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Fue el magistrado Daniel Urrutia, hoy protagonista de la polémica por aceptar videollamados para reos de alta peligrosidad, quien en noviembre pasado, le advirtió a los abogados defensores en el Caso Led, que al que renunciara a la causa, sería sancionado.
La razón, radica en que si se considera que sólo la acusación fiscal constituye un documento de 521 páginas (el que debe ser leído de manera íntegra en la apertura del próximo juicio oral), se prevé que las jornadas de audiencias podría extenderse por al menos cuatro meses, lo que traducido en remuneraciones, viajes y hotelería, para muchos de los abogados y clientes, asoma económicamente complejo de abordar.
Es por esa razón que, al menos, uno de los acusados por este caso emblemático de delitos de corrupción, en el marco de licitaciones irregulares en diversas municipalidades (por parte de la empresa de instalación de luminarias led, Itelecom) optó por quitarle el patrocinio poder a su abogado particular, y dejar el resto del proceso en manos de un abogado de la Defensoría Penal Pública de Santiago.
Se trata del exconcejal de Chillán, Víctor Sepúlveda, quien hasta fines de 2023 era representado por abogado local, Guillermo Valdés.
“Se optó por esa solución, ya que si yo renunciaba, arriesgaba ser sancionado”, explicó el jurista, quien añadió que “se estaba repitiendo mucho esa situación del abandono de la causa de algunos colegas, por lo que al asumir uno nuevo se debía otorgar más plazo de investigación, para que estudiaran la causa”.
Valdés, al igual que Giovanni Gotelli (defensor del exasesor jurídico, Marcelo Campos) y Juan Carlos Manríquez (defensor del exadministrador municipal, Ricardo Vallejos), se estaban preparando para la realización de la preparación de juicio oral, a realizarse el próximo 17 de abril en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, por lo que estaban pendientes de lo que podría acontecer en los juicios abreviados (que implican el reconocimiento de los delitos por parte de los acusados) ofrecidos por la Fiscalía a tres concejales imputados, en la arista iquiqueña de esta causa.
Y los resultados se dieron a conocer la semana pasada, con la sentencia de 3 años y un día de presidio en contra de los ediles Mitchel Cartes y Arsenio Lozano (por fraude al fisco), y otra de 718 días, por el delito de cohecho, en contra del exseremi Johan Vieira. Todas ellas más condenas accesorias como la inhabilidad para ejercer cargos públicos por diez años y multas que van desde las 5 a las 15 UTM. Lo anterior, de todas maneras, significan que podrán cumplir la pena en libertad.
Ninguno iría a juicio abreviado
Pese a lo anterior, en lo que respecta a Campos, Sepúlveda y Vallejos, ninguno iría a juicio abreviado.
Mientras que la Fiscalía, inicialmente, le ofreció esta salida, con una pena a discutir en el tribunal de 5 años y un día de cárcel, posteriormente, la parte persecutora se desistió, y le bajó la oferta a Campos, quien fue detenido con un maletín con $36 millones por concepto de sobornos, entregado por el dueño de la empresa Itelecom, Marcelo Lefort.
“Y luego, la fiscal regional Nayalet Mansilla, me dijo personalmente que tampoco había oferta de abreviado para mi cliente”, comentó el abogado Guillermo Valdés.
La Fiscalía dice contar con evidencia indiciaria de que Sepúlveda también recibió un maletín con dinero en su departamento en Chillán, por parte de dos asistentes de Marcelo Lefort.
Por otro lado, “lo último que conversé con Sepúlveda, que fue hace unos dos días, me dijo que él no estaba dispuesto a asumir ninguna responsabilidad en los hechos para bajar condenas, así que de todas formas no habría aceptado el abreviado, prefiriendo buscar la absolución en un juicio oral”, añadió el jurista.
Mientras que Giovanni Gotelli, quien sigue siendo el defensor de Marcelo Campos comentó a nuestro medio que, “aún hay tiempo para explorar la salida de un juicio abreviado”.
Finalmente, desde Santiago, el defensor Juan Carlos Manríquez, dijo que, tras estudiar la oferta de la Fiscalía, en diciembre del año pasado, junto a su representado, Ricardo Vallejos, habrían decidido no aceptar el juicio abreviado y probar su inocencia en el juicio oral, cuya fecha se definirá en abril.
