Señor Director:
Hace algunas semanas tuve la oportunidad de visitar Ecuador en el marco del proyecto “Transect of the Americas”, donde
estudiamos las cuencas de montaña, su producción de agua y las comunidades que dependen de ellas. Un aspecto que me
interesó fue conocer la experiencia ecuatoriana sobre la implementación de la constitución de 2008, que muchas personas en
Chile consideran un ejemplo del constitucionalismo latinoamericano, donde se consagran los derechos al buen vivir y los de la naturaleza; además, garantiza la seguridad alimentaria y la provisión de agua potable y saneamiento básico.
Tuve la oportunidad de visitar dos bocatomas de canales, una en Cuenca (a 2.600 metros de altura) y otra en Machala, en la
costa. Cuando comencé a preguntar a mis colegas (ingenieros y académicos que trabajan en recursos hídricos), noté frustración en ellos, pues no existe ningún control sobre la distribución y asignación en los canales de riego o en el agua que sigue por los ríos; manifestándome que hay robos de agua y una falta total de administración del recurso. Lo que vi fue frustración, pues llevan 14 años con una constitución, que muchos elogian, pero que no han podido bajar a la aplicación práctica. En el caso del manejo del agua, que es mi especialidad, pude ver que existe debilidad en la gestión del agua en los canales de riego.
En el marco de la discusión actual que existe en Chile, mi viaje reforzó mi preocupación sobre la forma como se deberán
bajar las leyes en el caso de la aprobación del proyecto de nueva constitución, en que será fundamental mantener y proteger
instituciones centenarias que han hecho muy bien su trabajo, como son las organizaciones de usuarios de agua, que administran en forma seria y responsable miles de kilómetros de canales en nuestro país.
Dr. José Luis Arumí Ribera / Académico Departamento de Recursos Hídricos, Facultad de Ingeniería Agrícola, Universidad de Concepción
