Un importante avance exhibe la tramitación de la llamada Ley de Fármacos 2, el proyecto que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias. El texto se encuentra en comisión mixta, donde ya se revisaron las indicaciones introducidas por el Ejecutivo y los senadores y a fines de enero prácticamente quedó listo para ser despachado a Sala.
La iniciativa legal busca facilitar el acceso a los medicamentos a la población considerando el precio y calidad de éstos. Asimismo, apunta a perfeccionar las prácticas de la industria que va desde el laboratorio que los produce, hasta la farmacia que los vende.
Durante 2019 y 2020 se aprobaron aspectos como la prohibición de publicitar fármacos, la obligación de incluir la Denominación Común Internacional (DCI) en la patente, la regulación de las reuniones de visitadores médicos con prestadores, la obligación de las farmacias de dispensar por DCI y el permitir el uso de receta electrónica, entre otros.
Sin embargo, quedaron pendientes materias, como la intercambiabilidad de productos farmacéuticos por dos años y cuando existe bioequivalencia, el fraccionamiento, la prohibición de establecer contratos injustificados entre proveedores y farmacias, la regulación de los conflictos de interés y la política de precios.
Entre los cambios aprobados en enero, destaca la creación de un Observatorio Nacional de Medicamentos a cargo de la Subsecretaría de Salud Pública, que analizará los costos y gastos de los fármacos en comparación al mercado internacional. También estudiará los problemas de costos cuando se presenten diferencias sustanciales y propondrá al Ministerio de Salud precios máximos a determinar.
Y si bien en enero se avanzó en las votaciones, quedó por afinar algunos aspectos relacionados con el Precio máximo industrial, es decir, el valor al que comercializan los laboratorios, como también definir la Tarifa de Dispensación, de las farmacias.
El Ministerio de Salud fijará precios máximos sobre la base de la recomendación del Observatorio Nacional de Medicamentos.
Se trata de una respuesta del Estado a un problema del mercado derivado de su alta concentración: los elevados precios. El conocido oligopolio de las farmacias, sancionado por colusión, y su turbia relación con los laboratorios, advertida por más de un fiscal económico en los últimos años, ha generado una dura respuesta del legislador, que, consciente de la inconveniencia de llegar al extremo de la fijación de precios, como si se tratase de una economía centralmente planificada, ha debido anteponer el bien superior que representan los millones de consumidores indefensos frente a las alzas de precios.
Lo que debe preocupar ahora es si el legislador estará dispuesto a limitar otros mercados que también exhiban vicios de competencia con efectos negativos para los consumidores.
