Fue en los años de estudiante universitario que pasó el académico e ingeniero hidráulico, José Luis Arumi, en Estados Unidos, que un día al llegar a su pequeño departamento, de esos para estudiantes que ofrecen algunas entidades educacionales en ese país, vio que había un grupo de trabajadores trazando con pintura azul algunas líneas en las paredes de esas estructuras o en las veredas.
“Les pregunté respecto a lo que estaban haciendo y me dijeron que estaban marcado los límites a los que llegaría el agua en caso de desbordes de los ríos que teníamos cerca. Y a mi departamento sí habría llegado, pero todo era sólo en caso un desborde que no estaba realmente pronosticado”, apunta.
El relato es una manera de ejemplificar como para la década de los 80, países como Estados Unidos y muchos otros de Europa sí contaban con una herramienta que, ni siquiera hoy, no existe en Chile como son los “mapas de riesgo”. Pese a la cantidad de desastres naturales que año a año nos azotan destrozando villas completas o cobrando vidas.
El profesor Arumi, quien junto al seremi de Medio Ambiente, Mario Rivas; y al director del diario LA DISCUSIÓN, Francisco Martinic, expusieron la semana pasada en el Instituto Virginio Gómez, respecto a los efectos del cambio climático, advirtió que “hay una serie de fenómenos que están afectando a nuestro medio ambiente, tanto en temas del agua, del crecimiento demográfico, de las brechas en materias como energía, relación con los recursos hidráulicos que recién están comenzando a ser considerados en las políticas de Estado”.
Este retraso ya fue abordado por entidades como el Instituto de Derechos Humanos, quienes en 2012 elaboraron los primeros mapas de “conflictos socioambientales” para cada región del país, siendo la última actualización la del 2019 y que para Ñuble reconocía conflictos en materias como los rubros pesca-acuicultura, forestales y energía.
La jefa regional del INDH en Ñuble, Isabel Amor, aclara que “como Instituto de Derechos Humanos nos corresponde el dar cuenta que el proceso de instalación de la Región no está terminado y, por lo tanto, velar porque el Estado tenga la posibilidad de intervenir en caso de situaciones complejas”.
Y añade luego, que a diferencia de lo que sucedía décadas atrás, ante las intervenciones empresariales, gubernamentales o municipales poco criteriosas con los cuidados medioambientales, “la gente está tomando cada vez más conciencia de sus derechos ante estas situaciones que ponen en riesgo a sus comunidades y se han ido dando ejemplos de manifestaciones y oposiciones a ciertas situaciones, lo que nos va mostrando cómo es que a futuro todas las partes deben ir habitando la región”.
Y es así que se pone en relieve con mayor énfasis que nunca, la existencia de las tensiones entre comunidades y las entidades que buscan intervenir el entorno en pos del desarrollo económico de la región más pobre de Chile.
Temas como el agua, la necesidad de crear energías no contaminantes, el manejo de los suelos agrícolas, la necesidad de crear industrias o infraestructura a gran escala para, por ejemplo, almacenar agua, son temas que ya han generado tensiones con comunidades cada vez más informadas, organizadas y conocedoras de sus derechos.
Y aunque este acto de hacer valer los derechos humanos de las comunidades locales, es a todas luces positivo, las pasiones que pueden despertar algunas causas, pueden redundar en discursos populistas que tanto Isabel Amor como José Luis Arumi dicen reconocer y criticar.
Necesidad versus falta de recursos, demandas versus oídos sordos, urgencias versus comunidades cerradas a ceder, crecimiento versus falta de planificación son parte de una ecuación que con más ingenio que dinero, los gobiernos recientes han tratado de abordar en un Ñuble que todavía no parece convencerse de que es una región.
Evitar la autofagia
Uno de los expositores en el seminario realizado en el IPVG fue el periodista y director de nuestro medio, Francisco Martinic, quien presentó un estudio construido con base en diversas investigaciones periodísticas, que permite advertir cómo una región, como la de Ñuble, que -al igual que los países más pobres del mundo-busca subsistir y crear riqueza explotando sus recursos naturales, a falta de políticas de desarrollo actualizadas, puede terminar destruyendo aquello que nos permite subsistir.
Y uno de los primeros elementos revisados por el periodista fue la relación de la región con el agua.
“En el tema del agua, hay tres conflictos socioambientales posibles de destacar. Una de las tensiones se genera por las personas que no cuentan con agua potable (30 mil en Ñuble). Hace cinco años, la población afectada por esta carencia no superaba las 16 mil”, explica.
