El coronavirus no solo ha generado escenarios adversos a nivel sanitario, económico y social, sino también a nivel político.
Ejemplo de esto es que el histórico acuerdo transversal logrado el pasado 15 de noviembre, en el marco del estallido social, el cual permitió iniciar un proceso constituyente después de casi treinta años de instaurada la Constitución de 1980; parece diluirse día a día en medio de la pandemia, situación que ha servido de excusa para aquellos que nunca estuvieron de acuerdo con el plebiscito, y para poner en suspenso -o sepultar definitivamente- el principal logro de la ciudadanía movilizada.
A nivel académico, quien ha seguido de cerca este proceso ha sido Alfonso Henríquez Ramírez, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la U. de Concepción y Doctor en Derecho de la U. de Chile.
Junto con otros académicos de la UdeC, organizó cabildos y foros para abordar el tema constituyente, y aportó con historia y conocimientos al debate en torno al tema.
“La idea era entregar una información básica acerca de la institucionalidad vigente y proporcionar ciertas herramientas básicas acerca del derecho a la educación y el derecho a la salud, su marco regulatorio en la Constitución, y algunos temas relacionados al derecho comparado, y aspectos que se podrían mejorar en una eventual Carta Fundamental”, sostuvo en aquel entonces Alfonso Henríquez, cuando todavía el Covid-19 ni siquiera asomaba en Chile.
– ¿Cree que la pandemia ha invisibilizado las demandas que desembocaron en el proceso constituyente? O por el contrario, ¿El Covid-19 ha develado las falencias de nuestro sistema actual, y la necesidad de contar con una nueva carta magna?
– Esta crisis debería generar un amplio consenso acerca de la conveniencia y urgencia de profundizar en el desarrollo del proceso constituyente. La creación de instituciones que pongan el foco en la distribución de la riqueza, la reducción de las desigualdades, la desconcentración del capital, o la creación de servicios sociales construidos sobre principios verdaderamente igualitarios, resultarán claves para fortalecer la economía y garantizar la paz social.
– ¿Cómo interpreta las declaraciones de personeros de gobierno, del oficialismo, e incluso, de la oposición, que ponen en duda la realización del plebiscito en octubre? Independiente que deban evaluarse las condiciones sanitarias, ¿Instalar ese tema con tanta anticipación “crea” un escenario hostil en torno al tema?
– El proceso constituyente busca poner en cuestión la forma cómo se ha distribuido el poder político y económico. Sin embargo, para algunos sectores, el plebiscito es percibido como una amenaza, antes que como una instancia de deliberación democrática. Se trata de un error, puesto que quienes razonan así, no caen en cuenta que este proceso es la gran oportunidad que tenemos para reconstituir nuestro tejido social y político.
– ¿Cómo se puede proyectar un proceso de propaganda política de cara al plebiscito (campaña que debiera comenzar a fines de julio), teniendo en cuenta el actual escenario sanitario y los factores socioeconómicos derivados de éste?
– Dada su importancia, el proceso constituyente debe contar con la participación de la mayoría de la ciudadanía. No obstante, en atención al contexto de crisis sanitaria en el cual nos encontramos, es difícil que ello ocurra, al menos, con la intensidad que se requiere para que este proceso sea realmente representativo. Por esta razón, es probable que los plazos para su realización deban someterse a una revisión.
Sistema presidencialista
– Analizando cómo han actuado las autoridades para contener la pandemia, y el patente centralismo en la toma de decisiones, ¿Cómo podría influir esta experiencia en las propuestas que se hagan para una nueva Constitución? ¿Debería potenciarse un Estado menos presidencialista?
– Existen proyectos de ley que se han entrampado en el Congreso, debido a la falta de patrocinio del Presidente, al involucrar materias que son de iniciativa exclusiva de éste. La deliberación política está determinada por el control que el ejecutivo lleva a cabo de la agenda legislativa, lo que explica que se terminen discutiendo los proyectos que envía el Presidente.
– Dada la experiencia vivida con el Covid-19 y su manejo en regiones, ¿Se hace imprescindible avanzar hacia la elección directa de los gobernadores regionales? Porque también ha habido atisbos de querer suspender dicha elección…
– En esta materia existe una obligación constitucional y legal que debe respetarse. Lo que sucede, es que existe una mezcla de cálculo político, al no contar en algunos casos con figuras competitivas para enfrentar este tipo de elecciones, y también, de resistencia del poder central, para ceder parte de sus atribuciones.
