El expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) fue procesado este jueves por la Justicia bajo el cargo de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, en el marco de una causa que investiga supuestos actos de corrupción vinculados a la contratación de seguros durante su gobierno.
El fallo, dictado por el juez federal Sebastián Casanello, sostiene que Fernández firmó en 2021 un decreto que obligaba a las entidades públicas a contratar pólizas exclusivamente con la empresa Nación Seguros, lo que habría favorecido de forma irregular al bróker Héctor Martínez Sosa, esposo de María Cantero, quien se desempeñaba como secretaria privada del entonces presidente.
Según la investigación, Martínez Sosa habría obtenido importantes beneficios económicos como intermediario de los contratos, aprovechando su cercanía con el entorno presidencial. En paralelo, Cantero también fue procesada por el mismo delito que el exmandatario, además de “incumplimiento de los deberes de funcionaria pública”.
El juez además dispuso un embargo por 14.634 millones de pesos argentinos (equivalentes a unos 11,6 millones de dólares) contra Alberto Fernández, y avanzó en el procesamiento de otras 33 personas, entre ellas el exjefe de Nación Seguros, Alberto Pagliano, a quien se le imputan los delitos de “administración fraudulenta agravada” y “negociaciones incompatibles”.
El delito por el que fue procesado el exmandatario contempla penas que van de uno a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La causa ahora podría avanzar hacia una etapa de juicio oral, en caso de que se ratifiquen los procesamientos y la fiscalía formalice la acusación.
A Fernández lo habían imputado en febrero de 2024 por el fiscal federal Ramiro González, a raíz de una denuncia penal de la abogada Silvina Martínez, que lo acusó de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
La denuncia pidió que se investigaran las presuntas irregularidades en torno al decreto 831, firmado por Fernández en diciembre de 2021, por el que ordenó que todos los organismos públicos debían contratar los seguros en Nación Seguros, del estatal Banco Nación, en los que se habrían beneficiado amigos del exmandatario como intermediarios cobrando millonarias comisiones.
