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Con más de dos meses transcurridos desde el denominado estallido social, este ha sido la convergencia de varias instancias anteriores; en este sentido, Chile no ha estado ajeno a estos movimientos. En su mayoría, con el legítimo derecho (y deberes) que merecen, han tenido un hilo conductor: una constante postergación de soluciones concretas con una carente visión de estado, pues cada gobierno ha velado por los intereses de quienes invierten en sus consensuadas ideologías.
A fines del siglo XIX se vivió un período de prosperidad económica que se prolongó hasta la década de 1920, pero que no logró mitigar la situación de pobreza que afectaba a parte importante de la población: las huelgas portuaria de Valparaíso (1903) y de la carne en Santiago (1905), entre otras. Producto de ello, se legalizan el derecho al descanso dominical, mejoras en viviendas sociales y la ley de accidentes laborales. Se incorpora el campesinado en el movimiento social (años 30); mientras, en 1938, el presidente Pedro Aguirre Cerda proclamaba que “gobernar es educar”, dando un sentido humanista a su administración. No menor fue la importancia del voto femenino en 1952 junto a una crisis económica y política entre 1945-1970, con los efectos por todos conocida en 1973.
Si bien resurgen las manifestaciones en 1986, es en el transcurso de las últimas tres décadas, motivados quizás por la caída del Muro de Berlín (1989), donde comenzaron a manifestarse grupos en contra del modelo neoliberal (1991) y la crisis asiática (1997), para derivar en el “mochilazo” de los estudiantes (2001) y la revolución pingüina (2006). Toma la agenda el cambio climático (2011) con el proyecto Hidroaysén a la par del poder de las redes sociales con Freirina y Pascua Lama (2012). Por otra parte, surgen en el año 2013 “NO+AFP” (no pagan IVA por sus ingresos, si por comisiones de administración) y, en 2018, la oleada feminista.
Creo que, éstas y otras postergaciones a mejorar y/o reestructurar, considerando que algunas no son vinculantes, pasan por entregar a cada gremio o colegiatura las temáticas que le son propias y que desde un punto de vista técnico-social propendan a consensuar con la ciudadanía las alternativas de implementación progresiva que permitan su reconstrucción, derivando los informes de estos a las instituciones del Estado pertinentes con un estricto control de gestión.
Así, fuimos testigos de consultas ciudadanas de más de un tercio de las municipalidades. Fue evidente la voluntad de manifestarse pacíficamente en un acto cívico más digital. En este plano y, hablando de soluciones concretas, planteo lo siguiente: para el sector agropecuario, hoy los distintos sectores productivos pueden emitir guías de compra y de despacho en papel y vía online, pero a partir del 16 de enero de 2020 solo se podrá hacer de forma electrónica (el Ministerio de Economía desea aplazar esta medida para junio de 2020). Sumado a ello, entre febrero y marzo entra en vigencia la ley de pago en 30 días. ¿Cómo lo hará este sector si producto de las manifestaciones no pacíficas la declaración de IVA ha retrocedido un 25%?
Como este caso, en otros rubros existen similares o más complejas situaciones
