Tras la colocación de la primera piedra, en noviembre de 2021, el próximo mes se dará por inaugurado el nuevo Centro de Reclusión Femenino (CRF) de Bulnes, lo que se realizará mediante una ceremonia que estará encabezada por el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien visitará la zona acompañado por el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo.
Pero no solo se espera de ellos el tradicional corte de cinta.
“Ésa será una oportunidad en la que por cierto se tendrá que volver a tratar el tema de la nueva cárcel regional para Ñuble”, anticipa la seremi del ramo, Elizabeth Riquelme.
La tratativa no es nueva -para nada- y probablemente no tendrá mayor fuerza en términos resolutivos que las decenas de reuniones anteriores en las que seremis y ministros han estado tocando el tema luego del derrumbe de los muros del recinto carcelario chillanejo, para el terremoto de 2010.
Sin embargo, hoy existe una nueva amenaza para el anhelo local de sacar del corazón urbano de la capital regional de Ñuble, la estructura carcelaria: El proyecto de Ley que ya se aprobó en la Cámara Baja para “mejorar, ampliar o construir nuevos recintos carcelarios”.
Y es que si bien la iniciativa parlamentaria asoma promisoria para terminar con las malas condiciones de infraestructuras o con las brechas de equipamiento, e incluso propone una suerte de eximición para este tipo de recintos respecto a las restricciones de los planes reguladores comunales, hay un punto que pareciera ser un filtro insalvable, que es la condición de someter a una consulta ciudadana la creación de un nuevo recinto carcelario.
La experiencia local, citando los ejemplos de Chillán Viejo y de San Carlos, dejó claro que las personas salen a protestar en masa (alcaldes incluidos) cada vez que se les menciona la posibilidad de edificar en sus comunas. Nadie quiere una cerca de su casa, así de simple.
Y a este filtro, ahora se suma una segunda consideración basada en las siempre frías e incontestables cifras.
“En el caso de la población penal de Ñuble que hace no más de diez años era cercana a las 1.400 personas, entre imputados y condenados; pero hoy la cifra es de 976 personas que están en esa condición –de ellas, el 60% están en Chillán- entonces” explica el delegado presidencial de Ñuble, Gabriel Pradenas.
La autoridad, en consecuencia, concluye que “estos números de hoy no justificarían la creación de una nueva cárcel para Ñuble”.
“Una ley pensada en el rechazo”
El pasado 2 de octubre quedó listo para ser votado el proyecto que establece reglas especiales para favorecer la alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios, cuyo objetivo es mejorar la situación de hacinamiento que existe en dichos recintos del país.
La Comisión de Constitución aprobó la idea de legislar sobre la iniciativa con los votos a favor de los senadores Luz Ebensperger, Rodrigo Galilea, Luciano Cruz-Coke y el voto en contra del senador Francisco Huenchumilla, quien solicitó más información al Ejecutivo, pues no se cerró a aprobarlo más adelante.
Se trata de un proyecto, que está incluido en la Agenda de Seguridad, y que simplifica los trámites para poder ampliar, alterar o construir nuevas cárceles, como por ejemplo, el descongelamiento de planes reguladores por un periodo transitorio, para que las restricciones por uso de suelo no sean un obstáculo para encontrar un predio en donde emplazar un nuevo recinto carcelario.
Sin embargo, si entre los senadores no hubo coincidencia en que no habría problema en los casos de ampliación o alteración de los recintos ya existentes, sí se manifestaron aprensiones en cuanto a los nuevos recintos, pues se estima que deben pasar necesariamente por procesos de consultas ciudadanas, entre otros.
Tal indicación encontró una inmediata crítica por parte de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) Ñuble y por parte del arquitecto Claudio Martínez, exdirector nacional de Gendarmería de Chile.
“La verdad me sorprende que una indicación semejante se pretenda incorporar en el nuevo proyecto de Ley, porque la experiencia muestra con claridad que, por el contrario, todas las intenciones que han tenido los gobiernos de hacer una nueva cárcel, no solo en Ñuble, sino que en muchas otras regiones, la gente se opone firmemente”, advierte Martínez.
El exdirector de la institución celadora, recordó que cuando Gendarmería de Chile construyó la cárcel de Colina 2 -que se proyectó fuera de lo que entonces era el límite urbano, por lo que no había restricción-, para darle mayor transparencia al proceso, se realizó una consulta ciudadana y, por supuesto, que la gente se opuso y se perdió por lejos.
“Sin embargo, igual se construyó porque en este tipo de casos se debe proceder conforme a lo que necesitan las políticas públicas y no a una manifestación popular. Aunque suene duro decirlo”, afirma.
