“La imagen del funcionario público se ha visto tristemente dañada por un grupo reducido de personas”

A menos de una semana para las nuevas elecciones de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) Ñuble, María Elena Hellman, actual presidenta de la colectividad, anunció que no se postuló y que dejará de liderar el sindicato regional.

Una decisión que fue tomada hace varios meses, dejando atrás una vasta experiencia en distintos cargos sindicales.

A pocos días de su salida, el caso de las licencias médicas estalló en todo Chile y también en Ñuble, por lo que en esta entrevista se refiere a la postura de la ANEF y cómo están llevando el caso, el cual afectó a un número muy pequeño de funcionarios pertenecientes a la agrupación.

Hellman asegura que rechazan tajantemente el uso fraudulento de licencias médicas y que es un hecho gravísimo, que sin duda perjudica la imagen general del funcionario público.

“La gran mayoría cumple con su labor que le corresponde”, indica la presidenta, añadiendo que existe una preocupación permanente para seguir capacitando a los funcionarios respecto a las distintas normas que rigen la profesión.

Quedan pocos días para que deje la presidencia de la ANEF Ñuble ¿Cómo calificaría su periodo al mando de la colectividad?

Llevo más de 17 años en distintos cargos sindicales, tanto en mi lugar de trabajo como en la ANEF, a nivel provincial, regional y nacional. Ya se cumplió un ciclo. Creo que toda persona debe saber cuándo es momento de soltar, entre comillas, el poder o los cargos.

Hay que preparar a otras personas, dar espacio al recambio. Como en todo en la vida, uno puede comenzar muy bien, pero en algún momento empieza a declinar. Es parte de la naturaleza humana y del ciclo natural de las cosas. No se puede eternizar en un cargo, por mucho que la gente te diga que sigas o que todo está bien.

Uno tiene que saber reconocer cuándo es momento de dar un paso al lado. Y en mi caso, ya tengo claro en qué me quiero enfocar además de mi trabajo, y a eso me voy a dedicar. Espero que me vaya bien en esa otra área que quiero desarrollar.

¿Cuál es la postura de la ANEF Ñuble respecto a los casos detectados en la región?

Lo primero es que cualquier funcionario público con verdadera vocación y compromiso con la función pública va a repudiar estos hechos.

No hay ninguna justificación para quienes abusan o hacen mal uso de un derecho como las licencias médicas, que fueron una conquista histórica y sindical en su momento.

Hoy, lamentablemente, algunos las usan como si fueran un beneficio para cosas que no corresponden, y eso lo rechazamos tajantemente, tanto desde la ANEF como desde la Mesa del Sector Público en general.

Hay que decir también que, si bien el hecho es grave, el porcentaje de funcionarios públicos involucrados en estas malas prácticas es mínimo. Se habla de 35 mil casos, pero estamos hablando de un universo de casi dos millones de trabajadores públicos.

Entonces, aunque no se puede relativizar la gravedad, es importante dejar claro que la gran mayoría cumple con su labor como corresponde.

Esto también evidencia un problema estructural, una crisis ética y moral que no solo se ve en el ámbito del trabajo público, sino también en los negocios y en otras esferas. Hay una actitud liviana frente a este tipo de situaciones, y parece que solo se actúa cuando ya es demasiado tarde.

Si hoy la Contraloría está fiscalizando el sector público, también sería necesario mirar lo que ocurre en el mundo privado, donde también hay irregularidades, así como en altos niveles del Estado. El análisis debe ser integral.

No se trata de excusar lo que ocurre en el sector público, pero tampoco se puede meter a todos en el mismo saco.

En esta región, por ejemplo, el jueves tuvimos un consejo regional extraordinario donde abordamos este tema, y sólo se conocieron dos o tres casos reportados a los respectivos servicios. Eso nos deja tranquilos, porque demuestra que en Ñuble estos hechos son prácticamente inexistentes.

Aquí, cada funcionario muchas veces cumple la labor de dos o tres personas, enfrentando condiciones precarias, falta de personal, y una infraestructura deficiente. Las autoridades también tienen responsabilidad, porque muchas veces son laxas frente a situaciones que deberían ser observadas y corregidas.

La fiscalización es escasa. Por ejemplo, en la Superintendencia de Seguridad Social, en Ñuble hay una sola funcionaria para toda la región. Es evidente que con esa dotación no se puede cubrir adecuadamente la tarea.

Además, el Colegio Médico también debe asumir su parte. Hay casos en los que hay médicos que actúan de forma indebida o con poca rigurosidad. Incluso, quienes actúan de buena fe, muchas veces no orientan correctamente a los pacientes sobre qué pueden o no hacer durante una licencia médica, especialmente cuando se trata de licencias psiquiátricas.

En esos casos, generalmente se indica reposo y movilidad libre, pero de ahí a usar esa condición para tomarse vacaciones con amigos, eso ya entra en el terreno del reproche ético.

¿Cómo se está apoyando a los funcionarios que cumplen correctamente con sus deberes y se ven afectados por el desprestigio generalizado?

El sindicalismo siempre ha tenido el rol de reforzar en las bases tanto los derechos como los deberes de los trabajadores. Siempre hemos capacitado a nuestros asociados y asociadas, o al menos lo hemos intentado, en temas relacionados con sus obligaciones y derechos, recalcando especialmente los deberes.

Para nosotros, faltar a un deber es una falta grave, con consecuencias administrativas, civiles e incluso penales. No es un tema menor. Un funcionario que comete errores, ya sean técnicos o relacionados con la probidad, arriesga su cargo y mancha su hoja de vida.

