Señor Director:
Cuando los bienes son escasos, sobre todo en tiempos de coronavirus, es fundamental poner normas para evitar las malas prácticas. Sobre todo, considerando que, en Chile, las multas para sancionar a las grandes empresas no constituyen un elemento disuasorio para modificar sus prácticas, ya que no son lo suficientemente altas y, peor, las internalizan como un costo que después es trasladado al precio que pagan los consumidores.
Cuando son efectivas, las penas de cárcel tienen un impacto disuasivo mayor sobre conductas anticompetitivas que las sanciones económicas, por varios motivos, entre ellos, porque no pueden ser financiadas por terceros y porque las multas pueden representar una fracción menor de la riqueza del coludido, en el caso de individuos de alto patrimonio. La posibilidad de ir a la cárcel, para todos los miembros de un cartel, salvo quien sea el primero en denunciarlo, también potencia la efectividad de la delación compensada.
En ese sentido y frente al contexto económico que nos desenvolvemos, es imperante poner celeridad al proyecto anticolusión, una iniciativa que aumenta la fiscalización, garantiza la protección de quién da a conocer el hecho y aumenta, de una vez por todas, las penas para quienes abusan de su poder, en desmedro de la calidad y el dinero de las familias chilenas.
Renata García
