Como cada año al filo de septiembre, el Ejecutivo se prepara para enviar hoy al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto, que regirá los gastos e inversiones de 2026 en áreas tan diversas como salud, educación, obras públicas y desarrollo regional. La fecha límite, establecida en la Constitución, es este martes 30, cuando el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, acompañado de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, entregue la propuesta junto con la exposición del Estado de la Hacienda Pública y el Informe de Finanzas Públicas.
La discusión se iniciará en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, integrada por 13 diputados y 13 senadores, que revisará las partidas ministerio por ministerio en sus cinco subcomisiones. Aunque los parlamentarios no pueden modificar los ingresos estimados por el Ejecutivo, sí pueden reducir gastos o rechazar partidas específicas, lo que abre un espacio para el debate político en medio de un escenario fiscal tensionado por la advertencia del Consejo Fiscal Autónomo: en 15 de los últimos 17 años, el gasto público ha superado los ingresos estructurales.
La novedad de este año es que el Ministerio de Hacienda adelantó un ajuste en los recursos para las gobernaciones regionales. Según trascendió, se trataría de un recorte de alrededor de US$2.000 millones a nivel nacional, que en el caso de Ñuble significaría una disminución de $4.290 millones. Una decisión que, a juicio de las autoridades locales, contradice el espíritu de la descentralización y amenaza proyectos ya comprometidos.
“Congreso tendrá mucho qué decir”
El gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, sostuvo que la propuesta genera incertidumbre entre alcaldes y comunidades que dependen de la inversión regional.
“Quiero pensar que las cifras que dieron hace un par de días se van a revertir y, de no ser así, creo que el Congreso tendrá mucho qué decir. Nuestros parlamentarios están por defender el presupuesto regional”, afirmó.
Desde la oposición, las críticas también apuntan hacia la falta de equidad en el ajuste.
El diputado en integrante de la comisión de Hacienda, Frank Sauerbaum (RN), pidió objetividad en el diseño de los recortes.
“Lo que no puede pasar es que regiones como la nuestra, con alta ejecución presupuestaria, reciban un castigo en lugar de un reconocimiento. Creemos que el gobierno finalmente va a desistir de este masivo recorte”, aseveró.
La diputada Sara Concha (PSC) calificó de “impresentable” la disminución. y adelantó que sus esfuerzos estarán puestos en revertirla durante la tramitación.
“Ñuble tiene grandes desafíos y lo que requiere es apoyo, no menos recursos”, expresó.
El diputado Cristóbal Martínez (UDI) coincidió con que la medida golpea directamente a una de las regiones con mayores indicadores de pobreza y desempleo. Recordó que el propio ministro Grau había “relativizado la magnitud de los recortes en conversaciones preliminares”, aunque la duda persiste hasta conocer el detalle oficial.
Señales de apertura
El debate presupuestario de este año se anticipa especialmente intenso: de un lado, el Ejecutivo busca avanzar en consolidación fiscal; del otro, gobernadores y parlamentarios defienden el financiamiento de proyectos regionales como algo clave para el desarrollo económico y social. El desenlace dependerá de las negociaciones en el Congreso, que tiene un plazo de 60 días para despachar el proyecto antes de que, por defecto, entre en vigencia la versión presentada por La Moneda.
Mientras tanto, las regiones esperan que el Ejecutivo dé señales de apertura. Para Ñuble, el presupuesto 2026 no solo significa recursos, sino también la posibilidad de consolidar una agenda de inversión que responde a compromisos ya asumidos.
Como resumió Crisóstomo, la decisión final “no puede ser entendida como un retroceso en el proceso de descentralización que tanto ha costado construir”, manifestó.
