Para bien o para mal Chile ha entrado en un proceso de profundas transformaciones. Al igual como ocurre con el caudal efluente cuando se abren las compuertas de un embalse, la ansiedad por una mayor velocidad y amplitud de los cambios se incrementa considerablemente. El inicio del fenómeno es conocido, lo que ocurra después, dependerá en gran medida de la capacidad de las obras de drenaje para soportar la energía con la cual fluye dicho caudal.
La robustez de la institucionalidad vigente es la barrera natural para soportar la energía para acometer los cambios. Sin embargo, la historia ha demostrado sistemáticamente que, si la sociedad no respalda y confía en dicha institucionalidad, por muy robusta que sea, su derrumbe es cosa de tiempo.
En las redes sociales se han depositado las manifestaciones más violentas de una sociedad que acumula años de postergación en resolver sus problemas. La caja de resonancia de dichas redes ha potenciado la energía y el descontrol de las manifestaciones callejeras. La ausencia de una cara visible en la masiva expresión popular es una clara señal que se han debilitado las cuencas que sirven para contener el enorme caudal de cambios que se ha liberado después de casi medio siglo de contención de las demandas sociales.
Para quienes anhelamos que dicha transición mantenga los causes naturales de un país que está camino al desarrollo social y económico, debemos contribuir a robustecer la institucionalidad. Seguir machacando sus bases contribuye solo a debilitar las barreras que permiten contener el vigoroso caudal de transformación social. Seguir rasgando vestiduras en una sociedad que ha optado por el cambio, solo contribuye en hacer más traumático dicho cambio para las actuales y siguientes generaciones. Seguir con el ánimo de destruir la actual institucionalidad, sin una alternativa viable de reemplazo, es condenar al país a vivir períodos de convulsión cuyos efectos perduraran por decenas de años.
Son varios los hitos en los cuales se requerirá que la institucionalidad funcione. El más importante de ellos se concretará el año 2021 con el trabajo de la Convención Constituyente quién redactará la nueva constitución. El plebiscito de salida del nuevo marco institucional está previsto para mediados del año 2022. Para realizar este trabajo, se requieren 155 miembros electos que estén dispuestos a entregar su tiempo y conocimiento para redactar la nueva Carta fundamental. Los miembros requerirán de apoyo y participación ciudadana para validar el trabajo constituyente y su posterior evaluación en el Plebiscito de salida para aprobar o rechazar la nueva Constitución.
El interés que ha despertado en la gente el proceso de la nueva Constitución traerá como resultado un heterogéneo grupo de constituyentes electos. En este ambiente los principales desafíos en el trabajo de los integrantes de la Convención tendrán relación con ser capaces de recoger la opinión de las comunidades a las que representan, consensuar los temas en disputa y participar de la redacción del nuevo texto constitucional.
La ciudadanía tiene todos los elementos para respetar y valorar el trabajo de los constituyentes. En efecto, a través de mecanismos propios de la democracia fue aprobada la Convención y elegidos sus miembros. Esto debiese ser garantía suficiente para que sus integrantes trabajen sin presiones y de cara a la ciudadanía que los eligió. Al fin de cuentas, la retroexcavadora funcionó, pero con un mandato muy claro: construir una convivencia social basada en la justicia, el progreso, la sostenibilidad y la paz social.
