Un par de metros más para la cocina, un nuevo dormitorio, una bodega o simplemente una pequeña terraza. Todas esas obras que día a día se realizan en la ciudad, en su mayoría no están regularizadas y tal omisión reviste más problemas de los que la mayoría imagina.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]Este problema, lejos de focalizarse de manera especial en Chillán, es un fenómeno que se evidencia en todo el país, razón por la que el pasado 4 de febrero se publicó en el Diario Oficial una modificación a la Ley 21.415 del Ministerio de Obras y Urbanismo que amplía por un año más el plazo para que las personas puedan iniciar sus trámites de regularización.
Sin embargo, para las autoridades ha sido todo un desafío encontrar un discurso convincente para motivar a los millones de ciudadanos que han hecho desde pequeñas modificaciones en sus casas o locales comerciales, hasta segundos pisos completos a que normalicen esta situación, no sólo para evitar multas, sino para prevenir líos judiciales con vecinos, accidentes y que, en definitiva, se esté dañando la calidad de vida del entorno del barrio, como suelen denunciar muchos de los vecinos que “padecen” de la creatividad de alguna improvisación constructiva.
El principal escollo es que, en el fondo, lo que se espera es que las personas realicen un trámite municipal, lo que implica tiempo, y más repelente aún, dinero.
Para constructora civil y gestora inmobiliaria, Catherine Menadier, uno de los problemas más sensibles radica en que “la gente está realizando construcciones muy mal hechas, y está haciendo lo que quiere sin atender que existen normativas, leyes de urbanismo y hasta un plan regulador que no nos deja hacer lo que queramos”.
Como consecuencia de esto, “se van a encontrar con muchos problemas a futuro, por ejemplo, si se quiere vender esa propiedad, para que el banco le de un crédito a un comprador, primero envía a un tasador y si éste comprueba que hay irregularidades, el banco rechaza el crédito, entonces lo que se tiene es una casa que no se puede vender”.
En opinión del arquitecto Claudio Martínez, con dilatada trayectoria además, en el servicio público, “acá estamos ante un problema tanto de idiosincrasia como del sistema. No tiene ninguna lógica, por ejemplo, que por hacer una pequeña modificación interna, o una ampliación de proporciones, la tramitación y la mayoría de los costos asociados sea prácticamente la misma, en especial, cuando la enorme mayoría de estas ampliaciones de las que estamos hablando son más visibles en sectores donde viven personas de menores recursos”.
Por tal razón, y aunque es casi imposible de contabilizar, “la enorme mayoría, y estamos hablando de un porcentaje muy elevado, no se encuentra regularizado, ni en Chillán ni en ninguna otra ciudad de Chile”.
Multas y beneficios
Hay más problemas. Uno muy común es el que se tienda primero a hacer la ampliación y luego a regularizar.
Catherine Menadier explica que el paso a paso ideal es “primero pedir el permiso para realizar una obra menor, lo que implica contratar a un arquitecto, tener una carpeta con los planos y todos los antecedentes. Ahí recién, cuando se aprueba la carpeta, puedo empezar a construir”.
Este trámite, de no mediar complicaciones no contempladas, debería tomar cerca de un mes y medio, sin contar lo que se demore la obra propiamente tal.
Sin embargo, quien cuenta con esta carpeta al momento de realizar sus ampliaciones, también accede a los beneficios que establece la ley.
“Los permisos se consiguen más rápido, el pago por los derechos son muchos más bajos, y todas las exigencias técnicas de la ley, se minimizan, entonces si se saca el permiso y se ingresa la carpeta municipal te encontrarás con que habrá menos exigencia y se pagará mucho menos por regularizar algo que ya está construido”, concluyó la profesional.
En cuanto a las multas, estas pueden ir desde el 0,5 al 20% del costo de la obra; si se está en proceso de construcción, se puede ordenar la paralización de la faena, e incluso enfrentar una orden de demolición.
De todas formas, el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, recibió con optimismo esta ampliación y llamó a los chillanejos a hacer los trámites necesarios.
“La renovación de la vigencia de la ley del mono es una muy buena noticia para toda nuestra comunidad. Tener las viviendas y negocios regularizados, no sólo nos permite estar actuando dentro de la ley, sino que además abre oportunidades para poder optar a subsidios y beneficios, y también para aumentar su valor ya que una propiedad regularizada tiene una tasación mayor a una propiedad sin regularizar”, comentó el jefe comunal.
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