La administración de justicia en la Región no estará completa si la demanda por la construcción de una nueva cárcel no es abordada con la urgencia y seriedad que amerita. Claramente, ningún gobierno en los últimos veinte años lo ha hecho, ni siquiera después del terremoto de 2010 y la masiva fuga que terminó con dos reos muertos y un incendio que destruyó cuatro viviendas aledañas.
El actual recinto penitenciario muestra sus instalaciones deterioradas y superadas en su capacidad, con deficiencias estructurales que impiden el desarrollo de programas de educación y formación laboral para una posterior rehabilitación; pero a pesar de haber consenso a nivel local sobre la necesidad de sacar la cárcel del centro de la ciudad, esas voces no han logrado convencer al nivel central.
Los funcionarios vienen advirtiendo sobre el hacinamiento hace varios años. Precisamente, esta semana, los dirigentes locales de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios sostuvieron una reunión con el gobernador regional, Óscar Crisóstomo, quien ha lanzado una ofensiva para posicionar esta demanda como prioritaria ante el nivel central.
Y si bien desde 2006 se proyectaba una nueva cárcel para la ciudad, los anuncios no fueron más que eso. Desde 2010 en adelante, las autoridades de Justicia se comprometieron a abordar esta demanda, pero las gestiones nunca fueron las suficientes para resolver uno de los principales escollos: la ubicación. Los distintos gobiernos evaluaron terrenos en varias comunas, y cuando se filtraba alguna de las opciones, las comunidades vecinas se organizaban para torpedear el proceso.
Por otro lado, no es un secreto que el escenario fiscal para el próximo gobierno será uno de los más estrechos de los últimos treinta años, por lo que será difícil que exista voluntad para priorizar un proyecto como éste, teniendo a la vista sus complejidades.
Sin embargo, ese desalentador panorama podría cambiar. Este miércoles, en Chillán, el gobernador Crisóstomo le planteó directamente al presidente, Gabriel Boric, la necesidad de una decisión política sobre el tema. Argumentó que existe un espacio en un predio del Ejército, en Quilmo, Chillán Viejo, que reúne las condiciones para albergar un nuevo penal, propuesta que es resistida en la institución castrense, lo que hace más compleja una definición política en el corto plazo. Pero, con su emplazamiento al Presidente, la autoridad regional logró instalar la discusión entre las carteras involucradas.
Y si bien sería ingenuo pensar que se presentará un proyecto concreto en la actual administración, en un escenario optimista sí se podría esperar que el gobierno tome una decisión definitiva sobre la ubicación de la futura cárcel e inicie las acciones para el efectivo traspaso de la propiedad. De esta forma, uno de los principales obstáculos para la materialización de este anhelo quedaría despejado para el futuro gobierno.
Para la Región de Ñuble y para Chillán es fundamental contar con una cárcel moderna y accesible, por el beneficio que representa sacar el actual recinto del centro de la ciudad y brindar a los reos y a los funcionarios un espacio adecuado, que permita implementar políticas efectivas de reinserción.
