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Con no poca ironía y frustración, empresarios y representantes gremiales comentaban días atrás que los esfuerzos del GORE y de la Corfo por atraer inversiones a la región no tendrían sentido, si el territorio no está en condiciones de acogerlas. Esto debido a que Ñuble carece de la infraestructura de transmisión eléctrica que requiere para satisfacer la demanda actual y futura.
La situación obedece a la falta de una adecuada planificación de las inversiones varios años atrás, una labor que corresponde a un ented técnico denominado Coordinador Eléctrico Nacional. A fines de 2011, el escaso interés de las autoridades de la región del Biobío por actualizar la infraestructura de transmisión de la entonces provincia de Ñuble replicó la mirada centralista de Santiago respecto al desarrollo de las regiones. Y salvo excepciones, las empresas del sector transmisión y distribución no alzaron la voz sino hasta 2020, cuando el problema ya estaba encima.
Para peor, el único proyecto importante en materia de transmisión que tenía la región, la ampliación de la línea de 66KV Charrúa-Chillán, que permite triplicar su capacidad (desde 27 a 90 MVA de potencia), fue abandonado en 2022 debido al alza de los costos, quedando paralizado. Después de aquello, se han realizado seis licitaciones del mismo proyecto, pero todas han fracasado debido a que el valor de referencia calculado por la autoridad ha estado muy alejado de las estimaciones del mercado.
Sin embargo, este bucle en lo que se han transformado las licitaciones de obras de ampliación de la transmisión en Ñuble podría llegar a su fin tras la reciente aprobación de la Ley de Transición Energética que no solo impulsa medidas para avanzar en el proceso de descarbonización de la matriz energética, sino también entrega herramientas para destrabar y agilizar la adjudicación de obras que son urgentes para la región.
Se trata de una buena noticia, sin embargo, no hay que olvidar que los tiempos de las nuevas normas y su aplicación a los contratos, igual que los plazos de concreción de las obras, son inversamente proporcionales a la urgencia que se requiere en este tema.
De hecho, aún queda la elaboración y dictación del reglamento de la Ley de Transición Energética, que debe precisamente normar los aspectos específicos del traspaso del proceso de licitación a manos de los propietarios de los proyectos -en el caso de Charrúa-Chillán es la CGE- junto con un mecanismo transitorio de revisión del valor de inversión para obras paralizadas, a fin de permitir que continúe su construcción.
Por otra parte, en la práctica, concretar esta obra podría tardar tres años o más, dependiendo de la agilidad de los permisos y de la coordinación y colaboración público-privada, que es fundamental no solo para este proyecto, sino para superar un rezago de infraestructura de transmisión eléctrica que ha impedido dar factibilidad de suministro a más de 1.300 solicitudes, principalmente inversiones en los rubros agrícola, agroindustrial y habitacional. La región más pobre de Chile no lo merece.
