El diputado por la Región de Ñuble, Cristóbal Martínez (UDI), llamó a tramitar con la máxima urgencia posible un proyecto de ley que presentó a mediados de agosto junto a un grupo de parlamentarios, y que busca tipificar como delito el robo y hurto de cables eléctricos -especialmente de cobres- en el país, considerando que esta semana cerca de cuatro kilómetros de dicho elemento fueron sustraídos en Chillán Viejo, provocando que más de 11 mil clientes permanecieran sin luz.
Al respecto, y junto con condenar lo ocurrido en la comuna, el representante del Distrito 19 explicó que dicha iniciativa -que se encuentra radicada en la comisión de Constitución de la Cámara Baja- permitiría aumentar considerablemente las penas para quienes sean sorprendidos cometiendo el delito, como también a quienes se dediquen a la reducción y a la reventa de cables de cobre robados.
En esa línea, el parlamentario gremialista aseguró que, de acuerdo a las últimas estadísticas, actualmente se cometen -en promedio- 60 robos de este tipo al día, lo que por ejemplo provocó que sólo durante el año pasado más de dos millones de hogares vieran interrumpido su servicio eléctrico.
“El constante robo de cables de alta tensión, destinados a la transmisión eléctrica en nuestro país, no sólo se ha convertido en un verdadero problema y un dolor de cabeza para las empresas que prestan este servicio, sino que también para los usuarios, que deben sufrir con interrupciones inesperadas y en distintos momentos, lo que incluso puede tener consecuencias fatales para las personas que son electrodependientes y que justamente dependen de este suministro. Y hoy vemos que, lamentablemente, lo acaban de padecer más de 11 mil clientes de la comuna de Chillán Viejo, debiendo ser abastecidos desde otras fuentes para recuperar su energía”, comentó el diputado UDI, quien manifestó que “estamos hablando de uno de los delitos que más víctimas genera en el país”.
Por lo mismo, Martínez se comprometió a solicitar que el proyecto sea puesto en tabla una vez que finalice la tramitación de la Ley de Presupuesto del próximo año, asegurando que es “indispensable” que se tipifique como delito una acción que durante el último tiempo “se ha vuelto una constante”.
Asimismo, el parlamentario por Ñuble precisó que la iniciativa también establece millonarias multas contra los funcionarios públicos que participen de organizaciones destinadas a la comisión de este delito, que sólo durante el año 2023 registra más de 170 kilómetros de cables eléctricos sustraídos.
“Vamos a hacer el mayor de los esfuerzos para sacar adelante este proyecto, que como mencioné no sólo afecta a las compañías eléctricas y a los hogares de nuestro país, entre ellos a las personas electrodependientes, sino que también perjudica, por ejemplo, a los sistemas de Agua Potable Rural (APR) que dependen de la energía para el funcionamiento de sus bombas, de manera que estamos hablando de un grave problema que afecta a prácticamente todas las personas”, sostuvo Martínez.
