El llamado “Caso Led”, sin que ni siquiera haya llegado aún a juicio, por lo que no hay condenados y ni siquiera imputados que aún detenten la condición legal de “acusados”, se ha convertido en todo un misilazo para la política comunal de gran parte del país.
Hoy se cumple exactamente un año desde la primera tanda de formalizaciones realizadas en Chillán, Santiago, Negrete y solo un día antes, en Iquique. Un año de una investigación que ha sido considerada por algunos abogados penalistas como “el caso de corrupción más grande a nivel país”, con millones de pesos en cuestión e investigaciones formalizadas y prejudiciales en un total de 25 municipios de Chile, no descartándose que surjan más.
Es más, hasta esta semana la prensa y la opinión pública había asociado el “Caso Led” solo a la empresa Itelecom, como la firma que había diseñado un presunto proceso ilegal de relaciones secretas con funcionarios municipales y sobornos millonarios a fin de adjudicarse las licitaciones para el recambio de luminarias del alumbrado público. Y eso no es tan así.
Esta semana, la Fiscalía Regional de Ñuble (a cargo de todas estas investigaciones en el país, salvo la de Iquique), confirmó que se inició una investigación en la Municipalidad de Victoria, Región de La Araucanía, por un presunto caso de soborno y cohecho, que involucra cerca de $814 millones en el contexto de una licitación para el recambio de luminarias, causa que tiene en la mira a otra empresa – Ahimco, Ingeniería y Construcción, SA.- y al alcalde de esa comuna, Javier Jaramillo.
Lo que no debe sorprender es que esta licitación también se adjudicó a comienzos del 2020, tal como sucediera en Iquique, Chillán y Negrete.
Actualmente, la causa cuenta con cerca de 14 tomos de investigación y 25 imputados, entre ellos concejales, alcaldes, funcionarios municipales, un exjuez de Policía Local y empleados de la particular, Itelecom. De ellos, tres se mantienen en prisión preventiva, cautelar que llegó a pesar sobre 11 de esos detenidos, sin embargo ocho de ellos, lograron que se revocara la medida.
Es complejo, por tanto, establecer un punto de partida, un solo devenir y un mismo patrón en cada caso. No todos los cabos están firmes, tampoco, pero para entender el “Caso Led”, La Discusión revisó las principales claves con algunos de sus intervinientes.
El programa del 2016
La Agenda de Energía, presentada en mayo de 2014 por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, estableció los lineamientos de la política energética del periodo 2014-2018, contemplando entre sus ejes la consolidación de un sector eficiente, que gestiona el consumo energético del país.
Se decidió ya en 2018, comenzar un plan de recambio de luminarias del alumbrado público en las comunas que presentaban mayores problemas, entre las que figuraban cerca de 30, entre ellas Chillán, San Carlos y San Fabián, en la Región de Ñuble.
Una visita del exdiputado Felipe Letelier al entonces alcalde de San Carlos, Hugo Gebríe, dejó muy molesto al jefe comunal, quien interpretó de las ambiguas palabras del exparlamentario una intención de presionarlo para hacer un negocio con la licitación en curso. Las dudas quedaron sembradas y algunos antecedentes fueron a dar a manos del fiscal Rolando Canahuate, entonces jefe del Ministerio Público de esa comuna.
Aparecieron ciertos nombres dentro del consistorio como involucrados o posibles nexos con el empresario Marcelo Lefort, dueño de Itelecom, sin embargo, como la licitación no prosperó a favor de ellos, no hubo delito que seguir investigando.
Sin embargo, Canahuate descubrió una hebra que apuntaba a presuntos sobornos y cohecho en la municipalidad de Chillán, antecedentes que remitió de inmediato a la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla.
Paralelamente, similares indagaciones realizaba el fiscal de Iquique, Gonzalo Guerrero. Cuando ambas fiscalías habían avanzado lo suficiente como para ordenar detenciones y formalizar, decidieron actuar juntas.
Y esto ocurrió el 5 de mayo del 2020, apenas un par de semanas después en que Ricardo Vallejos, entonces alcalde subrogante de Chillán firmara el contrato con Itelecom, dando por cerrado el proceso de licitación por un monto de $3.976 millones de pesos.
