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Señor Director:
La reciente sentencia al estudiante que agredió brutalmente a su profesor, Miguel Miño (cuyo rostro fue reconstruido con 20 tornillos), marca un precedente en Chile y pone en evidencia la necesidad urgente de actualizar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
La condena de dos años de internación en un sistema semicerrado, aunque significativa, expone una crisis mayor: la violencia, en este caso en una escuela, refleja problemas más profundos, como la falta de control familiar y el abandono institucional.
La ley actual busca equilibrar castigo y rehabilitación, pero no garantiza una reinserción efectiva. Los centros como Mejor Niñez enfrentan serios problemas de recursos, lo que compromete la seguridad y la reintegración de los jóvenes.
La violencia juvenil ha evolucionado y nuestro sistema legal debe adaptarse a esta nueva realidad. La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente requiere una actualización urgente para responder eficazmente a los desafíos actuales.
Sabas Chahuán
Exfiscal nacional
