Chile tiene prácticamente garantizadas las más de 30 millones de dosis de vacunas que serán aplicadas a los diferentes grupos de población, según nivel de riesgo, durante todo 2021. A fines de año, se estima que debería estar inoculada a lo menos al 80% de la población, habiendo alcanzado así la inmunidad de rebaño.
Así lo informado el Gobierno, al cual hay que reconocerle que ha dado pasos seguros en términos de negociación y financiamiento de las vacunas.
Pero tan importante como la compra es su distribución y aplicación, lo que debe fundamentarse en la mejor información disponible, con discusiones participativas en los ámbitos técnicos y académicos, y en un marco de transparencia absoluto.
Lo que se ha visto, sin embargo, es lo opuesto. Una estricta reserva desde el Ministerio de Salud, bajo argumentos respetables, pero tan discutibles como aquellos que los contradicen, lo que más allá de especulaciones políticas da cuenta de la complejidad del debate sobre cómo distribuir la cura a este virus que ha puesto al mundo de rodillas. ¿Por quiénes se debe comenzar? ¿Sobre qué principios habría que decidir a quién salvar primero? ¿Por razones humanitarias, pragmáticas, económicas, de equidad?
Oficialmente, en enero Chile ha comenzado la fila de la vacunación. El primer turno ya está definido. Es de las trabajadoras y trabajadores de la salud y luego –durante todo el primer trimestre de 2021- vendrá el resto de las personas que también están desplegadas en el combate contra la pandemia del coronavirus, los que sufren enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y cáncer y a los adultos mayores, sobre todo quienes habitan en asilos y casas de retiro, donde los índices de mortalidad han sido muy pronunciados.
El confinamiento colectivo propicia contagios, y en este mismo sentido se podría construir un argumento para abogar por la vacunación temprana en las prisiones. También debería protegerse a quienes trabajan para proveernos de alimentos.
Por otro lado, también se podría sugerir que la inmunización se haga siguiendo criterios prácticos y se empiece por vacunar a los jóvenes. En términos generales, son los que menos han tolerado el aislamiento, ni respetado el confinamiento. Un gran porcentaje no usa las mascarillas ni guardan distancias y por ello son más susceptibles al contagio y a la propagación del virus, poniendo en riesgo al resto de la población.
Otro criterio que ha irrumpido en el debate es el de quienes proponen que más que enfocarnos en individuos particulares les demos prioridad a las comunidades donde el virus se ha desatado con mayor fuerza.
La mayoría de los expertos en salud pública coinciden en que la pobreza, la discriminación y las desventajas sociales han provocado tasas desproporcionadas de infección, hospitalización y muerte en las comunidades más vulnerables. Entonces, por un principio de equidad, a esas comunidades se les debería asignar prioridad para obtener el remedio.
Como puede verse, argumentos para tomar decisiones en una u otra dirección sobran y no hacen más que revelarnos la complejidad del manejo de esta etapa de la crisis sanitaria en Chile. La evaluación del primer año de la pandemia dará para folios de reconocimientos y acusaciones, pues ha habido errores como también aciertos. Con la gestión de la vacuna, en cambio, no puede haber espacio para vacilaciones.
