La politización del debate ha transformado a la licitación de un contrato de explotación de litio, adjudicado el miércoles a dos empresas –una de capitales chinos y la otra chilena- en la nueva disputa que enfrenta al Gobierno de Sebastián Piñera y a la oposición, incluido el Presidente electo, Gabriel Boric. Es más, un grupo de parlamentarios llevará a la Justicia y a la Contraloría los cuestionamientos al proceso, argumentando que éste tuvo vicios, como por ejemplo, la no consideración de las recomendaciones que hizo la Comisión Chilena de Energía Nuclear y las denuncias de supuesta información privilegiada de las dos empresas ganadoras. Además, los breves plazos considerados en el proceso imposibilitaron la participación de nuevos actores. En síntesis, todo muy a la medida, lo que despierta genuinas sospechas en políticos opositores y una parte de la opinión pública, sobre todo porque no sería la primera vez en esta administración que la política y los negocios se mezclan, de forma poco transparente, para beneficiar a determinados grupos de interés.
Como se sabe, el Ministerio de Minería entregó la explotación de 160 mil toneladas de litio por un periodo máximo de 20 años a la firma china BYD (fabricante de baterías y soluciones integradas de energías renovables y que le vende buses eléctricos al Transantiago) y a Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. que controla el empresario y ex candidato Presidencial, Francisco Javier Errázuriz, a cambio de US$ 61 millones y US$ 60 millones, respectivamente, en cuotas de 80.000 toneladas métricas
Con esta información bastó para que no sólo los políticos opositores, sino que gran parte de la ciudadanía rechazaran la transacción, debido a que muchos consideran que el litio es una riqueza de todos los chilenos que debe ser explotada exclusivamente por el Estado, argumento más bien ideológico que se ve potenciado con la experiencia del cobre, donde Codelco ha descendido paulatinamente su participación, representando hoy no más del 30% de la producción chilena del metal.
Si a eso se suma la cuestionada decisión del Gobierno de insistir en llevar adelante el proceso, pese al amplio rechazo antes mencionado y estar viviendo sus últimos días, marcados por una alta desaprobación y una muy baja adhesión, era fácil prever que la adjudicación sería objeto de una polémica.
En todo caso, conviene precisar que el Estado solo entregó el derecho a explotar 160 mil toneladas de litio, una cifra bastante menor si pensamos en las enormes reservas con que cuenta el país. En rigor, son el 1,8% de todo el litio que posee Chile, que a su vez representa el 25% del total mundial de este mineral, cuya demanda va en franco ascenso, al mismo ritmo de los avances de la electromovilidad.
Desafortunadamente, el debate se ha centrado en quién explotará el litio, en circunstancias que la discusión debiera ser si se continuará exportando como una materia prima –tal como ocurre con el cobre- o si Chile aprenderá de sus errores y concentrará sus esfuerzos en agregar valor a sus commodities.
La eventual transformación del mineral en productos con valor agregado sería mucho más beneficiosa en términos de empleo, ingresos y conocimiento. Sin embargo, se requiere avanzar bastante en investigación científica y tecnológica, un tema que está lejos de interesar a los especuladores financieros y a los políticos de trinchera.
