Tras un extenso y arduo debate, el Senado aprobó y despachó a tercer trámite constitucional el proyecto de ley que establece un nuevo marco regulatorio para la prevención y mitigación de incendios forestales, una iniciativa largamente esperada en regiones altamente expuestas como Ñuble, donde los incendios de las últimas temporadas han dejado viviendas destruidas, ecosistemas dañados y comunidades rurales en permanente estado de vulnerabilidad.
“Prevención”, “que el Estado llegue antes que el fuego”, “una herramienta para evitar que se repitan tragedias” y “salvar vidas” fueron algunas de las expresiones que marcaron la discusión en la Sala, donde se aprobaron las normas que no presentaron observaciones y se respaldaron, por mayoría, una serie de votaciones separadas y enmiendas propuestas durante el trámite legislativo.
El proyecto —analizado durante más de dos años y en al menos 15 sesiones solo en la Comisión de Agricultura— busca regular de manera integral la prevención y mitigación de incendios forestales, introduciendo nuevos instrumentos de gestión y fortaleciendo los existentes, con el objetivo de reducir el riesgo y el impacto de estos eventos sobre la vida de las personas, los bienes, la infraestructura y el medio ambiente.
Un nuevo marco preventivo
Entre los aspectos centrales de la iniciativa se encuentra la incorporación de definiciones técnicas clave, como las zonas de interfaz urbano-rural y las zonas de amortiguación, espacios donde se concentran los mayores riesgos y donde los propietarios deberán implementar medidas obligatorias de prevención, tales como cortafuegos y manejo de vegetación.
La ley otorga además nuevas atribuciones al Servicio Nacional Forestal (Sernafor) para fiscalizar el cumplimiento de los planes preventivos y aplicar sanciones económicas, que en el caso de infracciones graves pueden alcanzar hasta 1.000 UTM, y en infracciones gravísimas, hasta 3.000 UTM.
Asimismo, se refuerzan las capacidades de la actual Conaf y se potencia la coordinación con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y otros actores públicos y privados.
Otro eje relevante es la educación y corresponsabilidad ciudadana, con énfasis en la preparación de comunidades organizadas, el uso regulado del fuego y el fomento de sistemas de agroforestería como herramienta de reducción de riesgos.
A ello se suma la creación de mecanismos de asistencia técnica para pequeños productores, patrullajes preventivos, fortalecimiento de la labor pericial y un sistema formal de denuncias y fiscalización.
En materia de planificación territorial, el proyecto modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, estableciendo un mecanismo ágil para incorporar las zonas de interfaz urbano-rural en los instrumentos de ordenamiento, permitiendo una respuesta más rápida ante amenazas de desastre.
Debate y reparos en el Senado
Durante la discusión, uno de los puntos más controvertidos fue la supuesta existencia de “rasgos expropiatorios” en el proyecto, cuestionamiento que algunos senadores vincularon a una eventual afectación del derecho de propiedad. Desde la Sala se aclaró que la iniciativa se basa en el principio de responsabilidad social y que no contempla expropiaciones, llamando a no “cercenar” una ley considerada urgente.
No obstante, el artículo 18 —relativo al cumplimiento de medidas en zonas de amortiguación— fue parcialmente rechazado, eliminándose un párrafo que establecía indemnización por daño patrimonial efectivo derivado del cumplimiento de las medidas, con el fin de abrir espacio a una nueva propuesta. Diversas voces insistieron en que este punto resulta clave para pequeños propietarios rurales.
También se plantearon críticas por el tiempo de tramitación, recordando que el proyecto ingresó hace más de dos años y que su “sentido de urgencia” no se reflejó en la velocidad legislativa, pese a las reiteradas tragedias ocurridas a lo largo del país.
Reacciones desde Ñuble: respaldo, críticas y advertencias
Desde la Región de Ñuble, las reacciones parlamentarias reflejaron tanto apoyo como reparos al contenido de la ley.
El diputado Cristóbal Martínez cuestionó el alcance real de la iniciativa, sosteniendo que “Chile necesita una ley de incendios que prevenga, no una ley que llegue cuando todo ya se quemó”. A su juicio, “este proyecto se presenta como preventivo, pero en la práctica no fortalece al Estado ni a los municipios para anticiparse a las emergencias”, advirtiendo además que “termina trasladando la responsabilidad de la prevención a los agricultores y pequeños productores, sin apoyos claros ni compensaciones”.
Desde el Senado, la parlamentaria por Ñuble Loreto Carvajal valoró la aprobación del proyecto en un contexto marcado por graves emergencias en Ñuble y Biobío. “Lo que estamos viviendo hoy es una tragedia que no puede normalizarse. Familias que lo pierden todo y comunidades rurales amenazadas hacen que esta ley sea urgente y necesaria”, afirmó.
Carvajal subrayó que la nueva legislación fortalece la prevención, la planificación territorial y las responsabilidades frente a conductas negligentes o dolosas, pero recalcó que su impacto dependerá de la implementación. “Esta ley no puede quedarse en el papel. Debe traducirse en apoyo concreto a brigadistas, municipios, comunidades rurales y pequeños agricultores”, sostuvo, llamando a un rol activo del Estado antes, durante y después de las emergencias.
La diputada Marta Bravo, en tanto, respaldó el avance del proyecto, aunque puso el acento en la gestión. “Una ley por sí sola no será útil si no hay un cambio en la cultura y en la conducta institucional”, precisó, citando como ejemplo la necesidad de mantener limpias las fajas fiscales rurales, una acción básica para la prevención que —a su juicio— muchas veces falla por falta de coordinación.
Por su parte, el senador Gustavo Sanhueza calificó la aprobación como “una buena noticia para la seguridad y la vida de las personas”, aunque recordó las divergencias surgidas en la Comisión de Hacienda por el financiamiento y las nuevas responsabilidades para pequeños propietarios. Aun así, destacó que el acuerdo alcanzado “es bastante consistente en materia de prevención” y afirmó que, de ratificarse en la Cámara de Diputados, “ya no habrá excusas para que Chile se prepare adecuadamente antes de la temporada estival 2027”.
Expectativa regional
Con su despacho a tercer trámite constitucional, el proyecto vuelve ahora a la Cámara de Diputados, donde deberá resolverse el contenido final de la ley. En regiones como Ñuble, golpeadas recurrentemente por incendios forestales, el debate ya no es solo legislativo, sino profundamente territorial.
La expectativa es que esta ley marque un punto de inflexión en la forma en que el país enfrenta los incendios: pasando de la reacción tardía a una prevención efectiva, con responsabilidad compartida, apoyo estatal real y una mirada sistémica que considere las particularidades rurales y climáticas del territorio.
