Por un lado, somos una sociedad bastante legalista, vale decir, tratamos de regular y corregir aspectos de la vida a través de leyes, muchas veces como una reacción frente a un suceso desafortunado; pero, por otro lado, el refrán español “Hecha la ley, hecha la trampa” refleja con sencillez la idiosincrasia criolla.
Pero esta visión legalista ha permitido cambiar conductas consideradas nocivas, por ejemplo, en materia sanitaria o de seguridad vial. Basta recordar la obligación de utilizar sillas para bebés en los automóviles, la tolerancia cero con el consumo de alcohol en los conductores, la prohibición de fumar en recintos públicos cerrados o la Ley de Etiquetado de Alimentos. Algunas, más controvertidas que otras, finalmente terminaron imponiendo cambios de hábitos.
En estos procesos ha sido clave la fiscalización, una herramienta clave para que la ley no se convierta en letra muerta, como ha ocurrido con iniciativas legislativas llenas de buenas intenciones, pero de difícil implementación. Por ello, no solo debe existir una adecuada fiscalización, sino que debe ser permanente, de lo contrario, el efecto disuasivo se va diluyendo.
Resulta necesario entonces que las entidades fiscalizadoras cuenten con las herramientas y los recursos para cumplir las nuevas responsabilidades que se les van añadiendo en la medida que se promulgan más leyes. Aunque muchas veces el trabajo de fiscalización también está supeditado a la voluntad y prioridades de la autoridad respectiva, y eventualmente, a presiones; de otra forma no se explicaría la presencia de tantos vendedores ilegales en las calles o la abrumadora cantidad de vehículos mal estacionados.
En el caso del proyecto de ley que obliga a los locales de comida a informar el contenido calórico de sus preparaciones en cartas y menús, que se encuentra en su primer trámite, a primera vista resulta positivo entregar la información necesaria a los consumidores para que puedan tomar buenas decisiones en términos nutricionales, atendiendo la crisis de sobrepeso y obesidad que enfrenta el país. Sin embargo, la iniciativa no considera aspectos emocionales asociados al consumo de alimentos, reduciéndolo a un mero acto biológico, lo que puede tener implicancias psicológicas negativas en ciertos segmentos de la población.
Por otro lado, su implementación podría resultar compleja, por ejemplo, para aquellos locales que varían sus menús a diario. Naturalmente, también tendría un costo adicional, por ejemplo, en la asesoría nutricional, en la papelería asociada o en el uso de tecnologías, lo que sería una mala noticia para un rubro que recién parece haberse recuperado del impacto de la pandemia y que hoy está lidiando con tres onerosas medidas: el aumento del sueldo mínimo, la reducción de la jornada laboral y el incremento de las cotizaciones previsionales.
Finalmente, la fiscalización demandará más recursos por parte de la autoridad sanitaria, que hoy está concentrada en los locales formales, pero poca atención presta a los alimentos que se comercializan de manera ilegal tanto en la vía pública como en las plataformas digitales.
Será fundamental, entonces, analizar los eventuales efectos y beneficios de esta iniciativa y la factibilidad de su implementación, a través del diálogo con todos los actores involucrados, antes de aprobar una ley que podría ser “letra muerta”.
