Desde 2018, con las manifestaciones del “18-O”, los enfrentamientos entre civiles y Carabineros superaron las cantidades históricas, y además, los grados de violencia cometidos en su contra, salvo hechos puntuales, han demostrado niveles nunca antes registrados en la otidianidad.
Esto hizo que las autoridades policiales y políticas del país manifestaran que las leyes, hasta entonces vigentes, le entregaban un resguardo insuficiente al policía tanto en la calle como en los tribunales, por lo que se realizó una modificación de la ley 21.560 con una nueva norma llamada “Ley Naín-Retamal”, en homenaje a Eugenio Naín y Carlos Retamal, asesinados en La Araucanía, con lo que se endurecen las penas en contra de sus agresores y además, se amplía el abanico de lo que se considera maltrato de obra a Carabineros.
Tras dos años de su creación, esta ley se aplicó por primera vez en la Región de Ñuble, luego que el pasado miércoles, en el Juzgado de Garantía de San Carlos, se formalizara a un ciudadano identificado como Neftalí Salgado Lagosli, de 36 años, invocándose esta ley por parte del fiscal Pablo Fritz.
El persecutor explicó que “el imputado fue detenido luego de amenazar a varios de sus parientes, en estado de ebriedad, agrediendo a los funcionarios que participaron en su detención, y luego los amenazó, amenazas que se repitieron mientras era trasladado al hospital de San Carlos a constatar lesiones”.
Respecto a la invocación de la ley, el fiscal aclaró que “actualmente, los delitos que tengan relación con lesiones proferidas a funcionarios de Carabineros tienen una pena privativa de libertad, desde esa perspectiva y con esos argumentos, el tribunal acogió la tesis del Ministerio Público, y por seguridad de las víctimas y de la sociedad, decretó en su contra la medida cautelar de arresto domiciliario”.
62 casos de maltratos en 2024
Durante el año 2024, en los diversos juzgados de Garantía de la Región de Ñuble se realizaron 62 audiencias de formalización a imputados por el delito de Maltrato de Obra a Carabineros, destacando los juzgados de Chillán, con 43 de estos casos, y el de Bulnes, con otros 10, aunque no todos obedecen a agresiones a funcionarios en ejercicio.
Los alcances de la ley
Dentro de los alcances de esta ley destacan el fortalecer la protección de los funcionarios policiales, de Gendarmería y de las Fuerzas Armada; regular la legítima defensa de los funcionarios policiales, establecer penas más severas para quienes atenten contra la integridad física de los funcionarios policiales, establecer la responsabilidad penal del alto mando y precisar el delito de apremios ilegítimos y el grabar videos de algunas actuaciones policiales.
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