Y sin embargo, es en este periodo cuando más soluciones de Agua Potable Rural se han instalado en la región, lo que asoma como una contradicción que se explica solo porque cada vez hay más personas que están demandando estos servicios, ya sea porque sus napas se secaron y deben buscar agua más abajo –como efecto del cambio climático-, y por otra parte vemos que estos lugares están siendo ocupadas por cada vez más gente a través de ocupaciones irregulares, parcelaciones y por esta migración ciudad-campo que hemos estado viendo en los últimos años.
La otra tensión, planteada por Martinic, es la necesidad de construir acumuladores de agua, porque obviamente esto es necesario, pese al altísimo costo que significa su construcción.
En la región la capacidad de almacenaje de agua es de apenas 29 millones de metros cúbicos, cifra que palidece frente a otras regiones como el Maule o Biobío, que tienen la misma vocación agroalimentaria que nosotros, por lo que es realmente necesario tanto para la agricultura como para el consumo humano y otras necesidades.
“Pero tampoco se puede perder de obra que esta necesidad requiere de la construcción de grandes obras que también generan efectos ambientales adversos, como una represa de escala mayor que inunda un área natural, o incluso un santuario de la naturaleza como es El Punilla”, apunta.
Para el periodista, incluso la actividad turística de la región mayoritariamente basada en la exploración y aprovechamiento de la naturaleza, no ha tenido un manejo eficiente ambiental.
“Prueba de ello es lo que pasó con la Laguna el Huemul que por un tiempo estuvo cerrada al público por el exceso de basura que dejaban estas visitas y que se traducen a toneladas, asunto que se repite en varios otro lugares”, comenta.
A lo anterior, añade que la falta de regulación territorial ha derivado en verdaderos desastres habitacionales, hoy casi imposibles de revertir, como la gran cantidad de loteos brujos que han sumado a muchas personas que les exigen a sus municipios el contar con los mismos servicios sanitarios, de pavimentación y de energía que se tiene en las zonas habilitadas, pero que al fin y al cabo, no se pueden resolver del todo, lo que deriva en un mal uso de los mismos predios en los que están asentados, con consecuencias como la contaminación de las napas subterráneas por la existencia de pozos negros, a falta de redes sanitarias y alcantarillados.
Actualmente, sobre 374 hectáreas de suelo agrícola en Ñuble fueron ocupados por loteos irregulares.
Si a esto se suma la cada vez mayor cantidad de parcelaciones y el éxodo ciudad-campo que se potenció tras la pandemia de la Covid 19, nos deja ate un escenario cada vez menos favorable para el uso agrícola de los suelos de la región.
Lo anterior va de la mano, con la necesidad de contar con nuevas fuentes de energía, que también ocupan suelo agrícola.
“En cuanto a la Energía, si observamos las carteras de proyectos en Ñuble que han generado tensiones y conflictos es fácil advertir que cerca de un 80% son relativos a la generación de energía, como por ejemplo, la solar y la eólica. Tanto los parques fotovoltaicos como los eólicos requieren demasiada superficie, lo que en otros países ya ha generado tensiones y conflictos con el mundo agroindustrial, porque estos proyectos están ocupando suelos agrícolas”, apunta.
En Ñuble, actualmente, hay tres proyectos eólicos, uno en San Carlos, otro en Portezuelo (ya con permisos aprobados) más un tercero –de grandes dimensiones- proyectado por 300 millones de dólares para la comuna de El Carmen.
Por lo demás, los desechos de los paneles fotovoltaicos y de los parques eólicos, tal como las torres de alta tensión, también son factores de altos niveles de contaminación, porque se debe generar un destino para ellos, y además, transportarlas.
Finalmente, se debe revisar el cómo se pretende hacer crecer a una ciudad como Chillán que cuenta con un déficit de casi 10 mil viviendas en la actualidad, generando otro conflicto y tensión socioambiental.
El potencial de crecimiento de Chillán es de 3 mil hectáreas, conforme a datos de la Dirección de Obras Municipales.
“Y ya se ha dado ejemplos de mala planificación como la construcción de algunas villas como Los Volcanes (desde su etapa 1 a la 8) a la que por falta de parques, de vías estructurantes u otras obras necesarias para una mejor calidad de vida de sus habitantes, terminaron generando un caso de guetización, difícil de superar para sus vecinos quienes en su mayoría presentan una situación socioeconómica desaventajada” comentó Martinic.
Desde los derechos humanos
La problemática de las reacciones populares ante un desarrollo no sustentable de la comuna, fue abordada por la jefa del INDH en Ñuble, Isabel Amor.
Sin embargo, toca un punto clave como prefacio: La región aún no está instalada por lo que su margen de acción en cuanto a entrega de soluciones es limitada.