Y el hecho que gatilló el operativo fue la entrega de un maletín con $37 millones de pesos por concepto de soborno, por parte de Lefort al exasesor judicial del municipio de Chillán, Marcelo Campos, quien además, oficiaba como juez de Policía Local de Pemuco. Campos fue detenido cuando llegaba a Chillán. Paralelamente se allanaron los domicilios de Ricardo Vallejos y de 10 funcionarios de la Municipalidad de Iquique, entre ellos cinco concejales. Todos fueron formalizados el 9 de mayo por cohecho y soborno.
También se abrió una investigación por violación de secreto, asociación ilícita y lavado de activos. Estas dos últimas, no prosperaron.
Los últimos 45 días
Ese mismo 9 de mayo, el fiscal Jorge Abbott le entregaba la responsabilidad de investigar la totalidad del caso Led a nivel nacional a la fiscal de Ñuble, Nayalet Mansilla, salvo la de Iquique, que ya estaba avanzada.
Y es así que a fines de mayo se detuvo al alcalde y al director del Secpla de Negrete, Francisco Melo y David Encina.
Ese mismo día se formalizó además a otro funcionario de Itelecom, Pedro Guerra, por el delito de soborno.
Finalmente, en abril de 2021 se detuvo y formalizó al exfuncionario del Ministerio de Energía, Paul Pacheco, y a otros dos funcionarios de Itelecom, Ricardo Rodríguez y Leonardo Bustos.
De todos ellos, solo Lefort, Vallejos y Campos siguen en prisión preventiva.
El Ministerio Público ha solicitado en cuatro oportunidades que se amplíe el plazo de investigación, que ya lleva un año. La última vez, fue el pasado viernes, ocasión en la que pidió seis meses de extensión, pero el tribunal les concedió 45 días.
Con todo, en este mes y medio podrían realizarse nuevas incautaciones de computadores al municipio de Chillán y otros funcionarios podrían ser citados a declarar.
La fecha es la clave
En la última reformalización hecha por la Fiscalía la semana pasada, la fiscal Paulina Valdebenito sostuvo que “durante el primer semestre del año 2019, el representante legal, gerente general y socio de Itelecom, el imputado Marcelo Lefort Hernández, con conocimiento de los imputados Rodríguez, Bustos y Guerra, ofreció dinero al imputado Marcelo Campos Henríquez , y por su intermedio al imputado Ricardo Vallejos Palacios, en su calidad de empleados públicos, para que estos, con infracción de los deberes de sus respectivos cargos, realizaran conductas ilícitas con la finalidad de favorecer a Itelecom en el marco del proceso de licitación llevado adelante por la Municipalidad de Chillán para el recambio masivo del alumbrado público a tecnología LED”.
A Campos se le responsabiliza por entregar información privilegiada a Lefort y realizar acciones tendientes a dejar fuera de competencia a las otras firmas participantes. En tanto, a Vallejos se le acusa de presionar en la comisión redactora de las bases de licitación e influir en la comisión evaluadora, concejales y el propio alcalde, Sergio Zarzar, para que se seleccionara a Itelecom.
“En ambas comisiones participaban los imputados Marcelo Campos y Ricardo Vallejos”, se afirmó en la reformalización.
La defensa de Vallejos, asumida por el abogado Juan Carlos Manríquez, ha insistido en la total inocencia y desconocimiento de estos hechos, por parte de su representado. “Como no se ha podido probar ni encontrar evidencia que apunte a ilícitos de soborno por parte del señor Vallejos, ahora se está desesperadamente buscando involucrarlo en actos de presiones en favor de Itelecom, lo que no tiene respaldo en ninguna de las declaraciones entregadas por imputados ni testigos que han declarado”, dice.
En tanto, el defensor Giovanni Gotelli, quien defiende junto al abogado Carlos Astorga, a Marcelo Campos, no desconoce que Lefort le ofreció dinero y que de hecho se lo pagó. Sin embargo, su defensa se ha encargado de establecer (al igual que la defensa de Lefort) este acto de cohecho y soborno como un acuerdo tomado antes de noviembre de 2018 y no en 2019, como sugiere la Fiscalía.
La diferencia es enorme, ya que fue en noviembre de 2018 en que se modificó la Ley Anticorrupción en Chile, asignándosele pena de crimen, por lo tanto privativa de libertad. Si la defensa logra demostrar en un posible juicio su tesis, a Campos, Vallejos y Lefort, en caso de ser condenados, obtendrían una sentencia en libertad.
Si en cambio, se impone la tesis fiscal, arriesgan desde 5 años y un día, hasta 10 años de cárcel.
