La radiografía delictual de Ñuble que muestran los delitos no considerados como de “mayor connotación”

La recopilación y publicación de estadísticas sobre Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) en Chile comenzó en 1997 con el sistema Ausprol del Ministerio del Interior.

El muestreo tenía un evidente propósito político, ya que al ir publicando de manera semanal el seguimiento a delitos como el homicidio, lesiones, violación, robo con violencia y robo con fuerza, entre otros, le entregaban a la ciudadanía razones con base en datos para mesurar la afectación real de la delincuencia en el país. Y de paso, mostrar el resultado de las medidas gubernamentales para su combate y prevención.

Desde ese Chile, el de 1997 en el que apenas el 1.1% de la población contaba con Internet en sus casas, el 1,39% tenía un teléfono celular y la PDI aún no contaba con la Brigada de Lavado de Activos, no solo el perfil delictual o los tipos de organizaciones criminales han variado y evolucionado, sino que los miedos y las desconfianzas de los chilenos, también han mutado.

Ya desde la segunda década del siglo 21, los conceptos de corrupción, narcotráfico y crimen organizado comenzaron a desplazar a los habituales “asaltos” y “robos” de las editoriales de prensa y así, el odio hacia el funcionario corrupto se ha hecho, poco a poco, incluso más evidente que el que le demuestran en redes sociales a un violador.

En su estudio sobre percepción de la corrupción, la actual Contralora Nacional, Dorothy Pérez, demostraba que la idea que la corrupción en Chile era “muy alta”, en 2015 era propia del 70% de los nacionales, mientras que para 2023, ésta aumentó al 84%.

Para 1997, los delitos de violación a la intimidad no eran más que rarezas; mientras que hoy, que cada persona tiene un celular con cámara y grabadora, además de la capacidad de almacenar correos y mensajería privada, es uno de los delitos que más ha aumentado en el país, haciendo que fenómenos como la producción y almacenamiento de pornografía infantil, ya haya dejado de ser una sorpresa en la sociedad.

Y sin embargo, ni el delito funcionario, ni los de la fe pública, como los de violación a la intimidad, narcotráfico o secuestro, todavía no son parte de los análisis semanales públicos como el STOP de Carabineros, ni forman parte de los llamados delitos de “connotación social”.

Prueba de que esta omisión ha sido un grave error por parte del Gobierno es que pese a los esfuerzos de las autoridades del Estado por aminorar los homicidios y los robos, han dado resultado, la percepción de seguridad en Chile y en Ñuble son una de las más altas de la región sudamericana, con casi el 92% de los ñublinos admitiendo que la percepción es alta.

Pero esas “otras cifras” sí existen. Las tienen la Fiscalía, la PDI, Carabineros y, desde luego, el Gobierno, pero rara vez llegan a los medios.

Por ejemplo, en Ñuble, los ingresos al Ministerio Público de causas por delitos como los de la Fe Pública, la violación a la intimidad, los delitos funcionarios, las torturas y malos tratos (en contexto de VIF), los delitos económicos, los de drogas e incluso los del ámbito de la ley de tránsito, aumentaron un 46,7% entre 2019 y 2025, lo que da cuenta de un rasgo no muy estudiado del aumento del delito en Chile.

Y en este grupo, los que más aumentaron han sido los de Fe Pública (108%), la violación a la intimidad (56,9%), drogas (90,8%) y de Tránsito (122%), conforme a estadísticas de la Fiscalía Nacional.

Una radiografia precisa

Para el abogado penalista chillanejo y exinitegrante de la Defensoría Penal Pública loca, Sergio Zúñiga, quien entre sus causas acumula varias en defensa de funcionarios municipales de diversas comunas de Ñuble, el pensar en robos, lesiones y homicidios no basta para formarse un real diagnóstico de la realidad delictual local.

“Lo que hemos visto en estos años es que las policías y la Fiscalía siempre han realizado estos análisis pensando en la conmoción pública que causan y gracias a las campañas realizadas y los recursos que ha asignado el Estado para el combate de estos ilícitos como los robos o los homicidios, en efecto han disminuido, pero ahora, nos estamos enfrentando a otro tipo de delitos, que han ido en aumento, pero que también nos entregan información clave respecto a la evolución de la delincuencia”, dice.

Hoy, que a diferencia de lo que se veía en 1997, perfectamente el asaltante puede andar mejor vestido que el asaltado, e incluso tener un mayor patrimonio que sus víctimas, Zúñiga pide no perder de vista que “tal vez en el cien por ciento de las municipalidades haya alguna causa penal abierta, pero todos se acuerdan sólo del caso de las luces Led (municipalidad de Chillán) o de las cuentas corrientes (San Ignacio, Ñiquén, Bulnes)y cuando la gente se da cuenta que sus autoridades delinquen, la moral sufre efectos muy negativos, porque sienten que no hay en quién confiar”.

De lo anterior, se desprende otro factor. Desde su creación en 2002, el Ministerio Público ha aumentado su carga laboral al punto que la mayoría de los fiscales, sencillamente, no tiene tiempo para darle eficaz curso a todas sus causas.

En Ñuble, el promedio por persecutor es superior a las 2.700 carpetas, “entonces, evidentemente, se priorizan aquellas que tienen mayores probabilidades de contar con evidencias y estas de mayor connotación social, por sobre las que no lo son. No digo que no se puedan investigar, pero por la cantidad de causas, sí es efectivo que existe una jerarquización”.

