Share This Article
Señor Director:
La Ley Ricarte Soto se ha convertido en un soporte fundamental en nuestro sistema de salud para garantizar el acceso a tratamientos de alto costo a miles de chilenos y actualmente enfrenta una preocupante parálisis que requiere solución inmediata. Desde 2022, se proyectaba una nuevo decreto con la incorporación de nuevas opciones de tratamiento y casi 24 meses posteriores el decreto permanece en Contraloría, mientras miles de familias y pacientes aguardan respuestas que no llegan.
Este estancamiento abarca más allá de los plazos proyectados. sino que actualmente amenaza la credibilidad de una política pública ejemplar en transparencia y toma de decisiones por su postergamiento y atraso sin visibilidad de sus implementación en los plazos comprometidos por el Presidente de la República en la cuenta pública de este año.
Si bien el gobierno anunció la incorporación de nuevas terapias, esto resulta insuficiente ante la magnitud del retraso acumulado. La institucionalidad que distingue a esta ley debe respetarse: los procesos y plazos no son meras formalidades, sino garantías para quienes dependen de estos tratamientos y la confianza hacia nuestras instituciones que velan por la salud y bienestar de nuestro país
Urge retomar el compromiso con esta política pública pionera. Los pacientes no pueden seguir esperando mientras los procedimientos se estancan en trámites administrativos. El cumplimiento de los plazos y la transparencia en la toma de decisiones son fundamentales para mantener la confianza en un sistema que ha demostrado ser vital para la salud de los chilenos.
Dr. Juan Luis Castro
Senador de la República
