La reciente decisión del Congreso de aprobar una nueva extensión en la vigencia de las licencias de conducir vencidas a la fecha vuelve a dejar en evidencia una preocupante tendencia: cuando el Estado no logra resolver un problema estructural, opta por relativizar la norma en lugar de fortalecerla. La medida, presentada como una solución pragmática frente al colapso de las direcciones de tránsito, termina siendo un parche que profundiza el problema que dice abordar.
La licencia de conducir es el principal instrumento mediante el cual la autoridad certifica que una persona cuenta con las condiciones físicas, cognitivas y psicológicas mínimas para conducir un vehículo dentro del país. Extender su vigencia sin evaluación efectiva implica aceptar que miles de conductores circulen sin controles actualizados, en un contexto donde la seguridad vial sigue siendo una deuda pendiente del país.
La contradicción resulta evidente si se compara con el rigor que las autoridades exigen a los automovilistas en otros ámbitos. Un permiso de circulación atrasado, una revisión técnica vencida o la ausencia del seguro obligatorio derivan rápidamente en multas, sanciones y hasta el retiro del vehículo. Sin embargo, cuando el incumplimiento es de la propia burocracia del sistema público, la respuesta es flexibilizar la exigencia y modificar la ley para acomodarse a la incapacidad de gestión. La señal es clara y preocupante: las reglas son estrictas para los ciudadanos, pero elásticas para el aparato público.
Como bien advirtió el gerente del Automóvil Club de Chile, Carlos Larravide, esta decisión se adopta pese a conocer las consecuencias que ya tuvo en el pasado una medida similar a la adoptada esta semana por el Legislativo. Lejos de aliviar la carga, las prórrogas sucesivas generaron un efecto acumulativo que hoy mantiene a las direcciones de tránsito colapsadas, con un desajuste administrativo que según cálculos de la organización, podría tardar tres o cuatro años en resolverse. Persistir en esta lógica no permite distinguir entre quienes están efectivamente aptos para conducir y quienes no deberían hacerlo en las vías.
El problema de fondo no es legal, sino de gestión pública. Falta planificación, inversión, modernización de procesos y apoyo real a los municipios, donde el crecimiento del parque automotriz no ha ido acompañado de mayores capacidades operativas. En vez de abordar esa brecha, se opta por trasladar el costo al estándar de seguridad vial.
La seriedad que se exige a los conductores debe ser la misma que el sector público se imponga a sí mismo. Seguir apelando a soluciones transitorias puede ser políticamente cómodo, pero resulta institucionalmente dañino. La seguridad en las calles no admite atajos ni acomodos legales: exige responsabilidad, coherencia y decisiones de largo plazo.
