Luego que el 14 de octubre pasado, el Juzgado de Garantía de San Carlos decidiera declararse incompetente para seguir conociendo la causa de cohecho, soborno y lavado de activos que involucran al llamado “caso Led”, todos los antecedentes judiciales de este proceso fueron derivados al Juzgado de Garantía de Chillán, tribunal que hoy por la mañana también se declaró incompetente.
De esta manera, quedará en manos de la Corte de Apelaciones decidir si será, definitivamente, el juzgado de Garantía de Chillán, San Carlos, o incluso el 8º Juzgado de Garantía de Providencia el que será la sede del “caso Led” en lo que resta del proceso, hasta antes de llegar a un juicio en un Tribunal Oral en lo Penal.
Principio de Ejecución
El que un juzgado se declare o no incompetente para arbitrar en una causa depende, entre otras razones, de lo que se conoce como principio de ejecución de un delito, es decir, se tiende a acoger causas relativas a hechos cometidos en la misma jurisdicción o comuna a la que pertenecen estos tribunales de primera instancia.
Y es precisamente este punto, uno de los tantos que han generado controversia entre los intervinientes del caso Led, donde se investiga presunta corrupción en el municipio de Chillán.
El Ministerio Público lo postulaba en San Carlos, juzgado en el que de hecho se formalizó al dueño de la empresa investigada en estos presuntos ilícitos de corrupción, Itelecom, Marcelo Lefort; y a los entonces funcionarios de la Municipalidad de Chillán, Ricardo Vallejos y Marcelo Campos (todos en prisión preventiva desde el pasado 9 de mayo).
La razón tendría base en que Itelecom habría tenido tratativas con un exfuncionario municipal de San Carlos para que pudiese ser el “enlace” con la empresa de manera que pudiera influir e intervenir a favor de ellos para quedarse con la licitación y ser la empresa mandatada para el recambio de luminaria pública por tecnología led.
Operación que, de hecho, nunca se materializó, por lo que desde un primer día de litigios, la defensa de los imputados solicitaron al Juzgado de Garantía sancarlino que se declarara incompetente.
“Así lo planteamos nosotros”, dice el abogado Giovanni Gotelli, representante legal de su colega e imputado Marcelo Campos, a quien se le imputan cargos de cohecho y se le atribuye el haber recibido un maletín con sobre $30 millones por parte de Lefort, en Santiago.
Gotelli añade que “se presume que hubo una serie de conversaciones entre ellos, la mayoría telefónicas, entonces, en caso de ser cierta la teoría de la Fiscalía, el delito de cohecho comienza cuando alguien ofrece; ofrece y entrega; cuando se recibe o cuando se pide. Por esta razón creemos que de existir un delito como el que describe la fiscalía, se cometió en Chillán, y no en San Carlos”.
Una tercera mirada la tiene la defensa de Marcelo Lefort.
Los abogados del santiaguino han solicitado en diversas oportunidades que la causa se tramite en lo sucesivo, en el 8vo Juzgado de Garantía de Providencia.
Como argumento, aluden, en primer orden, a que la empresa investigada siempre ha operado en Santiago. Por otra parte, el ya conocido incidente de la presunta entrega de un maletín con $37 millones a Marcelo Campos, de los que la PDI dice haber entregado fotografías y audios a la Fiscalía, fue un hecho que se habría cometido en Santiago y no en Chillán, ni menos en San Carlos.
Y otro hito que podría ser utilizado para fortalecer la propuesta de llevarse la causa a Santiago, es el que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, ya en 2018 hizo una denuncia a la Contraloría General por ciertas irregularidades observadas en su municipio durante el proceso de licitación para el recambio de luminarias led, la que estaba cerca de adjudicarse Itelecom.
¿No hay ventajas?
El abogado Juan Carlos Manríquez, representante del exadministrador municipal, Ricardo Vallejos, plantea que en teoría “no hay mayor ventaja para la defensa ni para la parte persecutora en que la causa continúe en un tribunal o en otro”.
El jurista estima que “si la Corte de Apelaciones de Chillán decide, como todo parece indicarlo, que la causa debe seguir en el domicilio jurisdiccional de Providencia, aquí lo que se está cautelando es sencillamente un orden procesal, el de llevar los actos a un tribunal competente, lo que es normal en procesos de complejidad, como lo es este caso”.
Como contraparte, el abogado querellante, Remberto Valdés, representante del Concejo Municipal de Chillán, plantea: “estamos totalmente tranquilos y lo seguiremos estando si la causa se sigue viendo en San Carlos, en Chillán o en Santiago, cualquier tribunal que sea designado no revista mayor ventaja ni desventaja, en términos procesales, para los propósitos finales, que es que se condene a los responsables del delito de fraude más grande y grosero que se haya registrado en el país, durante este siglo”.
Pese a lo postulado por ambos litigantes, sí es un hecho constatable que desde la primera audiencia relacionada al caso Led”, el pasado 9 de mayo de 2020, las defensas de Vallejos y Campos, inisistieron en sacar el caso de San Carlos y trasladarlo a Chillán. Por otra parte, la defensa de Lefort insistió con llevársela a Santiago.
Respecto a esta disputa jurisdiccional, el abogado Gotelli, quien abiertamente insiste en que la sede de arbitraje debiera ser Chillán, plantea que hay apreciaciones personales que cada abogado tiene respecto de un tribunal u otro.
“Es cierto que hay quienes dicen que ciertos tribunales son más duros que otros, o que son más garantistas que otros, y que hay tribunales donde se tiende a compartir más los planteamientos de las defensas y otros en los que a los fiscales les tiende a ir mejor. Ahora, eso ya es mero terreno especulativo, pero lo que sí es cierto, es que por lo poco que conocemos de la carpeta de investigación, la Fiscalía no tiene ninguna razón justificada para seguir con la causa en San Carlos.
Audiencia en noviembre
A principios de noviembre se agendó una audiencia para discutir competencia en el 8vo Juzgado de Garantía de Providencia, en Santiago, solicitada por la defensa de Marcelo Lefort.
La tramitación puede finalizar con una resolución en la que este tribunal acepte la competencia. De haber antagonismo con lo que resuelva la Corte de Apelaciones chillaneja, puede haber otras disputas.
En primer lugar, los abogados de Lefort deberían acudir a la Corte de Apelaciones de Santiago, esperando a que confirme lo resuelto por Garantía.
Si ambos tribunales de alzada, el de Chillán y el de Santiago, presentan resoluciones disímiles, será la Corte Suprema quien ponga el punto final.
Secreto hasta enero
Pese a que en la última audiencia realizada en San Carlos, la Fiscalía pidió otros 12 meses de extensión del plazo de secreto de la carpeta de investigación, la jueza Claudia Gómez, en esa oportunidad acogió la solicitud, solo de manera parcial, y la extendió por cuatro meses más.
“Si bien el legislador ha establecido que el plazo legal no puede superar los dos años, en definitiva es el juez de Garantía quien va regulando esta facultad del Ministerio Público en cuanto a ir limitando los plazos de investigación”, explicó la magistrado.
Pese a que el monto de lo licitado en Chillán era superior a los $3.960 millones, se estima que el Ministerio Público investiga defraudaciones por sobre los $47 mil millones a nivel nacional.
Hay 16 imputados en prisión preventiva, entre funcionarios municipales de Chillán, Iquique y el empresario Marcelo Lefort.