El arquitecto cita, además, las dos ocasiones en que en años anteriores se han propuesto terrenos (Portezuelo y San Carlos) “y han sido literalmente derribadas por la expresión popular y por protestas ciudadanas. Entonces, con esta indicación que se pretende hacer de una consulta ciudadana, estamos frente a un proyecto no nato, se lo digo con toda responsabilidad, porque no tiene el más mínimo sentido, sea o no una encuesta vinculante”.
En la misma línea se muestra el presidente regional de la Anfup, suboficial Cristian Montecinos.
“Es una ley pensada en el rechazo, porque es impensable creer que no se iban a dar cuenta que era imposible que un proyecto supere el filtro de la consulta ciudadana, ni tampoco creo que ignoren que la mayoría de las cárceles sólo pueden ampliar sus dormitorios pero no su predio para crear zonas destinadas a la reinserción. Entonces, lo único que les queda, es hacer algunos arreglos de infraestructura que, si bien se agradecen, de ninguna manera solucionan el problema de fondo”, apuntó.
Más optimista al respecto, sin embargo, se muestra la seremi de Justicia de Ñuble, Elizabeth Riquelme, para quien este tipo de consultas generarían las instancias de diálogo necesarias para intentar romper con los prejuicios que hay en la generalidad de la comunidad respecto de lo que sucede en un entorno carcelario.
“Los proyectos de ley siempre surgen como una manera de subsanar problemas o brechas que se evidencian en nuestra sociedad y en ningún caso se presentan para poner obstáculos o hacer el problema más grande. Yo lo tomaría como una manera de poder involucrar de manera activa a las organizaciones sociales, porque el crecimiento de una región y decidir el equipamiento de una región, nos corresponde a todos”, sostuvo.
El optimismo de la seremi se respalda en que, de acuerdo a lo que expresó a nuestro medio, han seguido trabajando en la búsqueda de un predio adecuado para la construcción del proyecto; y en que, por otro lado, desde el nivel central el tema se ha seguido trabajando como tema prioritario.
“El proyecto de la cárcel regional sigue vigente y considero que esta consulta ciudadana forma parte del diálogo que se debe tener presente no solamente para levantar una infraestructura, sino que puede ser una instancia para socializar el tema y romper con el estigma de lo que significa vivir cerca de un recinto penitenciario”, añadió.
Ampliar no asoma probable
Si el filtro de la consulta ciudadana no es posible de traspasar en Ñuble, el proyecto de ley asegura, al menos, recursos para ampliar o arreglar los recintos ya existentes.
Pero, ¿Es viable esta opción en los planteles carcelarios en Ñuble?
De acuerdo a la Anfup, no. Rotundamente, no.
Para los dirigentes del gremio, cuando se habla de ampliar, se apunta a crecer en metros cuadrados y así poder contar con los espacios necesarios para realizar estrategias público-privadas, de manera de fomentar la participación en algún tipo de oficio y generar espacios nuevos para la segmentación adecuada.
“Pero no se puede pensar sólo en crear más capacidad de uso, que es lo que hoy vemos en las cárceles concesionadas, que sólo crecen mediante la creación de galpones con más dormitorios sin que haya más canchas, más patios ni más talleres”, explica el suboficial Montecinos.
Conforme a los reportes de la Anfup, la cárcel de Quirihue tiene un índice de seguridad negativo, por lo que, en estricto rigor, debería estar cerrada, ya que es un recinto de madera que durante los periodos de incendio que hay en esa comuna, en los veranos, tiene una alta posibilidad de ser objeto de un siniestro.
“Recordemos que conforme a los últimos reportes de los equipos de peritajes de Bomberos, si esa cárcel llega a incendiarse, las probabilidades que salga gente con vida de ahí son muy bajas. Nosotros ya mandamos eso a las autoridades, por lo que si en Quirihue o en San Carlos llegara a pasar algo así, no van a poder excusarse con que nadie les había dicho nada respecto a los riesgos que existían”, advierte.
En el caso de Yungay, si bien el recinto cuenta con estructura de hormigón, por lo tanto, ofrecería mayor resistencia a un incendio, el predio en el que está emplazado el centro no ofrece proyección alguna para ampliaciones. “Tal como con Quirihue o San Carlos, habría que hacerlas de nuevo”, agrega.
Una presunta ampliación tampoco sería probable en estos establecimientos, a razón del arquitecto Claudio Martínez.
