De casos aislados a frecuentes. En esa simple frase se resume la historia de las causas relativas al crimen organizado en la Región de Ñuble.
Delitos como homicidios entre narcotraficantes, policías, menores de edad, investigaciones por casos de corrupción, malversación de fondos públicos, sicariatos y agrupaciones que arriendan armas a delincuentes son el nuevo rostro de un crimen organizado, que ya nadie desconoce en nuestra zona.
Menores reclutados para asaltos y una interminable cantidad de investigaciones abiertas por casos de corrupción revelan un perfil complejo de estas nuevas organizaciones, que recaudan millones al año, generando así una nueva línea investigativa y casi inédita en Ñuble: el lavado de activos.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]Esta manera de transformar en bienes materiales o en facturas falsas todo el dinero obtenido por vías ilícitas o irregulares, para evitar un rastreo contable y policial se advierte como inevitable por parte de fiscales, abogados y por la policía local, quienes además, entienden que lo anterior supone un desafío enorme en especializaciones, capacitaciones y equipamiento en la jurisdicción para dar pelea a un rival que parece ir, a lo menos, dos pasos más adelante.
Si bien en Ñuble, desde la entrada en vigencia del sistema procesal vigente hasta la fecha, nunca ha habido ni juicios ni formalizados por lavado de activos, sí existen causas en proceso de investigación prejudicial avanzadas, y otras en una fase más incipiente. Pero es en la diferencia entre el primero caso y el resto donde radica el porqué de este previsible futuro aumento de juicios por lavado de activos.
“Hasta muy poco tiempo, las causas asociadas al lavado de activos estaban todas casi de manera exclusiva, relacionadas con el narcotráfico, que es precisamente nuestra tesis en una causa que ya se está investigando en la comuna de San Carlos. Pero luego la ley cambió, precisamente por la gran cantidad de organizaciones criminales que se dedicaban a otro tipo de delitos, pero que de igual forma comenzaron a generarles grandes sumas de dinero”, explica el abogado penalista, Rodrigo Vera Lama, quien actúa como querellante en favor de la causa de San Carlos.
La Ley 19.913 hoy incluye tráfico de estupefacientes, de armas, terrorismo, ilícitos relativos al mercado de valores, propiedad intelectual, prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, secuestros, producción y exhibición de pornografía infantil, tráfico de migrantes, promoción a la prostitución, trata de personas, apropiación indebida, fraude al fisco, administración desleal, defraudaciones y el asociarse u organizarse para cometer estos delitos.
En entrevista reciente con La Discusión, el jefe de la Fiscalía de Chillán, abogado Sergio Pérez, experto en investigación de delitos de corrupción, dijo que actualmente, las causas vigentes por estos delitos en Ñuble son 116, concentrándose en Chillán un total de 78.
“En cada una de estas 116 causas hay funcionarios públicos de diversas entidades involucrados. Y al menos cuatro o cinco por causa”, puntualizó el fiscal. Incluso aunque un nombre se repita en más de una causa, por aritmética simple, la ecuación nos arroja que en la región hay, a lo menos, 400 funcionarios públicos imputados por hechos de corrupción.
Los más frecuentes son los de falsificación de instrumento público, negociaciones incompatibles, tráficos de influencia, cohecho y soborno, fraude al fisco, exenciones tributarias y el fraude de subvenciones.
“Las investigaciones que nosotros tenemos abarcan a municipalidades, pero también a otras entidades, por ejemplo, la malversación de caudales públicos es propio no solo de las municipalidades, sino que de distintos organismos. Puede ser que la percepción ciudadana sea la de que esto se comete solo en las municipalidades, pero eso no es así. También lo vemos en las instituciones castrenses y otras reparticiones públicas”, advirtió el persecutor.
Armas, autos y más
A estas causas funcionarias y a las de drogas (las más comunes) hoy, las investigaciones por robo y clonación de vehículos –con adulteración de documentación- y la presencia de una cantidad cada vez mayor de armas ilegales en la región, ha motivado la creación de una serie de focos investigativos en la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía. Solo a fines de mayo, el fiscal jefe de esta unidad, Álvaro Hermosilla, anunció a este medio que se está comenzando a concretar un foco de armas.