“El problema de implementación de la Región puede devenir en dificultades de accesos de los derechos humanos en materia medioambiental es porque hay una falta de Estado que se preocupe de generar las instancias de diálogo necesarios para hacer frente a múltiples conflictos, entre ellos, los socioambientales”, advierte.
La socióloga añade que para que Chile, y sobre todo nuestra región de Ñuble, “puedan cumplir con los estándares medioambientales internacionales, es necesario que el Estado haga su parte pero eso es muy complejo si la región no se termina de instalar”.
Volviendo al tema de las resistencias que han puesto las comunidades ante los anuncios de ciertas iniciativas, Isabel Amor apunta que “los conflictos se resuelven dejando que existan, sin taparlos, hay que conocer a los actores y sus puntos de vista. Es más nocivo no tener conflictos que tenerlos, porque al presentarse nos permite conocerlos, abordarlos y ponernos a buscar soluciones”.
Pero a juicio del INDH, que busca evitar cualquier enunciado populista, los conflictos socioambientales no pasan necesariamente pasan por un problema con una empresa.
“No debemos demonizar a las empresas. Por cierto, les corresponde hacer las debidas diligencias para reconocer las situaciones potenciales o latentes en las que se vulneren derechos humanos, pero también hay que entender el contexto de la región y que el Estado aún no se ha encargado de elevar el estándar empresarial respecto a Derechos Humanos”, concluyó.
Desde el Gobierno y la seremi
Otros ejemplos, incluso más graves, se pueden seguir citando, como el caso de Chillán Viejo como zona de sacrificio, que carga con una alta tensión ambiental por la presencia de la planta de tratamiento de Essbío, la planta de tratamiento industrial, tiene planteles porcinos, planteles avícolas y además es la comuna con la mayor cantidad de loteos brujos en la región.
El gobernador de Ñuble Óscar Crisóstomo, admite que todo esto supone desafíos urgentes, pero sólo posibles de resolver al largo plazo.
“Muchas de ellas requieren cambios culturales y a la forma de hacer las cosas, como el tratamiento de los residuos domiciliarios y cómo nos hacemos cargo de la gran cantidad de basura que producimos: este es un ejemplo de cambio urgente que debe abordarse desde hoy, Este ejemplo es claro, porque cambiar la conducta, reduce el surgimiento de las llamadas zonas de sacrificio, y en ello también necesitamos un cambio en la legislación”, explica
El gobernador advierte que si Ñuble define que sus vocaciones primarias son la agroalimentaria y turística, “no es factible pensar que existan cuotas de captura autorizadas para la pesca desde otras regiones; o que no contemos con la cuota de transmisión eléctrica que asegure a los habitantes, a las empresas y a los nuevos proyectos, su funcionamiento en nuestra región con seguridad. De ahí la relevancia de esta materia”.
Ahora, si se debiese priorizar en trabajar una de estas áreas, “hemos discutido que asegurar la capacidad de transmisión eléctrica y el agua; tanto para consumo humano como para labores productivas, son dos materias que requieren ser priorizadas, no solo porque tienen una urgencia sustentada técnicamente, sino también porque permiten asegurar el desarrollo de otras áreas claves para el crecimiento de la región”, planteó.
Ñuble Circular
Consultado respecto a estas encrucijadas socioambientales, el seremi de Medio Ambiente en Ñuble, Mario Rivas, comenta que una de las estrategias para abordar el tema es con una economía circular, pero particularmente, abordar de forma distinta los residuos orgánicos, que son más de la mitad de los elementos que están en nuestras bolsas de basura, es impulsar una Ley de Orgánicos, la que ya está en el Congreso.
“Ahora, nosotros en Ñuble ya estamos un poco adelantados e impulsando una estrategia en la materia, promoviendo al mediano plazo la instalación de plantas de compostaje municipales, que ya estamos impulsando mediante tres pilotos, en Cobquecura, San Nicolás y Pemuco, pero además, con la entrega de más de cien composteras” detalla.
Con esto se pretende reducir la emisión del metano que es mucho más tóxico que el dióxido de carbono, y generar un valor agregado mediante la generación de humus o compostaje; va a nutrir nuevos suelos y generar nuevas áreas verdes, disminuyendo el efecto invernadero que como sociedad generamos.
“La propuesta del Gobierno no es la creación de una gran planta de compostaje, sino que la de crear una por provincia para trabajar los residuos orgánicos, lo que inclusos permitiría redestinar recursos que, en consecuencia, ya no se estarán ocupando”, explica.
El programa Ñuble Circular propone la creación de 1.200 composteras para un manejo a escala familiar o barrial, lo que incluso reduciría la huella de carbono por el ahorro del transporte.
En cuanto a la planta, ya están hechos los estudios de ingeniería y se estima que podrían ponerse en marcha dentro de dos años.