“En el caso de la cárcel de Chillán es muy poco lo que se puede hacer para ampliar. Eso sucedería solo si se realiza un diseño muy vanguardista, como uno que presentó un alumno de Arquitectura cuando yo era profesor de título, y que proponía ampliarla hacia abajo, es decir, usando niveles subterráneos. Pero esto es una idea en contexto académico, en lo real sería muy caro y poco probable que se realice”, aseguró.
Y en cuanto a una posible remodelación de las cárceles de Quirihue y de San Carlos, Martínez sostuvo que el construirlas con una mejor materialidad es un tema apenas menor respecto a lo que significa el costo de mantener una cárcel desde lo administrativo.
“Y esto ya es un argumento para hacer una sola cárcel regional, en vez de reconstruir o hacer nuevas cárceles de menor tamaño, porque una cárcel grande gasta casi lo mismo en términos administrativos, que una de menor tamaño, para ambas se ocupan casi la misma cantidad de recursos”, plantea.
Finalmente, para el delegado Gabriel Pradenas, una nueva ley tendría, forzozamente, que favorecer a los recintos regionales de alguna forma.
“Respecto a la región de Ñuble, la capacidad ocupacional de la población penal no supera el 70%, por lo que, a mi parecer, no estamos en un escenario que nos haga evaluar este tema al corto plazo, sin perjuicio de esto, creo que se debe buscar, a través de la Dirección Regional y a través del Ministerio de Justicia, la forma de mejorar las condiciones y materialidad de las cárceles que tenemos”, dice.
La autoridad, ya desde una perspectiva puramente política, enfatiza que, “sin duda, los centros penitenciarios merecen toda nuestra atención y en ese contexto, las fuentes de financiamiento y los diseños ya se habían levantado como iniciativa, sin embargo, por temas de cambio institucional, todo eso quedó en stand by por lo tanto, la evaluación que se necesita para conseguir el financiamiento por cualquiera de las fuentes disponibles, es lo que esperamos discutir el próximo mes para la visita del ministro o el subsecretario Gajardo, que también estará acá para la inauguración del CPF Bulnes.
La nueva cárcel femenina
La obra a inaugurar el próximo mes de noviembre, ya se encuentra totalmente operativa y sólo resta el traslado de la población penitenciaria de mujeres.
Cuenta con 1.290 metros cuadrados, sobre un predio de 3.500 m2, incorpora cuatro secciones, para separar imputadas de condenadas.
Hay también una sección materno-infantil, la que según detalló la seremi, “nos va a poder proporcionar ocho plazas de funcionamiento interno, la que contará con todo el equipamiento necesario. A esto hay que agregar espacios para el desarrollo y protección a los infantes, para quienes se contemplan espacios seguros, con implementos para trabajar en su estimulación y su futuro desarrollo”.
Actualmente, hay cerca de 60 mujeres privadas de libertad en la Región de Ñuble, todas ellas internas en un ala de la cárcel de Chillán, donde luego del terremoto de 2010, se tuvo que adaptar un espacio para ellas, considerando que la vivienda que se ocupaba para estos efectos, en calle Constitución, fue desahuciada debido a los daños sufridos en su estructura.
Por lo que este nuevo centro también les significa mayor espacio y mayor dignidad.
El futuro recinto femenino contempla un máximo de 104 internas.
Respecto al perfil de las internas que actualmente hay en el sistema penitenciario regional, en su gran mayoría son mujeres condenadas o imputados por delitos de la Ley 20.000.
En cuanto a su peligrosidad, se las ha calificado como de baja a mediana, siendo precisamente este perfil al que se orientará en términos de seguridad la nueva cárcel de Bulnes.
Desde Gendarmería explicaron que los estándares de seguridad son para reclusas de mediana complejidad. “Siempre vamos a pensar que Ñuble es una región cuya población penal en general es de mediana complejidad y esperamos que a futuro esa característica se mantenga”, aseguran.
Sin embargo, admiten que es muy probable que, dado que el recinto cuenta con espacio para más internas de las que actualmente hay en Chillán, es altamente probable que se deriven a otras internas desde diversas regiones del país.
“Nuestras autoridades están conscientes de las necesidades de seguridad que nuestros funcionarios necesitan para realizar una buena labor en este recinto, y aunque es altamente probable que lleguen personas de otros penales, Gendarmería ya ha hecho hincapié en la importancia que se le debe asignar a la seguridad de la población y de los funcionarios”.
La cárcel en la calle Serrano esquina Manuel Bulnes, de la capital de la Provincia de Diguillín, sufrió daños perimetrales tras el terremoto del 2010, por lo que ya fue objeto de una primera remodelación y hoy su acceso es por calle Bulnes.
