Por un siglo, el proyecto del embalse La Punilla ha sido un símbolo de esperanza, pero también de frustración, para Ñuble, sobre todo para los agricutores de la zona norte de la región. Prometido, postergado y modificado, hoy vuelve al centro del debate con una promesa renovada: ejecutarse directamente por el Estado y licitarse el segundo semestre de 2028. Así lo aseguró la ministra de Obras Públicas, Jessica López Saffie, en una entrevista concedida a Radio La Discusión. Pero esta vez el enfoque es otro. El Estado ha tomado el timón, desplazando a los privados, con un diseño más robusto, exigente en mitigaciones a la comunidad y al medioambiente, y pensado en una obra multipropósito.
Este giro en el modelo de financiamiento no solo responde al bajo interés del sector privado -en parte por los altos riesgos en la ingeniería de obras de este tipo y la caída del precio de la energía y la rentabilidad del negocio de la generación-, sino también a una nueva legislación que permite construir embalses como infraestructura con múltiples beneficios: riego, agua potable, control de incendios e incluso desarrollo deportivo y turístico.
Sin embargo, más allá de los aspectos técnicos, hay una advertencia que no puede pasar desapercibida: el futuro de La Punilla no está garantizado. La propia ministra reconoce que un cambio de administración podría ralentizar, frenar o incluso archivar nuevamente el proyecto. Esa incerteza desnuda un problema estructural de nuestra política pública: la debilidad de las visiones de Estado frente al vaivén de los ciclos electorales.
¿Puede una región como Ñuble -que lucha por cerrar brechas hídricas, fortalecer su agricultura y prepararse para eventos climáticos extremos- depender del signo político del próximo gobierno para concretar una obra clave para su desarrollo? La respuesta debería ser un rotundo no. Pero la historia obliga a la cautela.
La política ha estado siempre presente en el desarrollo de la infraestructura pública, sobre todo en la relación de las regiones con el Estado central, de manera legal a través del lobby de alcaldes y parlamentarios, y también de formas más opacas, difíciles de rastrear, en las licitaciones de obras y su adjudicación. Pero distinto es instrumentalizar una obra emblemática que, por lo mismo exige responsabilidad de quienes tienen poder político, visión de Estado y un sentido de unidad que trascienda los ciclos electorales. Desde 2009 la derecha y la centro-izquierda se han alternado en los gobiernos, de modo que discrepancias han existido siempre en los últimos 15 años, pero el lenguaje y la presentación pública de candidatos y candidatas que promueven atomizar el Estado y jibarizar su rol, tienen pocos precedentes.
El cronograma anunciado apunta a 2028 como punto de partida para la construcción. Faltan tres años para que se abra la licitación, lo que implica que cualquier decisión de fondo podría ser revertida por un próximo gobierno. Es un tiempo valioso que no puede desperdiciarse en improvisaciones ni retrocesos.
Por eso, cuando se habla de defender lo avanzado con La Punilla la clase política local es la primera llamada a encauzar ese proceso y dar el ejemplo con “una sola voz”. Este embalse es muy importante para el desarrollo de toda la zona norte de la región como para dejarse llevar por la tentación de la pelea chica, propia de los ciclo políticos- electorales y la alternancia en el Gobierno que hemos tenido los últimos 15 años.
