Señor Director:
La reciente revelación de la Contraloría sobre más de 25 mil funcionarios públicos que viajaron al extranjero con licencias médicas fraudulentas es un escándalo que no solo ofende la ética, sino que también hiere profundamente a un sistema de salud que, en su fragilidad, ya es un campo de batalla. En medio de esta crisis, las instituciones como la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y Fundación Integra se encuentran en el epicentro de un fenómeno donde la corrupción se disfraza de “vacaciones”.
La mafia que lideraron médicos colombianos, vendiendo licencias a través de WhatsApp, es una muestra de cómo la avaricia puede deshumanizar. Mientras miles de chilenos luchan por acceder a tratamientos médicos básicos, otros eligen el camino más fácil: comprar días de descanso con el sudor de la frente de aquellos que realmente los necesitan. Este engaño, que le costó al fisco más de 26 mil millones de pesos, es un insulto a la memoria de quienes han perdido la vida por falta de recursos.
No es solo un problema de dinero; es una crisis moral. ¿Qué nos dice sobre nuestra sociedad que aquellos encargados de cuidar a los más vulnerables sean los mismos que se aprovechan de su sufrimiento? La risa cómplice de estos funcionarios en playas lejanas contrasta con el llanto de quienes no pueden costear su tratamiento.
Las autoridades prometen investigar y castigar, pero la pregunta es: ¿hasta dónde llegará la voluntad política para erradicar esta cultura de impunidad? La salud pública no puede ser un juego de azar para quienes se creen intocables. La honestidad debe ser el faro que guíe nuestras acciones, no solo en la administración pública, sino en el corazón de cada chileno.
Ricardo Rodríguez Rivas
