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La desigualdad en Chile no solo se manifiesta en las brechas de ingresos de las familias, sino que también a través del acceso a bienes y servicios, donde además del poder adquisitivo, inciden otros factores, como la ruralidad.
En la Región de Ñuble, donde el 31% de su población vive en zonas rurales, este tema es fundamental, porque se traduce en problemas de conectividad, transporte y de acceso a servicios básicos, como agua potable, electricidad, internet, salud y educación, entre otros.
Un símbolo de esta brecha lo representa el alto porcentaje de rutas sin pavimentar, que bordea el 80%, lo que dificulta el transporte de personas y carga, favoreciendo el aislamiento de las comunidades rurales, con negativas consecuencias en la calidad de vida de sus habitantes.
Esto también aplica para otras actividades económicas, como el turismo, considerado uno de los ejes de desarrollo económico de la nueva región.
De igual forma, las limitaciones de acceso a agua potable y a servicios sanitarios representan un obstáculo insuperable si se pretende entrar al negocio de la elaboración de alimentos o al turismo, lo que acrecienta aún más las desigualdades entre los habitantes de zonas rurales versus urbanas, lo que resulta paradójico si se considera que los mayores atractivos turísticos y el grueso de la producción agropecuaria se concentra precisamente en las zonas rurales.
Esta desigualdad ha perpetuado las tradiciones en los campos de Ñuble, pero también la pobreza y el aislamiento, lo que ha tenido como principales consecuencias la progresiva migración de sus habitantes hacia las ciudades -con lo que las comunidades rurales además de despoblarse, se están envejeciendo-, y la reducción de las hectáreas de cultivos agrícolas, muchas de ellas hoy convertidas en plantaciones forestales.
Las familias campesinas ven emigrar a sus hijos jóvenes hacia las ciudades en busca de trabajo, cuando no son empleados por las empresas grandes para desempeñar labores temporales.
En este proceso, la responsabilidad del Estado ha sido clave, por ejemplo, subsidiando las plantaciones forestales por cuatro décadas, sin haber diseñado un plan de fomento rural que permitiera contrarrestar el impacto en la agricultura de la expansión forestal.Esto no es un misterio.
Por décadas los agricultores, grandes, medianos y chicos, han clamado a los distintos gobiernos por una política agrícola integral, que no solo considere subsidios al riego o los recursos del Indap que en su mayoría solo permiten extender la agonía de este sector.Pero a diferencia de lo que ha ocurrido en otras regiones agrícolas, en Ñuble todavía hay una forma de vida campesina, una agricultura familiar que se niega a morir y que se revela en una alta atomización de la propiedad; en Ñuble todavía existe la oportunidad de rescatar la cultura rural que en otras latitudes ya se extinguió.
Las autoridades -actuales y futuras- tienen el deber de avanzar en planes de mejoramiento de la calidad de vida rural, no solo focalizando sus esfuerzos en las poblaciones urbanas, donde existe mayor concentración de habitantes, y por tanto, de votantes.Nuestra nueva condición de región conlleva un desafío emblemático, que es orientar buena parte de los recursos y la atención hacia las necesidades del mundo rural, que por años han sido postergadas debido, en gran medida, al centralismo que ejerce Chillán.
