El jueves pasado terminó la tanda de declaraciones de los diez acusados por el caso fraude al Fisco en Chillán Viejo, con un Ministerio Público que pretende demostrar que en la Municipalidad de esa comuna, el alcalde, Felipe Aylwin, más otros ocho funcionarios y una proveedora se coludieron y coordinaron para obtener recursos en apoyo a la campaña electoral de la autoridad comunal.
Falsificaciones de firmas para ordenar documentos, solicitudes improvisadas e indocumentadas a proveedores, quienes por obrar de buena fe aún no se les paga; y una clara presión de las jefaturas para aportar a un asistencialismo desmedido pese a no tener los fondos necesarios.
Eso fue lo que salió a la luz. De fraude al Fisco y colusión, hasta el momento, muy poco.Pero hubo respuestas que no se dieron. Respuestas que pudieron haber dejado aún más claro, si bien no la existencia de un delito, cómo se estaba tra-bajando en una municipio que, indudablemente, colapsó.
“Objeción, su señoría”
Una de las preguntas que no le permitieron al Ministerio Público, pese a que trató de hacerla de diversas maneras, fue la que esperaban respondiese la directora de Finanzas, Paola Araya.
La funcionaria, habría declarado en una denuncia previa que Lya González, acusada junto al alcalde Aylwin, por contrato simulado (Grupo de imputación 1), “solo aparecía los últimos días del mes a cobrar su cheque”.Sin embargo, declaraba como acusada en otro grupo de imputación, no como testigo de la Fiscalía.
No pudo responder lo que habría fortalecido la tesis de la “funcionaria fantasma”.Una segunda respuesta si bien no frustrada, sí incompleta, fue la que le hizo Rodrigo Vera Lama, defensor de Silvana Ríos (de Buses Ríos) a Gabriela Garrido, jefa de Control.
La acusada reconoció irregularidades en los procesos de contratación de servicios de traslados, a lo que Vera Lama, reaccionó preguntando por el método que ella usó para hacer ese peritaje.“Revisando el libro de compras, con entrevistas a los proveedores y llamadas a los mismos”, respondió sin ahondar más.Sin embargo, Vera Lama dijo a LA DISCUSIÓN, que “esa famosa entrevista fue con Jorge Ríos, dueño de la empresa, y fue en una esquina, en la calle, cuando se la encontró y le reclamó airado por los viajes no pagados. Nos parece impresentable que eso se pretenda presentar como un peritaje”.
¿Quién dio la orden?
Finalmente, hubo pregun-tas hechas a funcionarios que admitieron haber acatado realizar irregularidades, a quienes se les preguntó quié-nes les dieron esa orden.Las respuestas fueron gené-ricas, como “todos lo hacían”, “desde la Dideco”, o “Desde la alcaldía”, sin llegar a dar nombres.Otros acusados, sin embar-go, sí los nombraron: Felipe Aylwin; el exjefe de gabinete, Rosendo Guerra; y el exjefe de Dideco, Andrés León.Vale preguntarse, entonces, ¿para qué tapar nombres y responsables si no había colusión?P
ero sin dudas, la pregunta que sí o sí debería resp onders e es p or qué, si el alcalde Aylwin figura como el principal causante, promotor y agente de presión para que se cometieran estas irregularidades, está acusado por solo uno y el más débil de todos los hechos.“Eso es lo que nos pre-guntamos todos, y nadie se explica”, dice encongiéndose de hombros, el ab ogado Ricardo Robles.