Por eso existe una preocupación permanente, y ahora vamos a reforzar aún más la capacitación en las bases. Hay un problema estructural: en muchos servicios no se realiza una correcta inducción a los nuevos funcionarios, y los antiguos no reciben actualizaciones periódicas sobre normas que se modifican o que tienden a olvidarse.

Desde el ámbito sindical, debemos estar atentos a mantener vigente esa capacitación, aunque también es deber de los propios servicios públicos instruir adecuadamente a cada persona que ingresa.

Además, hemos sido claros en señalar que no vamos a respaldar situaciones donde esté comprobado el mal uso de licencias médicas o faltas a la probidad. Es responsabilidad de cada servicio iniciar los procedimientos correspondientes, con el debido proceso.

Por nuestra parte, como organización sindical, vamos a capacitar, reforzar y prevenir para que estas situaciones no se repitan.

Y si una persona involucrada en estos hechos resulta ser parte de nuestro gremio, y los hechos están comprobados, no vamos a intervenir para defender lo indefendible. No podemos dar señales erradas, ni a la ciudadanía ni a nuestros propios funcionarios, sobre lo que es correcto y lo que no.

¿Cree que este escándalo afectó la percepción pública sobre los funcionarios y el servicio público en general?

Por supuesto. Nosotros hemos sido constantemente observados por la Contraloría y no solo ahora, sino desde hace bastante tiempo.

Además, sistemáticamente, distintos gobiernos han reaccionado con fuerza ante cualquier falla o descubrimiento, por mínimo que sea. Se instala un juicio inmediato. Y claro, si nos ponemos a comparar errores o irregularidades, podríamos hablar de metidas de pata o metidas de mano, aunque hacer esa comparación no es lo más adecuado. Sin embargo, como gremio, frente a estas situaciones, tenemos que decir algo.

La imagen del funcionario público se ha visto tristemente dañada por un grupo reducido de personas. Y digo “grupo reducido” porque no se puede juzgar a los 35 mil casos mencionados por Contraloría como si todos fueran culpables.

Puede haber situaciones que tengan justificación real y concreta. Yo soy abogada de profesión, y para mí, el derecho a defensa y al debido proceso es esencial en una sociedad. Por eso, creo que hay que actuar paso a paso, hacer lo que corresponde y tomar medidas que impidan que esto se repita.

Lo más importante ahora es fortalecer los mecanismos de fiscalización, revisar y actualizar las normas necesarias, y dar más herramientas a los servicios fiscalizadores.

No se trata de hacer sumarios a quienes fiscalizan, sino de potenciarlos. Porque incluso se ha planteado la posibilidad de perseguir administrativamente a funcionarios de la Suseso o la Compin. Y la verdad es que en la Compin de Ñuble apenas había dos funcionarios titulares.

Hay que poner las piezas en su lugar. En Chile es habitual rasgar vestiduras cuando ocurre algo: todos hablan, condenan públicamente, y luego todo sigue igual. Lo que se necesita es racionalidad, analizar los resultados de las investigaciones y actuar con seriedad.

La Contraloría entregó este informe, pero hace dos meses ya se había instalado una mesa de trabajo sobre ausentismo, a raíz de otros estudios del gobierno sobre licencias médicas y ausencias en el sector público. En esa mesa, donde participa la ANEF junto a otros gremios del sector público, se estaba avanzando bien.

Sin embargo, de pronto aparece este informe, sin ningún aviso previo ni coordinación. El gobierno no comunica y no se construye una respuesta conjunta con los gremios.

Desde mi perspectiva, eso es criticable. Y también abre la puerta a pensar que, quizás, existe una intención de fondo, una política que busca instalar en la opinión pública la idea del funcionario público como enemigo de la ciudadanía: como alguien flojo, que no cumple, que abusa del sistema.

Pero no es así. Al menos en Ñuble, el 90% de los funcionarios, y puede que me quede corta, se sacrifica todos los días por cumplir con su labor. Y muchas veces lo hacen en condiciones muy difíciles, provocadas precisamente por la falta de apoyo de las propias autoridades.

¿Cree que efectivamente existe una presión por parte de las entidades para que los funcionarios renuncien por el mal uso de estas licencias?

No puedo especular al respecto, no tengo base para hacerlo y tampoco corresponde. Como mencioné antes, es la autoridad quien debe iniciar los procedimientos, avanzar con rapidez y, una vez determinados los hechos de forma fehaciente, si se comprueba una falta a la probidad, debe aplicarse la sanción correspondiente, incluida la destitución si no hay otra alternativa.

Que algunas personas hayan renunciado, eso queda al criterio de cada una. Desconozco si lo hicieron por decisión propia o bajo algún tipo de presión. Pero si sabían que cometieron un abuso grave, me parece bien que hayan dado un paso al costado.

Para quienes hoy reconocen que lo que hicieron fue un error, habrá que revisar los antecedentes. Según la gravedad de los hechos, se aplicarán las sanciones proporcionales.

En algunos casos podrán existir circunstancias atenuantes, y en otros, no. Estoy hablando en términos generales de lo que ocurre dentro de un procedimiento disciplinario.

Espero que quienes conscientemente abusaron del sistema se retiren del servicio público. Porque en esos casos no hay vocación de servicio o existe un problema más profundo. Y si consideran que actuaron sin mala intención o sin conocimiento, igual tendrán que asumir las consecuencias que correspondan según el reglamento.