“Ya hay antecedentes suficientes para afirmar que hay grupos especializados en el tráfico y arriendo de armas a bandas delictuales locales. Esto lo hacen con el fin que los delincuentes no tengan armas en sus domicilios y así evitar un aumento de penas en caso de incautaciones”, explicó.
Estos grupos no delinquen en terreno, ni tampoco dejan rastros en redes sociales. Son un lucrativo negocio de “boca en boca”, cuyo ingreso requiere lavado de dinero, que se puede simular tras algún negocio formal en cualquier giro comercial. Y todo eso, hoy está siendo investigado por la PDI.
La Fiscal Regional de Ñuble también anunció que en la causa llamada “operación Varsovia”, de la PDI, y que terminó con la incautación de más de un centenar de autos, además de relojes y armas, “estamos estudiando una arista investigativa sobre lavado de activos”.
Y otros ejemplos de una más que incipiente actividad criminal organizada se están dejando ver en el robo al alza de insumos agrícolas, especialmente, de orden fitosanitarios, de fertilizantes y otros químicos; o los constantes operativos por detenciones de camiones cargados con madera robada en la macrozona sur, con pasos por la Región de Ñuble, forzando así una mayor fiscalización a las barracas locales.
Conforme a cifras oficiales de la PDI, a nivel nacional, en 2019 hubo solo dos tipos de delitos con investigaciones judicializadas: drogas, con un total de $693.616.848 asociado a las incautaciones; y los delitos de cohecho y fraude al fisco, por montos de $2.044.696.068.
Ya para el 2020, los delitos de cohecho se redujeron a cero, los de droga bajaron levemente a $681.297.580.
Pero aparecieron otros como receptación ($385.000.000), asociación ilícita-Homicidios ($211.830.350), contrabando ($1.240.970.000) y fraude al Fisco ($4.327.223.412).
De esta manera, el total de los montos asociados al lavado de activos pasó de $2.737.912.916 en 2019, a $6.946.321 en 2020.
Respecto a los destinos de estos dineros, en 2019 eran casi de manera exclusiva a bienes inmuebles ($1.756 millones), vehículos ($596.216,848) y a bienes congelados ($400 millones).
Para 2020, los bienes congelados subieron un mil por ciento ($4.056.667.595) y aparecieron otros bienes como Valores y Dineros ($339 millones), y otros activos menores ($194 millones), mientras que en bienes inmuebles y vehículos hubo variaciones menores.
Solo una Brilac en Chile
Si bien en Ñuble se cuenta con una Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec), el Ministerio Público le ordena investigar las aristas de lavado de activos a las unidades que comenzaron investigando el delito base.
De esta manera, en caso de abrirse esta arista ante el arresto de una banda de traficantes de droga, será la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado (Brianco) la encargada de estas indagaciones (o el OS7 si la causa es de Carabineros); y se desprende tras una incautación de vehículos robados, la tarea se le asigna o a la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI o a la SEBV, de Carabineros.
“El punto es que en Chile, solo hay una Brigada Investigadora de Lavado de Activos, que es la Brilac, que está en Santiago y nada más”, apunta el penalista Vera Lama.
Y aunque admite que no es necesario que haya una Brilac en cada región, “creo que por lo que se está observando a nivel nacional y a nivel regional, pronto será neceasario que haya a lo menos dos o tres más, por ejemplo Valparaíso y Concepción, porque claramente esta brigada requiere de peritos específicos y con capacitaciones muy puntuales”.
En efecto, se trata de un delito muy complejo de investigar porque, en primer lugar, se requiere de la comprobación y formalización de un primer delito base, y en segundo término, de peritos y profesionales especializados en la materia.
Por otro lado, cuando se trata de delitos funcionarios, está el obstáculo de la red de protección y de poder que suelen blindarlos.
“Me preocupa este amiguismo que existe, estos grupos que se han vinculado y que llevan años trabajando aquí, a través de empresas u organismos públicos, y el hacerse favores ilegales suele ser una manera de relacionarse. Eso es sí es más común acá (en Ñuble), comentó el fiscal Sergio Pérez.
Los delitos de lavado de activos hoy tienen pena de crimen y prescriben en un plazo de 10 años.
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