaso de atribuciones a regiones y comunas, teniendo especial cuidado de radicar las decisiones según su complejidad, de manera que se ejerzan de manera más pertinente y oportuna.