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Ya sea que las midamos por ventas o número de empleados –dos formas clásicas para definir el tamaño de las empresas- las pequeñas y medianas empresas en Chile representan el grueso del sector empresarial privado. Por número, el 99%. Por empleo, aproximadamente el 50%. Por contribución al PIB, un 20%. Y por contribución al pago del impuesto de primera categoría, una cifra cercana. En general, son empresas vinculadas al sector servicios y proveedoras de las grandes empresas.
Siempre el bienestar de las Pymes ha estado en el tapete público. De hecho, siempre es uno de los temas más polémicos de la discusión sobre reformas tributarias o laborales. Lo fue en el pasado y hoy también.
Así, para tener un diagnóstico preciso, cuando se le pregunta a la Pyme cuál es el mayor problema que enfrenta para llevar a cabo su negocio, la respuesta más frecuente es el acceso al financiamiento. No es el costo de éste, sino un problema previo: el acceso.
En tal sentido, conviene poner atención en recientes estudios que revelan que las Pymes no son capaces de generar información financiera y muchas veces mezclan sus estados financieros con los del dueño, además de no lograr separar costos, diferenciar ventas de utilidades y proyectar flujos de caja. Por su parte, la banca, ante la ausencia de este tipo de información, no es capaz de dar acceso a empresas con poca historia o formalidad, generando un círculo vicioso difícil de romper.
Lo anterior está relacionado con el hecho de que si una mipyme no tiene prácticas que se asemejen a una gestión empresarial, con una estructura formalizada, difícilmente podrá acceder a instituciones del sistema financiero e inspirar confianza a los analistas de créditos. Por el contrario, a una pequeña empresa que ya tiene acceso a crédito, mayores conocimientos y habilidades financieras le permitirán hacer un estudio de mercado para comparar entre instituciones financieras que le brinden mejores condiciones, según sea la naturaleza de su negocio y estar en mayor capacidad para poder negociar y hablar en el mismo lenguaje de un banco o institución financiera, en general.
Entonces, si es evidente que lo que falta es acceso a financiamiento en las etapas tempranas del negocio por improvisación, más que solo concentrarse en cuánto dinero fiscal les puedo traspasar o cómo favorecerlas desde el punto de vista tributario, las políticas públicas también deberían enfocarse en la educación financiera de la Pyme.
Las consultorías especializadas son una materias que debería ser reforzada, a través de planes de capacitación realizados por las universidades locales o bien, con transferencia de tecnología desde las grandes empresas hacia las Pymes.
En ese sentido, en la medida en la que las intervenciones se diseñen considerando ejemplos y casos personalizados, métodos de entrega que sean lúdicos y que permitan poner en práctica lo aprendido, tendrán mayor probabilidad de lograr los objetivos de generar cambios conductuales en los hábitos financieros de los pequeños empresarios y empresarias.
La información genera conocimiento y éste, a su vez, produce oportunidades que pueden ser mucho más relevantes que un subsidio o un período de gracia tributaria, y una ganancia mucho más directa para las Pymes que no se pierda en intermediarios o burócratas.