Esto ha redundado en que tanto las policías como el Ministerio Público tengan una mayor vocación de análisis del crimen callejero, que del de corrupción, investigaciones que –por cierto-son mucho más caras y de mayor aliento.

“Los delitos funcionarios, por las características que tiene, las normas administrativas, sus aspectos financieros, requiere investigaciones muy complejas, apoyo de peritos contables, gente especializada en evidencia documental, en falsificaciones y en tantas otras aristas, que al final las causas terminan siendo muy voluminosas. Por ejemplo, en el caso de la causa Cuentas Corrientes van más de 50 tomos y el juicio de caso Cascadas, ha tomado como un año”, apunta el penalista.

En resumen, añade que “creo que si los gobiernos quieren apuntar a planes y estrategias efectivas contra la delincuencia, ya es hora que asuman que la corrupción y los delitos funcionarios hace mucho que pasaron a ser de mayor connotación, no se puede hacer una radiografía precisa del perfil delictual de una sociedad, si no se contempla ese tipo de delitos”.

El vaso medio lleno

Insistimos, los otros delitos aún llamado de mayor connotación han ido a la baja, al menos desde los últimos dos años, al punto que el de homicidio (factor internacional de medición de nivel de peligrosidad de un país) presenta la menor tasa de Chile en la región de Ñuble, de acuerdo al último consolidado emanado del Ministerio de Seguridad Pública, a inicios de septiembre.

Otros que mostraron una caída mu acentuada fue la del robo de vehículos, robos violentos y robos en lugar habitado.

Sobre el punto, el delegado presidencial regional, Rodrigo García, lo atribuye al “fruto de una labor que viene durante no solo este semestre, sino que de años anteriores a través un trabajo mancomunado entre todas las instituciones, especialmente Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público, Gendarmería, todo lo municipios que han estado también trabajando y los distintos Ministerios que han aportado a las fiscalizaciones integrales que se están realizados durante todo este año”.

Consultado sobre este cambio de paradigma que hoy vive la delincuencia, agrega que “los delitos funcionarios, como la corrupción en el ámbito público, tienen un impacto significativo en la percepción ciudadana y en la confianza en las instituciones, que son un pilar fundamental para el funcionamiento de una sociedad democrática. Por ello, es crucial abordarlos con determinación y firmeza”.

García destaca que sí hay avances en temas de persecución penal y se suma a la idea de empezar a priorizarlos. “Contamos con normativas importantes como la Ley N°20.880 sobre Probidad y Transparencia, y organismos como la Contraloría General de la República que juegan roles clave en la fiscalización y control. Considerando el impacto que estos delitos tienen en la confianza institucional, es necesario abordarlos con la prioridad y seriedad que requieren”.

“Ni siquiera les importa”

“Los delitos de alta connotación alguna vez fueron un indicador de algo, y ahora no sirven para nada, ni siquiera para el tema de medir tasas”, dice Jorge Aguirre Hrepic, perito criminalista, consultor de la ONU y exasesor de Seguridad Nacional del Gobierno de Michelle Bachelet.

“Antes existía eso de que la ocasión hace al ladrón, pero ahora una persona que comete un delito de robo, o un delito funcionario, tiene tan pocas posibilidades de ser sorprendido que luego esa misma persona, amparada a veces por las mismas estructuras institucionales del Estado, descubren como seguir y seguir defraudando, entonces una misma persona puede cometer muchos delitos, por lo que ya no sirve medir el fenómeno en tasas”, explica.

El experto ahonda y sugiere que “en Chile, hoy vemos a personas que jamás se representaron estar lavando activos o cometiendo fraudes, pero han visto que es tan fácil que sencillamente lo hacen, ni siquiera por estado de necesidad, sino porque ven que todo el mundo lo hace”.

Y no se queda corto en ejemplos: “Las licencias médicas, los fraudes en las licitaciones públicas, la entrega de bonos exagerados, sobresueldos. Incluso los mismos sueldos que se pagan en el aparato público no son proporcionales ni a las capacidades reales de cada persona, ni a lo que le aportan al país y tampoco a su real nivel de educación. Y eso es corrupción”.

Aguirre Hrepic apunta, entonces, a la educación general de los chilenos “que se ha ido desperfilando, saliendo de lo valórico y formativo a metas estrictamente monetarias. Los periodistas hablan mal, las autoridades hablan mal e ignoran temas esenciales para la sociedad, los profesores hablan mal y eso es indicador que, en todos los ámbitos la educación formativa se perdió. Entonces no se extrañen que los niños se formen en esa dirección, apuntando sólo a la conveniencia personal”.

Todo lo resume en una oración clara: “Chile no va a cambiar hasta que el Estado no mejore por dentro y eso no está pasando”.

Si la educación es la salida, estamos al debe. Ignacio Marín, juez de Policía Local, dijo –por ejemplo- a LA DISCUSIÓN, respecto al aumento de delitos de tránsito en Ñuble que “nadie ignora las leyes, simplemente no las cumplen porque no quieren. El que conduce a exceso de velocidad, el que conduce en estado de ebriedad o sin su licencia, sabe que está cometiendo un delito, pero sencillamente, no le importa, y eso es lo más grave de todo”.